Bicentenario: la vida entre la Tragedia y la incertidumbre

El hundimiento del piso se evidencia, cerca del parque infantil.

Victor Hugo Chambi Ocaña
Llega la época de lluvias y con ello se incrementan los problemas para las familias de la Urbanización Bicentenario, construida en Bajo San Isidro, para las víctimas del deslizamiento de 2009. Los departamentos construidos con materiales deficientes se suman a la incertidumbre por el derecho propietario, ya que aún no les entregan sus documentos de propiedad.

“Es una penuria porque la Alcaldía construyó el condominio con plata del Gobierno y en terrenos ajenos; es una pésima edificación, está llena de goteras en los últimos pisos porque no pusieron botaguas, se cayó el tumbado de uno de los departamentos, la humedad afectó por lo menos 35 departamentos, vivimos con el Jesús en la boca”, relató Wilfredo Camacho, presidente de la junta de vecinos del condominio, que consta de ocho bloques en cinco plantas. 

Los techos están colocados al filo de las paredes. Cambio evidenció rajaduras, hundimientos, techos caídos, paredes húmedas y pisos rajados en los edificios. “Cuando llueve, la pared se deshace, las piletas cada vez revientan porque son materiales chinos”, indicó Camacho.

La historia del condominio
El 16 de febrero de 2009, unas 80 familias de Retamani I y Retamani II vieron cómo sus casas se perdían entre el lodo. Fue uno de los muchos deslizamientos que tuvo la Sede de Gobierno. Inmediatamente, el Gobierno nacional y el presidente Evo Morales atendieron a los damnificados.

En aquel entonces, el Jefe de Estado entregó un cheque por 1.232.782 al alcalde de ese entonces, Juan del Granado, para la construcción de viviendas sociales.

El 7 de noviembre de 2010, Luis Revilla, sucesor de Del Granado, entregó 86 departamentos para los damnificados. “No nos informaron quien construyó los departamentos, no sabemos qué materiales usaron, vimos hasta gente del retén de emergencia en la edificación”, denunció Gloria Ibraum Palacios, una de las afectadas.

Poco después que los damnificados ocuparon las unidades habitacionales, los vecinos vieron cómo estas se fueron pudriendo, llenándose de humedad, rajarse e inclusive a desprender escombros, situación que atribuyen a dos factores: la falta de veracidad del estudio de suelos del lugar y la pésima calidad de los materiales de construcción.

Consultado al respecto, el subalcalde del Macrodistrito San Antonio, Miguel Ayala, indicó que se atienden las necesidades de la población, pero que el tema de estabilización de suelos es competencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos, a cargo de Vladimir Toro.

Este medio intentó comunicarse con la autoridad aludida, pero no fue atendido debido a la recargada agenda que tiene a causa de las intensas lluvias.

El suelo va desapareciendo
A pocos meses de inaugurada la urbanización, los vecinos observaron el hundimiento del suelo en el sector de las lavanderías, por tal motivo, clausuraron dicho lugar, que se encontraba a unos 30 metros del barranco.

Con el paso de los años, dicho playón se fue reduciendo hasta quedar a tres metros de la malla perimetral.

“Aparentemente está bien hecho, pero la realidad es otra porque está construido precariamente, vivimos aquí seis años y nunca dejamos de ver dificultades, todos tuvimos problemas”, dijo María Ríos, secretaria de actas de la junta vecinal.

Ante el insistente reclamo de los vecinos a las autoridades municipales, la Comuna realizó una inspección y el resultado indicó que el sector no presenta hundimientos y que la zona es de “riesgo moderado”, por lo que la limpieza de sumideros solucionaría los problemas. “Pero ni eso hacen”, reclamó vehementemente Ibraum.

Piden auxilio al gobierno
“El Presidente (Evo Morales) nos echó la mano cuando nuestras casitas se cayeron en Retamani, sufrimos bastante, y ahora por favor le pedimos que nos escuche porque es el único que puede ayudarnos, la Alcaldía no nos atiende”, dijo Ríos mostrando las condiciones de su vivienda.

Así también se pronunció Ibraum, “por favor Presidente, mándenos un gabinete, sus técnicos, mándenos personal, no queremos volver a vivir en carpas”.

Los damnificados esperan que el Gobierno pueda apoyarlos como lo hizo en 2009, esto debido a la falta de atención municipal.

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Otro problema es el derecho propietario

“Nosotros no somos dueños, la Alcaldía no nos entregó la minuta de transferencia”, aseveró Wilfredo Camacho, presidente de la junta de vecinos del condominio Bicentenario, quien al igual que el resto de vecinos espera que los documentos de propiedad de los departamentos le sea otorgado.

En 2010, antes de la entrega de los unifamiliares, se emitió la Ordenanza Municipal 482, que autoriza la enajenación del predio municipal a favor de los damnificados de los deslizamientos de 2007 y 2009, solo falta la aprobación de una ley nacional para tal efecto.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se inició el trámite debido a que el predio está en litigio, existiría un dueño particular del terreno en el cual la Comuna construyó los ocho bloques de departamentos.

Ramiro Huayllas reclama ejercer el derecho propietario de la sucesión que tiene desde sus padres y abuelos, para ello presentó documentación que data de 1895, cuando la familia Huayllas recibió una propiedad denominada Coripujo, actualmente conocida como San Isidro, cuyos límites y área están definidos.

“La transcripción de un plano de lote de la propia Alcaldía, en junio de 1972, acredita esta propiedad con una superficie de 117.323 metros cuadrados en favor de la sucesión Huayllas, la Alcaldía hace la inscripción de este plano”, dijo Ramiro Huayllas.

Consultado al respecto, el director jurídico del Gobierno Municipal de La Paz, Fernando Velásquez, asintió que existen problemas jurídicos con ese predio, pero no quiso profundizar en el tema alegando “estar en audiencia”.

Huayllas califica de “inverosímil” la acción de la Alcaldía, que tras un juicio a su persona y familiares les “arrebatan” su propiedad bajo el argumento de expropiación, aunque el documento no señala a quién se hizo tal trámite, “nunca nos notificaron ni nos compensaron”, pero les cobran impuestos inclusive con multas.

“Tengo una deuda de más de medio millón de bolivianos que estoy pagando, pero no me dejan ejercer mi derecho propietario, es por ese predio donde la Alcaldía construyó los edificios”, reclamó.

La respuesta edil al petitorio vecinal es que no pueden actuar por tratarse de “propiedad privada”.