¿Llegó la hora de abandonar la OEA?

Foto: Cambio
Asamblea General de la OEA.

 

Por Alejo Brignole

El deterioro del derecho internacional pude analizarse desde varias perspectivas y durante diversos períodos, si contamos desde 1945 y el inicio de la II posguerra mundial, que fue cuando se diseñó el mapa jurídico que hoy rige al mundo. A partir de entonces entraron en vigencia nuevos protocolos internacionales, nuevos organismos (la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial —estos últimos desde 1944 con los Acuerdos de Bretton Woods— y el GATT, o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947). Y por supuesto la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada en 1948 y que es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas. 

Analizándolo desde una perspectiva latinoamericana, y por tanto periférica, este ordenamiento mundial estuvo marcado y dirigido por las fuerzas hegemónicas emergentes de aquella II posguerra, pero sobre todo por Estados Unidos, que fue el principal arquitecto de ese nuevo orden mundial que hoy pervive. Ello se tradujo en excesos y abusos dominantes que perjudicaron —siempre— a las naciones menos poderosas en el reparto económico y jurídico mundial, puesto que ese mismo ordenamiento no fue pensado bajo premisas humanistas internacionales, sino como una extensión de la guerra geopolítica, pero sin bombas ni confrontaciones armadas directas. O sea, como una Guerra Fría.

Sin dudas, la OEA no fue la excepción y de hecho se convirtió casi en un coto de caza privada para la diplomacia estadounidense, que manipuló, tergiversó y acomodó a sus intereses la arquitectura decisional de este foro americano, según la conveniencia política de cada momento. Cuando EEUU quiso apartar de la OEA a Cuba en 1962 la isla fue expulsada mediante la Resolución VI, adoptada en la octava cumbre en Punta del Este (Uruguay), el 31 de enero de aquel año. Y Washington pudo hacerlo presionando a decenas de naciones por considerar que el régimen marxista cubano atentaba con la convivencia interamericana. Sin embargo, los golpes de Estado, las invasiones a terceros países o el financiamiento de dictaduras sangrientas que realizaba el Pentágono no parecían afectar tal convivencia. Al menos en la OEA de eso no se hablaba y nadie, o casi nadie, señalaba los genocidios que la CIA producía en nuestros escenarios nacionales.

Cuando los marines invadieron la isla de Granada en 1983 para derrocar un gobierno de izquierda no hubo sanciones efectivas contra Washington. Tampoco cuando el gobierno de Ronald Reagan, durante la Guerra del Atlántico Sur, desconoció los términos del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), que debían proteger a Argentina frente a una agresión extra continental del Reino Unido. 

Para todos estos casos —apenas unos pocos de otros muchos ejemplos posibles— la OEA fue un organismo inerte, democráticamente inefectivo e inútil, debido al dominio estadounidense de sus mecanismos. Más recientemente, la OEA tampoco sirvió para disciplinar los flagrantes delitos de lesa humanidad de Estados Unidos y condenar sus cárceles clandestinas y centros de torturas diseminados en la geografía latinoamericana y mundial.

No obstante esta perversión manifiesta en sus desempeños diplomáticos viciados de total nulidad desde una perspectiva jurídica, ahora la OEA pretende acusar a Venezuela de vulnerar los derechos humanos y los principios democráticos, solo porque Venezuela es un Estado refractario a la dominación neocolonial norteamericana. Cabe preguntarte entonces: ¿Con qué autoridad moral, histórica y axiológica enarbola estos reclamos? ¿Cuál es su argumento y su trayectoria constatable para poder siquiera exigir cumplimiento alguno de los principios que la propia OEA ha ido desmantelando década tras década?

Incluso la última convocatoria ilegal a la Asamblea Plenaria realizada por el secretario general Luis Almagro se halla fuera de toda norma y legalidad. Almagro deliberadamente y actuando bajo órdenes del Departamento de Estado violó la vía ordinaria para convocar a la reunión, que debe surgir de la presidencia del Consejo Permanente y que actualmente recae en Bolivia a través de su embajador, Diego Pary. En su obligado afán de hostigar a Venezuela, el propio Secretario General de la OEA corrompió los estatutos internos, violó las normas y además agita el intervencionismo en países soberanos (algo que la propia Carta de la OEA prohíbe y condena).

Ante este panorama disfuncional, lesivo del derecho internacional y de la soberanía latinoamericana —eternamente amenazada por un Estado agresor y militarista como Estados Unidos— la única solución posible sea, quizás, la ruptura. Solo generando una crisis diplomática de hondo calado y realizando una retirada masiva del organismo podremos reestructurar axiológicamente a la OEA. Esto es efectuar una ruptura conceptual para rediseñarla con valores de una verdadera equidad diplomática.

América Latina ya cuenta con un conjunto de países descolonizados y estructurados políticamente para resistir la confrontación norte-sur de manera orgánica y con posibilidades de triunfo estratégico. Sería un verdadero hito histórico que naciones, como Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Surinam, Granada, Santa Lucía, pertenecientes todas al ALBA, se retirasen pro témpore (por tiempo parcial) de la Organización, hasta que no se cumplan los requisitos mínimos de respeto a su carta fundacional y a la estabilidad interamericana. Y al igual que en muchas familias donde existen miembros abusivos, violadores o violentos, solo la acción de los abusados y la denuncia del violado pueden poner fin al ciclo de injusticias y doble moral que afecta al núcleo orgánico.

Si la OEA representa a la familia americana, habrá que producir la crisis necesaria —con todas sus consecuencias, pero también con sus frutos de madurez— para concluir con un prolongado ciclo de dominación y relativismo jurídico que —ya es hora— debe ser superado definitivamente.

No actuar bajo estos mandatos perentorios y continuar con una batalla retórica solamente prolonga el actual statu quo y reproduce la impunidad del abusador. Si en algo ha madurado América Latina en los últimos 70 años después de padecer golpes de Estado, genocidios, expolio económico e invasiones militares (todas calamidades diseñadas y perpetradas por Washington) quizás haya llegado la hora de demostrarlo con acciones concretas, valientes y ejemplarizantes, no exentas de riesgos: pero sin olvidar que solamente con valor y determinación profunda, el violado logra resistir y denunciar a su violador. Todo lo que se calle, lo que se mantenga oculto, o no produzca una crisis de superación le otorga la victoria al adversario.

* Escritor y periodista.