Élite chilena

Caricatura de Maximiliano Choque
Caricatura

Democracia Directa

Chile no solo se apropió por la fuerza de la costa marítima de Bolivia, sino que ha sometido la mísera concesión del libre tránsito (reconocida en el Tratado de 1904) a un estrangulamiento económico que beneficia a la élite chilena.

Los grupos Luksic, Urenda y Von Appen han hecho de la forzada mediterraneidad boliviana un gran negocio y tal parece que el Gobierno chileno no alterará esta situación por la vinculación política que estos inversores tuvieron y mantienen con el poder.

Por ejemplo, la familia Luksic (que tiene una presencia accionaria del 15% en el puerto de Arica, el 85% en el puerto de Antofagasta y el 35% en el Puerto de Iquique) construyó vínculos inquebrantables entre el mundo privado y la política.

El libro Bolivia: Un país privado de litoral refiere, por ejemplo, que la exdirectora de la Comisión de Medio Ambiente entre 1995 y 1997 y exministra de Defensa de 2006 a 2007, Vivianne Blanlot, es una de las directoras de Antofagasta Minerals, firma que integra el grupo de empresas de Luksic.

Muestra irrefutable del vínculo con el poder se identifica en el caso de Pablo Orozco, el actual gerente de Comunicaciones en Antofagasta Minerals y exgerente de Comunicaciones de Codelco (2006-2014), quien fue jefe de Prensa del expresidente Ricardo Lagos, que busca su retorno a La Moneda. También Mauricio Lob, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera entre 2010 y 2014, quien fue nombrado gerente de Asuntos Públicos de Quiñenco en abril de 2014. O el caso de Rodrigo Hinzpeter, exministro de Defensa (2012-2014), que es desde 2014 el gerente legal de Quiñenco, empresa dedicada en el campo de energía.

Considerando ello, resulta difícil afirmar que la política chilena estaría desvinculada del comportamiento de estos grupos empresariales, y, en consecuencia, que esta élite no tenga poder de influencia en una posible solución al enclaustramiento forzado que vive Bolivia.

El profesor de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Claudio Gutiérrez asegura que a la élite chilena no le “conviene resolver” el asunto marítimo de Bolivia “porque ellos ganan con eso”.

Gutiérrez no se equivoca. La élite chilena es la que más gana en esta situación de encierro que se le ha impuesto a Bolivia.

De hecho, la invasión de 1879 fue motivada por la empresa anglo-chilena Salitres y Ferrocarril Antofagasta que se opuso a pagar el gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado. Incluso, los políticos chilenos hicieron las gestiones para que el Gobierno de Bolivia levante ese impuesto.

Con este antecedente, sería muy ingenuo afirmar que Chile se motivó por sus intereses nacionalistas para demandar a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el fin de defender sus supuestos derechos sobre las aguas de los manantiales del Silala, que son de exclusiva propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Estos recursos hídricos, que nacen en el cantón Quetena Chico, provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, han sido aprovechados por más de 100 años por empresas privadas chilenas y extranjeras, entre las que se encuentra la encargada de administrar el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y la cuprífera Antofagasta Minerals SA, ambas del grupo Luksic.

La élite chilena ha confrontado a dos pueblos hasta llevarlos a una contienda bélica, ha secuestrado los mares y los recursos hídricos. El pueblo chileno sabe muy bien todo esto, pero su gobierno cierra los ojos ante la luz de la verdad.

Comercio exterior secuestrado

Arica fue y es la puerta natural de Bolivia al océano Pacífico. Por esa ruta se realiza el 46% del total de las exportaciones bolivianas al mundo y el 65% de las importaciones.

Con el 35% de las exportaciones, Antofagasta es el segundo puerto que más utiliza el comercio boliviano, en su mayoría minerales. En tanto que Iquique concentra el 18%.

Si Chile cumpliera todas las condiciones del libre tránsito, establecidas en el Tratado de 1904, que con tanta fuerza defiende La Moneda, el comercio exterior boliviano estaría por encima de lo que es en la actualidad.

Sin embargo, el Gobierno chileno no hace lo que en su momento se comprometió a realizar. La carretera internacional, la ruta 11-CH que une a Chile con Bolivia, no cuenta con las condiciones para facilitar el tránsito de los camiones bolivianos.

En septiembre de este año, el entonces agente de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), José Miguel Insulza, justificó esta situación y si bien señaló que “Chile está obligado por un tratado libre tránsito a Bolivia”, señaló que su país “no está obligado a construirle un camino”.

La mala condición de la carretera es solo uno de los factores que impactan en el comercio exterior boliviano que demora mucho más en llegar a destino que el resto de las naciones que sí cuentan con un puerto soberano. El encierro que ejerce Chile es una realidad.