Consejo investigará la coca y se apunta a la exportación

Foto: Archivo
Cultivo de la hoja de coca en los Yungas, del departamento de La Paz.

 

(Gonzalo Pérez Bejar).- La polémica sobre la nueva Ley General de la Hoja de Coca tiene su basamento en que ésta desbarata la concepción de considerar a la hoja milenaria como cocaína, identificación que emerge de la Ley 1008, de 1988.

Por más de dos décadas, la norma elaborada con el asesoramiento de la DEA norteamericana lo único que pretendía era despojar de un recurso natural a los campesinos de los Yungas, de La Paz, y del Chapare, en el trópico de Cochabamba. Este recurso, a diferencia de la concepción occidental, sirve para el acullico y el uso en rituales y medicina natural.

A la par de ello, su existencia estaba marcada porque los intereses extranjeros, en especial los de Estados Unidos, a través de la Ley 1008 (fue su creación), buscaban únicamente su erradicación, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, indicó que la propuesta que defendieron sus compañeros de Los Yungas era la vigencia de la Ley 1008, es decir, la erradicación de la hoja de coca. “Cuando llegamos al Gobierno, el presidente Morales y mi persona dijimos que en el país no habrá libre cultivo de la hoja de coca, pero tampoco cero de coca, por el tema ancestral cultural”, recordó.

Sostuvo que ése es el sentido de la nueva ley, que además de fijar un límite, que en su criterio debería estar determinado de acuerdo con normas internacionales, da la opción de crear instancias que permitan la investigación de la hoja de coca para fines médicos y científicos, además de la posibilidad de su exportación.

Para Cáceres, atrás quedaron las decenas de muertos que causó la lucha contra el narcotráfico, y ahora lo que queda es llevar la propuesta boliviana ante los organismos internacionales, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que la evalúen.

Nueva normativa
Esta nueva norma plantea como una novedad la creación del Consejo Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización, Industrialización e Investigación de la Coca (Concoca), instancia que deberá elaborar políticas nacionales destinadas a valorar las cualidades científicas de la hoja de coca, como refiere su artículo 29 del Capítulo VII (Institucionalidad).

Con ese argumento, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, afirmó que la población boliviana debe conocer correctamente el contenido de la nueva norma que regirá la producción de la hoja de coca en el territorio nacional.

“El tema de la coca en Bolivia, hasta que llegamos al Gobierno en 2006, estaba estigmatizado y discriminado”, dijo.

Por eso es que el actual gobierno fijó una meta, “es decir una cifra”, que se sustenta en el marco del consumo tradicional, los usos medicinales, rituales, sociales, económicos, comunitarios, alimenticios, investigativos, industriales, la exportación y la dinamización laboral e integralidad de la Madre Tierra. Las zonas de producción de coca autorizadas y delimitadas por el Estado serán de hasta 22.000 hectáreas.

Se trata de un tope máximo 22.000 hectáreas, cifra inferior a lo que se producía en gobiernos neoliberales. “Los opositores deben responder por qué no se escandalizaban cuando en los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga la legalidad de cultivos de coca se encontraba entre 25.000 y 37.000 hectáreas”, afirmó el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

“Imponer un parámetros de 22.000 hectáreas significa garantizar la paz social en todo el territorio nacional. Ahora, ninguna organización productora de hoja de coca puede desconocer esta ley”, sostuvo Cáceres, y advirtió que se vislumbraban enfrentamientos entre productores de la hoja de coca.

Lo que ahora se viene es la reglamentación sobre varios aspectos, como evitar que cada año se erradique en los mismos lugares, lo ocurre en el norte de La Paz.

De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 1997 había 45.800 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Bolivia, en tanto, en 2015 llegó a 20.200 ha de cultivos de coca, uno por ciento menos que en 2014.

La ruta para la coca
La Ley General de la Hoja de Coca, en sus artículos 25 y 26 del capítulo Investigación e Industrialización, da las pautas para que se investigue la hoja de coca con fines lícitos “en los ámbitos público y privado”.

Para ello establece la utilización de la coca como materia prima para la industria, “deberá cumplir con la trazabilidad técnica”. El Estado regulará, controlará y fiscalizará el uso adecuado de la coca en los procesos de investigación e industrialización; luego promoverá la apertura de mercados y el consumo de los productos industrializados derivados de la coca.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizará a las empresas dedicadas a la industrialización, y mediante reglamentos se fijarán procedimientos específicos. “Los residuos industriales de coca están sujetos a control periódico de la concentración de alcaloides, por lo que se deberán garantizar medios y métodos adecuados de disposición final”. La disposición de residuos sólidos y líquidos procedentes de la industrialización de coca “se sujetará a las normas ambientales vigentes a cargo del Ministerio de Medio Ambiente”.

Promoción
En el artículo 27 (Promoción de la coca en el ámbito internacional) se establece que el Estado promueva en el ámbito internacional la despenalización de la hoja de coca y la apertura de mercados de productos industrializados.

El viceministro Cáceres mencionó que los estudios que se realicen en laboratorios de Bolivia deben tener la ayuda del Estado para conformar el equipo de científicos que hagan el trabajo de hallar los beneficios científicos de la hoja de coca; para ello se contará con el apoyo de científicos cubanos. “Se tiene que hacer gestiones ante la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, lo que significa que el estudio de investigación que hagan los científicos bolivianos, con apoyo de científicos cubanos, sean convalidados por la OMS”, señaló.

Cumplido ese paso, la perspectiva está en la exportación, para la cual se debe cumplir con requisitos ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y otros organismos de las Naciones Unidas, como la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) o la Comisión Interamericana de Control en el uso Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El titular de Defensa Social afirmó que la exportación será “estrictamente para uso medicinal y farmacéutico”.

“¿Por qué nos tenemos que prohibir como Bolivia, si la hermana República del Perú legalmente, cumpliendo todos los requisitos, exporta hoja de coca hacia los Estados Unidos?”, preguntó.