Brasil y los tres meses de Temer

El pasado viernes, Michel Temer cumplió tres meses como presidente interino del país más poblado y económicamente más poderoso de América Latina. A lo largo de cada minuto y de cada hora de esos noventa días, se portó como si desde el primer instante supiese con plena certeza que el interinato se transformaría, como seguramente ocurrirá, en un mandato efectivo que terminará el 31 de diciembre de 2018. Actuó con prepotencia imperial, imponiendo una política de tierra arrasada que tuvo un solo precedente en los últimos 50 años: la impuesta después del golpe militar de 1964, que inauguró la dictadura que sofocó al país durante 21 largos años.

El balance de esos tres meses no es exactamente favorable al interino. Su popularidad sigue bajísima (14% de aprobación, en la media de los resultados de los sondeos más recientes), pese al respaldo unánime de los grandes conglomerados de comunicación. Ni siquiera las organizaciones Globo (diarios, radios, revistas y la mayoría aplastante de la audiencia de televisión) ha sido capaz de convencer a los brasileños de que el interino instalado en el sillón presidencial, gracias a un golpe institucional que se consumará formalmente a fines de este mes, es la maravilla de las maravillas. La economía sigue produciendo resultados alarmantes, el mercado laboral encoge cada día el tan anunciado y esperado respaldo concreto del empresariado, y del mercado financiero sigue anunciado y esperado. De concreto, nada.

Por si fuera poco, se reforzaron claramente, pese a los intentos de una justicia viciada y viciosa, las acusaciones contra no solo prácticamente todo su círculo más cercano, sino también contra el mismo Temer. Casos antiguos, tratados por la prensa con beneplácito, vuelven a la superficie con fuerza, gracias a las delaciones de los grandes empresarios detenidos por orden del juez de primera instancia Sergio Moro.

Por más que Moro siga en su paranoica obsesión contra el expresidente Lula da Silva —mucho más que juzgar lo que hace es condenar de antemano— quedó claro que la operación Lava Jato, inicialmente dedicada a investigar el esquema de corrupción instalado en la estatal Petrobras, podrá escapar de su control y destrozar casi todo el sistema político brasileño. Las últimas y sonorísimas revelaciones, tratadas con mano floja por la prensa cómplice del golpe institucional (invariablemente durísima frente a cualquier susurro contra Lula y el PT), indican lo sabido, pero jamás dicho de manera tan clara: Temer pidió contribuciones ilegales de por lo menos 3 millones de dólares. Y su grosero y torpe ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, de 10 millones de dólares.

De los 81 senadores que juzgarán a la presidente apartada, Dilma Rousseff, 35 responden juicios o son investigados por corrupción. Que el jefe de gabinete Eliseu Padilha sea conocido por Eliseu Pandilla aclara su muy justificada fama. Su ministro de Salud, el ingeniero Ricardo Barros, sigue luciendo una extraordinaria capacidad de decir idioteces.

Después de anunciar, hace pocos días, que consultaría a líderes religiosos (en especial los vinculados a sectas electrónicas evangélicas que disputan entre sí cuál es la más estúpidamente retrógrada) para ‘revaluar’ la muy retrasada ley del aborto, y justificar así su intención de recortar drásticamente el servicio público de salud, aseguró que los hombres recurren menos a los hospitales públicos porque trabajan más que las mujeres.