La coca es un legítimo recurso que debemos defender

Foto: Enzo de Luca
El presidente Evo Morales pijcha (mastica) hojas de coca.

 

(Por Alejo Brignole *).- El primer lugar, para empezar un debate serio en torno a la producción de coca hace falta establecer ejes fundamentales que no se pueden perder de vista. Y el primero es que la coca (Erythroxylum Coca, y otras subespecies) es utilizada en las culturas originarias desde hace 5000 años, según comprobaciones arqueológicas, y como tal forma parte del acervo cultural, ritual, nutricional y económico de nuestros pueblos.

Su alcaloide o principio activo, en cambio, fue sintetizado por primera vez en Alemania en 1885, y partir de estos trabajos la droga pasó a tener múltiples usos. Lamentablemente, el uso hoy más normalizado es el de droga recreativa, que por ser ilegal produce un mercado negro de proporciones monstruosas, con todas las derivaciones criminales ya conocidas.  

Sin embargo, este uso recreativo, utilizado por las sociedades opulentas y económicamente desarrolladas, deberá ser resuelto por ellas mismas, pues el propio consumo masivo de estupefacientes es parte sintomática de ese desarrollo económico hipertrófico que producen las sociedades hastiadas, que están en la búsqueda constante de incentivos vacuos. No por casualidad Estados Unidos es el primer consumidor mundial, seguido de Europa. Todas áreas con un gran desarrollo industrial y sociedades con gran poder adquisitivo.

Esta situación, por tanto, podríamos describirla de la siguiente manera: el mundo rico nos pide eliminar un cultivo ancestral que es patrimonio cultural y un gran recurso económico legal, solo para paliar los efectos indeseados que produce la coca en las sociedades capitalistas, de las cuales nosotros somos, además, víctimas geopolíticas.

Para entender mejor este principio perverso de entender las relaciones con el mundo y la naturaleza que tiene la hegemonía capitalista, podría servir este otro ejemplo: si un día se descubriera que con la yerba mate argentina (Ilex Paraguariensis) —que es una infusión muy popular y culturalmente arraigada en Uruguay, Argentina y Paraguay— se puede fabricar una droga, el mundo rico penalizaría su uso y cultivo solo porque afecta a sus sociedades. Nuestro uso e interés genuino en el cultivo quedaría así —mediante esta lógica autista— relegado a un segundo orden.

Es entonces que surgen preguntas fundamentales de naturaleza socio-política y de economía estratégica… ¿Hay sociedades más importantes que otras desde una perspectiva organizativa del bienestar? ¿Nosotros debemos renunciar a un patrimonio ancestral y constitutivo de nuestra identidad, porque en otras latitudes han hecho una utilización perversa de ese recurso? ¿Por qué debemos limitarnos en una explotación útil, eficiente y fuente de riquezas, cuando nuestras naciones son marginadas del reparto económico mundial? ¿Deben nuestros pueblos asumir el coste económico de los desvíos sociales que otros disfrutan o perpetran?

Evidentemente para las naciones centrales es mucho más fácil intentar aplastar nuestros recursos que perseguir el consumo en sus sociedades autóctonas. Es más económico y conveniente desde el punto de vista geoestratégico militarizar nuestras sociedades en pos del bienestar del mundo rico (la DEA, la CIA y USAID en nuestras comarcas son consecuencia directa de esta concepción neocolonial de las relaciones internacionales) que iniciar una guerra política en la propia casa, investigando a legisladores de la Eurocámara, o del Congreso estadounidense, agencias gubernamentales y empresas multinacionales relacionadas con el narcotráfico. Eso resulta mucho más complejo que decir que el pobre campesino boliviano es cómplice del narcotráfico. Criminalizar, en síntesis, nuestra organización económica y no la de ellos, que sí es absolutamente lesiva con el planeta y con los tejidos sociales periféricos.

La reciente ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que reformó la antigua Ley 1008 y que amplía a 22.000 ha las zonas legales para el cultivo de coca, no es un retroceso como quieren demostrar algunos. Es un claro avance en sus derechos ancestrales.

Es una ampliación de sus recursos genuinos generadores de bienestar, pues la coca tiene múltiples usos que jamás deberían quedar subordinados o supeditados al uso recreativo que las sociedades opulentas le dan a la planta bajo la forma de cocaína.

Serán las sociedades ricas, pues, las que deberán solucionar sus desvíos dialécticos y costumbristas con las herramientas que tengan o puedan usar, pero sin molestar nuestros diseños agropecuarios y de economía política. Y como la hoja de coca guarda aún secretos y usos industriales maravillosos probablemente por descubrir, Bolivia debe defender, incluso ampliar y mejorar la extensión de sus cultivos, pues es un derecho de su propio pueblo y de su historia. Ninguna problemática artificial que venga de afuera debería, por tanto, limitar nuestros criterios y planificaciones para utilizar la coca, la kuka de los quechuas, que nos viene acompañando desde hace cinco milenios. En este entendimiento, el 6 de diciembre de 2005, el Estado peruano declaró oficialmente a los usos culturales tradicionales de la hoja de coca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Con esta medida, Perú dio un paso fundamental para darle oficialmente el valor cultural, social y espiritual que su consumo  milenario debe tener en nuestras sociedades. Los problemas del Norte que los resuelva el Norte.

Cuando nuestros pueblos vivan plenamente como los suyos, con hospitales perfectos, escuelas modernas y un acceso generalizado al confort que ellos disfrutan, entonces quizás —solo quizás— debamos sentarnos a escuchar lo que tienen para decir respecto de la coca.
* Escritor y periodista