Ofertas unilaterales tienen efecto jurídico

Foto: Gonzalo Jallasi

Gonzalo Pérez Bejar

La demanda marítima que presentó el Gobierno de Bolivia el 24 de abril de 2013 tiene bases jurídicas e históricas sustentables para demostrar que los ‘compromisos unilaterales’ asumidos por autoridades chilenas a lo largo de los últimos 100 años cuentan y tienen valor legal.

Esto será, en definitiva, lo que definirán los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, cuando dicten la sentencia.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que las ‘ofertas unilaterales’ tienen un efecto jurídico si han sido reiteradas y permanentes en el tiempo, y “ése es el argumento del litigio que tiene Bolivia en cuanto a la exigencia de una salida negociada en el caso de la demanda marítima, por lo que nunca se bajarán los brazos”.

La autoridad recordó que en la reunión celebrada el 15 y 16 de febrero en La Haya se informó al presidente Evo Morales y al equipo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), junto con los abogados internacionales, el contenido de la réplica que se presenta al tribunal internacional.

“Es una réplica que se basa en una fuerte sustentación jurídica, histórica y jurisprudencial. Creo que los bolivianos estamos confiados en que está bien elaborada y que, de acuerdo con el derecho internacional público, Bolivia tiene grandes expectativas en función de esa demanda”, afirmó la autoridad.

Ferreira recordó que después de la invasión a Antofagasta y al margen del Tratado de 1904 hubo ofertas de Chile, propuestas de una negociación para otorgar a Bolivia un acceso soberano.

Eso se registró en 1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975 y 1983 por solo dar algunos años.

“Las ofertas de Chile han estado prácticamente vigentes hasta el siglo XXI, pero de un tiempo a esta parte, desconoció esos ofrecimientos anteriores y eso es base para la demanda que ha hecho Bolivia en La Haya”, refirió.

Por esos antecedentes, la demanda boliviana es legítima y legal, “no nos apartamos en ningún momento de nuestra argumentación, de lo que son las normas que regulan el derecho internacional”.

El derecho internacional jurídico acepta como una forma de compromiso la oferta unilateral, y la oferta unilateral ha sido permanentemente reiterada.

Sobre este recurso legal que se aplica en la política exterior, la docente universitaria Diana Borelli destacó que Bolivia ya cuenta con una política exterior marítima permanente y que la demanda boliviana se ha puesto en el contexto internacional.

Sostuvo que en la actualidad, los académicos están analizando un tópico muy pocas veces utilizado en el ámbito de los diferendos entre Estados y que en la teoría son “los actos unilaterales”.

Promesa 
“Es un enfoque nuevo para tener buenos resultados porque en los actos unilaterales podemos destacar el acto unilateral llamado promesa”, dijo.

Borelli explicó que el acto unilateral promesa (cuando ofrecieron resolver el enclaustramiento de Bolivia) fue realizado por autoridades chilenas competentes, como embajadores o diplomáticos que representan la voz de su gobierno.

“No viene de cualquier ciudadano chileno, venía de presidentes, embajadores, que son los órganos de la personalidad de la política exterior de un determinado país. Entonces Chile no puede obviar eso”, argumentó.

Esa —sostuvo— es la consecuencia de la demanda boliviana, que no es por casualidad, “no queremos molestar a un país que también es digno, como Chile, pero en la situación de los actos unilaterales hay jurisprudencia”.

“El Estado ha prometido, ha establecido que puede haber esta solución, inclusive se ha utilizado el acceso soberano al Pacífico, entonces es tiempo de cumplir lo que han prometido. Si han sido personeros de distintas épocas que han prometido, eso es un acto unilateral y dan lugar a efectos jurídicos, a reclamar derechos del Estado, en este caso de Bolivia, que puede decir que cumpla”, sentenció.

Contundencia
El ministro Ferreira afirmó que la demanda marítima no es solo la reivindicación histórica porque Bolivia nació con mar y fue cercenada en su integridad territorial por una invasión de Chile, en 1879.

Luego recordó que el planteamiento de Bolivia desde el comienzo fue que Chile incumplió su obligación de negociar porque se convirtió en una obligación a los hechos.

“Son reiteradas las propuestas de negociación sin que las continúe, y ellos han roto el diálogo; desde el primer momento que se instauró la demanda, la línea jurídica de nuestra posición ha sido esa”, enfatizó.

Demanda 
Los expertos en política exterior sostienen que la demanda boliviana se convirtió en un hito histórico por la forma cómo fue encarada.

Al respecto, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, señaló que el litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, se constituye en un hito histórico porque hizo uso del procedimiento que franquea el estatuto de la CIJ, expresada en la presentación de la memoria, contramemoria, los procesos de réplica, dúplica y luego la fase oral de alegatos de las partes.

“Es parte del procedimiento que establece el estatuto de la Corte, por lo tanto este momento, en el que se encuentra nuestro país y Chile, se constituye en un hito histórico, toda vez que nunca habíamos llegado ni siquiera a tener la admisión de este proceso. Recordemos que en la década del 20 (siglo XX), Bolivia presentó ante la sociedad de las naciones una demanda y ésta no fue admitida, y finalmente fue rechazada”, mencionó.

Siles reconoció que la demanda boliviana es una innovación en la política exterior del Estado Plurinacional y por el cual se cerraron filas en función del objetivo: retornar con soberanía a las costas del océano Pacífico.

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CIJ: Bolivia nació con mar y Chile invadió Antofagasta

El 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó por 14 votos a dos la objeción preliminar presentada por Chile para impedir que ese tribunal conozca la demanda marítima boliviana.

Fue una victoria inicial del proceso, abierto en 2013, pero además representó que la CIJ aceptó prácticamente todos los argumentos jurídicos que Bolivia planteó, tanto escritos como orales.

Por ejemplo, en el parágrafo 34 de la sentencia, la Corte determina el objetivo de la controversia. Ahí la Corte es clara al determinar que lo que está en disputa es la existencia de la obligación de negociar por parte de Chile un acceso soberano a favor de Bolivia y que no se cuestiona el Tratado de 1904.

En la parte considerativa del fallo, el tribunal determina que Bolivia nació a la vida independiente como un Estado costero, que tenía acceso al océano Pacífico, condición que había sido reconocida por Chile y consagrada en 1866 y 1879.

Además, el tribunal determinó que se suscitó una ocupación, una invasión por parte de Chile, sin previa declaratoria de guerra, el 14 de febrero de 1879.

También la Corte se refirió a los tratados de transferencia de territorios de 1895 y determinó que en “este convenio se puede advertir la predisposición y la voluntad de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar”.

Finalmente a lo que se refiere en esta parte histórica, la Corte dispuso que en relación con el Tratado de 1904 y por este acuerdo internacional, el territorio que en el pasado había sido boliviano se convirtió en chileno, pero que pese a ello existieron intercambios diplomáticos con Chile respecto a la posibilidad de una negociación de un acceso soberano al mar que serán vistos en la parte del fondo del proceso.

Consideraciones de carácter jurídico
En este campo, la Corte determinó que la demanda boliviana especifica los hechos y los fundamentos de derecho sobre las que se basa, adjuntando pruebas, como acuerdos, prácticas diplomáticas y una serie de declaraciones atribuibles a los representantes chilenos, lo que demuestra claramente que la demanda boliviana no se improvisó, que fue trabajada seriamente y que pudo respaldarse a través de la documentación histórica todo lo que se había planteado en la Corte Internacional.

La Corte también determinó que Bolivia no invocaba el Tratado de 1904 como fuente del derecho u obligaciones de las partes y que tampoco solicitaba a la Corte, en esta oportunidad, que se pronuncie respecto a este tratado porque el fallo dictó que el asunto en disputa no versaba sobre el tratado, sino que se vinculaba a la existencia de una obligación de negociar un acceso soberano al mar por parte del Gobierno de Chile.

En los próximos años veremos a Chile obligado a explicar al más alto tribunal de justicia internacional cuáles son las razones por las que se abstiene de cumplir los compromisos asumidos con Bolivia para negociar su salida soberana al mar.