Bolivia en el Consejo de Seguridad: La oportunidad humanista en la geopolítica

Sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por Alejo Brignole *

Que los representantes diplomáticos de un país —Bolivia— se sienten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas significa, sin duda, una buena noticia, aunque lo haga solo por dos años y como miembro no permanente de ese poderoso órgano de arbitraje mundial. A partir de enero de 2017, reemplazará a Venezuela y se sentará junto a otros nueve miembros no permanentes que fueron elegidos para el bienio que concluirá en 2018.

Sin embargo, el verdadero poder decisional y ejecutivo del Consejo de Seguridad (el órgano más poderoso de la ONU, al que todos los Estados miembros están obligados a obedecer y ejecutar sus órdenes) reposa en sus cinco miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Estos países, que además poseen arsenal nuclear, son los que en realidad deciden y marcan las directrices geopolíticas dimanadas del Consejo. Incluso tienen el poder de vetar las votaciones de los otros 10 miembros no permanentes, invalidando los escrutinios surgidos de las deliberaciones realizadas entre ellos.

Entonces… ¿Sirve de algo que Bolivia, junto a Suecia, Etiopía y Kazajistán, además de Holanda e Italia, entren por dos años como miembros no permanentes?

La respuesta sea quizás algo controversial, pero dependiendo del enfoque que se le dé puede significar algo positivo o bien intrascendente.
Que Bolivia no vaya a tener un poder real y efectivo en el Consejo de Seguridad no se debe a cuestiones intrínsecas del país, de su gobierno o de su potencial diplomático, sino a razones geoestratégicas definidas hace 70 años, tras la derrota de Alemania y el surgimiento de Estados Unidos como potencia hegemónica. Fue en el nuevo orden de la II posguerra donde el diseño económico y diplomático definió el mapa global que impera hasta la actualidad, con pocas variantes.

Al igual que en el resto de los diseños de posguerra (consideremos los Acuerdos de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el FMI, etc.) el Consejo de Seguridad fue estructurado con apariencias democráticas, pero con una naturaleza y mecanismos que asegurasen la hegemonía de los países centrales, y, en particular, de la mayor potencia hegemónica, que fue y es Estados Unidos. En aquellos años, luego de su fundación, la Unión Soviética tenía un peso específico similar al estadounidense, y el Consejo sirvió como válvula que contenía la presión de la Guerra Fría, pues allí se intercambiaban relaciones de fuerza entre el este y el oeste.

Pero si la diplomacia internacional fuera realmente democrática habría que considerar al conjunto de organismos globales surgidos en aquella época —y otros como el Ciadi, la Corte Penal Internacional, etc.— viciados de nulidad jurídica, pues no representan el interés del conjunto de las naciones planetarias, sino que responden a los sectores geoestratégicos dominantes.
A modo de ejemplo, si la Corte Penal Internacional con sede en La Haya funcionara bajo principios independientes y jurídicamente soberanos, hace muchas décadas que varios presidentes, generales y estrategas estadounidenses deberían haber sido juzgados allí por delitos de lesa humanidad.

Lo mismo ocurre con las Naciones Unidas, cuyas resoluciones son ignoradas sistemáticamente por las potencias hegemónicas, sin que por ello se apliquen amonestaciones efectivas a tales desobediencias, precisamente porque son cometidas por Estados poderosos y centrales que además aportan el grueso del dinero que mantiene a estas instituciones (la ONU incluida). Ya hemos desarrollado en Democracia Directa esta problemática (véase “La Finalidad Cosmética de la ONU”, en la edición del domingo 23 de octubre de 2016).

De esta manera queda evidenciado que el concierto mundial se rige por el principio fundamental de la disuasión militar y el poder económico, y por tanto no existe el imperio del Derecho, sino el de la fuerza y la supremacía.

No obstante este desequilibrio, su arquitectura burocrática y formal se halla asentada en presupuestos democráticos, o como si en verdad lo fueran. Para ello se arbitran mecanismos supletorios de naturaleza teatral: votaciones, rotación de miembros, asambleas generales y diversas manifestaciones de apariencia y juridicidad democrática, pero inefectivas a la hora de limitar a los países más poderosos. Es decir, a los que detentan la disuasión armamentista y nuclear. La fuerza bruta.

Tampoco es casualidad que los cinco miembros permanentes, los realmente habilitados para decidir la intervención militar, el cese de hostilidades o el inicio de acciones conjuntas en cualquier punto planetario, sean además los cinco mayores productores de armas mundiales.

Utilizando una analogía muy descriptiva, podríamos comparar al Consejo de Seguridad de la ONU con un pederasta a cargo de una escuela infantil, pues los que cuidan hoy la paz global son aquellos que fomentan las guerras y se enriquecen con ellas. Existe un común acuerdo en que nadie pondría a un pederasta al cuidado de niños. Sin embargo, eso es lo que ocurre en el ámbito diplomático internacional si analizamos sus instituciones.

Por tanto… ¿Sirve de algo la presencia de Bolivia en un organismo canibalizado por sus miembros más poderosos? Sí, sirve, pues aun cuando el voto boliviano y de los otros nueve miembros en cualquier asunto internacional pueda ser vetado, Bolivia podrá ejercer su voz y con ella exponer su visión humanista. Denunciar las teratogénesis implícitas en el diseño diplomático mundial y convertirse así en un miembro molesto, veraz y transmisor de auténticos valores humanistas en el seno de un Consejo que lleva destruyendo estas premisas civilizadas desde su misma fundación.

* Escritor y periodista