El poder reformador de la Constitución

Héctor E. Arce Zaconeta

La Constitución boliviana puede ser definida como una “constitución democrática” no solo por su forma de construcción y aprobación por parte del pueblo, sino también por su profunda tendencia a insertar y mejorar los mecanismos de participación democrática del pueblo a través del voto. Ahí tenemos que esta Constitución, a diferencia de la de 1967, permite la segunda vuelta electoral; inserta el referendo como mecanismo de deliberación directa del pueblo, ya sea nacional, departamental o municipal, ya sea por iniciativa legislativa, ejecutiva o ciudadana; propone la elección de autoridades departamentales por voto; inserta la figura única en el mundo de elección de autoridades judiciales por voto y adicionalmente crea otros mecanismos de democracia participativa.
Dentro de ello, una de las características democráticas fundamentales de nuestra Constitución es la posibilidad de su reforma basada siempre en la participación soberana del pueblo. Para ello, el Constituyente ha establecido dos alternativas conforme lo previsto en el artículo 411.I y II del texto constitucional: la primera, consignada como reforma total, que opera cuando afecta a sus bases fundamentales, derechos y garantías, primacía o a la propia reforma de la Constitución. Ésta se halla reservada únicamente a una Asamblea Constituyente Originaria y Plenipotenciaria, activada por la voluntad popular. La segunda, establecida como reforma parcial, misma que en rigor de lo determinado en el artículo 411.II constitucional, podrá activarse por iniciativa popular o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley de reforma constitucional.
Ahora bien, vale la pena aclarar que la Constitución boliviana como cualquier otra en el mundo, prohíbe, con vista a organizar al Estado, tiene que hacerlo. Ella al mismo tiempo, que reconoce u otorga derechos, también prohíbe, limita e inhibe. Normar el hacer y el no hacer es parte de su función y, por supuesto, cuando las prohibiciones aparecen en la Constitución, la observancia de ellas es imperativa en grado supremo. Sin embargo, las prohibiciones o limitaciones, descritas en la Constitución, necesariamente deben ser expresas y por su naturaleza, sujetas a principios especiales. Sobre esa base, nuestra Norma Suprema, a diferencia de la Constitución de 1967, no impone condiciones o límites respecto a la cantidad de veces que puedan aplicarse los mecanismos de reforma existentes, no prohíbe que el poder reformador parcial se aplique más de una vez dentro de un mismo periodo constitucional y no restringe la aplicación del procedimiento de reforma (cualquiera sea éste) sobre determinada materia, aun cuando ya haya sido puesta a consideración del soberano a través de referendo, independientemente del resultado emergente de la consulta. 
Por lo que su texto no puede dar lugar a ninguna otra disquisición que vaya más allá de la propia regulación descrita sobre la reforma constitucional. Lo cual ciertamente no es arbitrario, pues responde a una lógica que muy bien podría graficarse con la expresión de los franceses revolucionarios de 1789: “La soberanía nacional no puede encadenarse y sus decisiones futuras, no pueden tampoco preverse ni someterse a fórmulas determinadas, ya que constituye la esencia de su poder actuar como quiera y en la forma que quiera”.
En esa línea, la naturaleza jurídica de la reforma constitucional, al derivar su fundamento del concepto mismo de Estado Constitucional, cimienta su estructura en dos pilares fundamentales: Por un lado, en el “principio político democrático”; y por otro en el “principio jurídico de la supremacía constitucional”. Por el primero, el poder constituyente es caracterizado como una facultad inherente al pueblo, en cuanto titular de la soberanía, con lo cual se intenta justificar racionalmente el poder; y por el segundo, al trasladar la soberanía del pueblo a la soberanía de la Constitución, lo que se busca es la limitación del poder. Con el fin de salvar estos dos principios, cimentadores del Estado Constitucional, es que surge como una necesidad ineludible la reforma constitucional, como un poder intermedio entre el poder constituyente y los poderes constituidos. 
Así, el poder constituyente quedará siempre como un poder previo e ilimitado, en permanente latencia, cuyo fundamento es ontológico existencial, mientras que el poder de reforma parcial, en el marco de nuestra Constitución, quedará como un poder únicamente sujeto al principio de Supremacía Constitucional, garantizándose a su vez los principios Democrático y de Soberanía Popular.
Desde tal perspectiva, la aplicación del procedimiento de reforma parcial de la Constitución, por más de una vez, incluso respecto de un mismo tema, y dentro del mismo periodo constitucional o mandato; convive en perfecta armonía con el principio de Supremacía Constitucional, que establece que la Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Asimismo, el texto constitucional propone un sistema de gobierno democrático, y la reforma constitucional, sea total o parcial, prevé que la determinación de aprobación o rechazo, respecto a dicha reforma, sea tomada por el Soberano, esto es, el Pueblo a través de un Referendo, garantizándose en consecuencia, el principio de soberanía popular establecido en el artículo 7 del Texto Constitucional.
En consecuencia podemos afirmar con la mayor certeza constitucional que el poder reformador parcial de la Constitución boliviana no concibe límites ni restricciones inherentes a la cantidad de veces para su aplicación, incluso dentro de un mismo mandato; como garantía de los principios de Supremacía Constitucional y Estado Democrático antes citados.