Masacre de Navidad no debe quedar en la impunidad

Foto: Eloy Lupe
Primera intervención de efectivos policiales a la mina de Amayapampa (Potosí).

Por: Gonzalo H. Pérez Bejar

Transcurrieron 20 años de la masacre de Amayapampa y Capasirca, provincia Bustillo del departamento de Potosí, donde entre el 19 y 21 de diciembre de 1996 se produjo el deceso de diez personas como consecuencia del enfrentamiento entre trabajadores mineros con efectivos militares y policiales.

Lo que se lamenta hasta el momento es que los autores intelectuales y materiales de esa época no hayan sido procesados por la justicia, por tratarse de un delito de lesa humanidad.

Los exdirigentes mineros Édgar Ramírez, en su condición de secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y Milton Gómez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), señalaron, por separado, que lo sucedido no debería olvidarse por tratarse de un hecho en el que las víctimas dieron sus vidas por defender la patria y los recursos naturales.

Ambos dirigentes sindicaron como responsables de estos hechos al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, los ministros de Defensa Alfonso Kreidler, de Gobierno Franklin Anaya, el entonces comandante de la Policía general Willy Arriaza y el jefe del Estado Mayor del Comando del Ejército general David Saavedra.

DERECHOS LABORALES

Una vez más, la sangre de la clase obrera fue derramada en un campamento minero, como no había ocurrido desde la masacre de San Juan en 1967, donde policías y militares respondieron a instrucciones superiores que solo estaban destinadas a cuidar la propiedad de los dueños de la concesión minera, como fue la empresa privada Vista Gold (de capitales canadienses y estadounidenses).

Milton Gómez recordó que previa a la masacre hubo varias reuniones con los dueños de la empresa, una para evitar el retiro de los trabajadores y otra que llegó al extremo, donde los empresarios no querían que los mineros pijcheen (mastiquen coca) para empezar a trabajar.

Para Ramírez, el conflicto “lo incendia la empresa cuando retiró a los trabajadores. No había argumento para que hagan eso, y el Gobierno no actuó porque no respondía al país, sino a las empresas transnacionales”.

Para cumplir con esos propósitos estaban despojando a los trabajadores de todos sus derechos.

Relató que para defender los  derechos de los trabajadores viajó el dirigente de la FSTMB Galo Luna (quien fue muerto con tres disparos de arma de fuego por la espalda), sin embargo los acontecimientos se precipitaron y entre el 19 y 21 de diciembre se produjeron las muertes, heridos y detenciones de sus compañeros.

De ese entonces, Ramírez recordó las palabras del padre Roberto Dureti, cuando junto con Milton Gómez, Guillermo Dalence y Mario Mancilla (secretario general del Sindicato de Trabajadores de Capasirca) ingresó al cuartel de Uncía. “Aquí estamos viendo a dos pueblos que viven miserablemente y esos dos pueblos están asentados en un cerro de oro, son Amayapampa y Capasirca”, refirió Ramírez al parafrasear a Dureti.

El dirigente mencionó que días previos a la masacre solicitó que los acompañe el ministro de Trabajo Hugo San Martín, “pero el gobierno de Sánchez de Lozada, como si se tratara de una guerra internacional, mandó a los ministros de Defensa y del Interior (Alfonso Kreidler y Franklin Anaya, respectivamente)”.

Gómez mencionó que la FSTMB hizo los trámites ante el Ministerio de Trabajo, “pero no recibimos respuesta, seguramente han recibido instrucciones de acallarnos o imponernos”. El exdirigente señaló que, como trabajadores mineros, no estaban dispuestos a someterse o callarse, porque sus peticiones estaban consignadas en la Constitución.

Indicó que cuando surgió el conflicto se trasladó al campamento minero de Amayapampa. “Llegamos a las 02.00, no había ni luz, les cortaron el servicio, y empecé a gritar a Mario Mancilla, luego de que me reconoce realizamos una asamblea y ahí tomamos algunas determinaciones”.
Entre las resoluciones más importantes mencionó: no renunciar a sus derechos laborales, rechazar la imposición de la empresa extranjera, que pretendía llevarse toda la riqueza, y rechazar la presencia policial y militar, que no era otra cosa que la aplicación de la política neoliberal.

Hasta el lugar llegaron mil efectivos policiales pertenecientes a grupos de élite: Grupo Especial de Seguridad (GES), la Unidad Polivalente Antimotines, y fracciones de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), a los que se sumaron dos mil efectivos militares de cuatro unidades del Ejército: Illimani de Uncía, Ranger de Challapata, Braun de Oruro y Pérez de Potosí. 

 

VÍCTIMAS OLVIDADAS 

De acuerdo con Ramírez, “las víctimas fueron olvidadas, a pesar de que dieron sus vidas por defender la patria. Estaban defendiendo su patrimonio natural minero”.

Llamó la atención que los responsables de esos acontecimientos se paseen por las calles sin que la justicia los haya castigado.
Para el ex vicerrector de la Universidad Siglo XX y actual gerente nacional de Recursos Evaporíticos de la Comibol, Alberto Echazú, lo acontecido en aquellos días de diciembre de 1996 fue una violenta represión, cuyos autores fueron Gonzalo Sánchez de Lozada y  Víctor Hugo Cárdenas. “Él (Cárdenas) es uno de los responsables y habla descaradamente de defensa de los derechos humanos”, afirmó indignado.

“Fueron asesinados de la forma más terrible, fue una masacre horrorosa en Amayapampa, fue una experiencia muy dolorosa”, relató.
Él, junto con un médico y algunos dirigentes mineros, rescató los restos del dirigente Galo Luna, a quien lo encontraron en medio de otros cadáveres, y después de reconocerlo lo llevaron hasta el centro minero de Colquiri, de donde era oriundo.

Echazú insistió en que debería hacerse un proceso contra los autores intelectuales y materiales, en especial contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. “Invoco a los representantes parlamentarios a que inicien un proceso contra estos dos señores y los jefes militares de ese entonces”, exigió.
 

OEA pidió investigar a los responsables

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) investigó la masacre de Amayapampa y Capasirca.

En su informe final, emitido el 29 de julio de 1997, señaló que las causas que originaron la tragedia “son múltiples. Ellas tienen que ver con una situación de conflicto laboral que no se encauzó de manera apropiada, con una tentativa de incorporar formas de producción modernas en un contexto caracterizado por expectativas de los trabajadores de la mina. Tienen también relación con una situación de atraso y pobreza extrema que ha predominado en una zona que conoció un pasado de gran riqueza que sin embargo no llegó a beneficiar a la población en su conjunto”.

En el mismo informe se indica que los hechos de Amayapampa, Capasirca y Llallagua muestran existencia de conductas atribuibles a agentes estatales, que resultaron en la muerte de diez individuos (entre ellos un policía) y 32 heridos.

Menciona además que “la CIDH no ha podido verificar que se hayan desarrollado adecuadamente todas las investigaciones necesarias en este caso por el Ministerio Público y el Poder Judicial boliviano, con el objetivo de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, e indemnizar a sus víctimas o familiares”.

La comisión recomendó “investigar apropiadamente ejerciendo todas las acciones pertinentes por parte del Ministerio Público —órgano constitucionalmente adecuado— las muertes de los diez civiles y 32 heridos ocurridas en los hechos entre el 19 y 21 de diciembre de 1996, en las localidades de Amayapampa, Llallagua y Capasirca, y determinar las responsabilidades y sanciones individuales que pudieran derivarse para los agentes militares y policiales que participaron en dichos operativos”.

Refiere también a la “justa indemnización compensatoria” a los familiares de las víctimas fallecidas y heridos sobrevivientes de los hechos ocurridos en Amayapampa, Llallagua y Capasirca.