Nica Act, una propuesta irracional

Alberto Corona / PL

La resurrección de la llamada iniciativa de ley Nica Act por parte de un grupo de legisladores estadounidenses contra Nicaragua es vista aquí como una amenaza más, de las muchas que se han cernido sobre el país a lo largo de su historia.

Para el Gobierno sandinista este nuevo capítulo se inscribe en ese “afán de las mentalidades imperialistas” de apropiarse del territorio nacional.

La respuesta no se hizo esperar y el país cerró filas ante lo que calificó como una pretensión irracional, inoportuna e improcedente, que solo apunta a desestabilizar a un país donde las personas son prioridad.

En un comunicado, el Gobierno de reconciliación y unidad nacional denunció que dichos congresistas, identificados por sus posiciones radicales e injerencistas, pretenden vulnerar el derecho de Nicaragua a continuar desarrollando su modelo cristiano, socialista y solidario.

Modelo mediante el cual Managua estima que la democracia, el diálogo, las alianzas y la búsqueda de consensos garantizan tranquilidad, armonía social y esperanza.

Y es justo ahí a donde enfila sus lanzas la Nica Act con una propuesta que el Gobierno sandinista tacha de ciega, sorda e irracional.

“Concebida por mentes insensibles, mal intencionadas y cerradas completamente a reconocer el derecho de los nicaragüenses a vivir alejados de los conflictos de tiempos pasados”, advierte.

Qué es la Nica Act 
La Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, conocida coloquialmente como la Nica Act, es un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, condicionaría los préstamos y financiamientos de organismos internacionales a Nicaragua.

Resucitada por 25 legisladores —15 republicanos y 10 demócratas— seis meses después de una primera versión, la normativa exige de manera general al Gobierno de Nicaragua “restablecer” la democracia, “combatir” la corrupción y “respetar” los derechos humanos.

Solo sería suspendida, de acuerdo con sus promotores, si el Gobierno sandinista realiza elecciones ‘libres, justas y transparentes’, desconociendo así la institucionalidad y las leyes del país, y sobre todo la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses.

El 6 de noviembre, Nicaragua celebró elecciones generales y mostró al mundo su madurez cívica, elogiada por exmandatarios, congresistas, políticos y expertos de varias naciones que asistieron en calidad de invitados.

Por otro lado, organismos internacionales, Gobiernos y personalidades, entre otros, subrayan los avances del país, precisamente en materia de derechos, oportunidades y acceso, sin distinción de credo político, raza, género o religión.

Un mal ejemplo
Al parecer a ciertas élites de poder en Washington les molesta el avance que experimenta Nicaragua desde los últimos años, sobre la base de una política de diálogo y consenso como estrategia de desarrollo impulsada desde el Gobierno.

Una muestra de ello es la Ley de Asociación de Inversión Público-Privada dirigida a movilizar mayores recursos para la construcción de infraestructura, captar inversión, mejorar bienes y servicios, dinamizar la economía y la creación de un sistema público y transparente de licitación.

De esa manera la normativa habilita a los sectores estatal y privado a trabajar de manera conjunta en proyectos estratégicos y de interés nacional.

Los resultados económicos muestran un crecimiento sostenido por seis años consecutivos en torno al cinco por ciento del Producto Interno Bruto, al tiempo que las finanzas se mantienen estables y ganan solidez.

El presidente del Banco Central Ovidio Reyes manifiesta que las actividades de servicios, principalmente comercio, intermediación financiera y administración pública y defensa, seguidas de las agropecuarias e industria manufacturera crecen a buen ritmo.

A su vez dicha alianza y empuje económico sostenido ha permitido la ejecución de una serie de programas sociales, educativos, culturales y medioambientales de gran impacto hacia dentro y fuera del país.

Hacia lo interno nadie puede negar que se han restituido un sin número de derechos, como acceso a educación, agua potable, electricidad, caminos, viviendas dignas, créditos, alimentos y sobre todo al reconocimiento de los nicaragüenses como ciudadanos con plenos deberes y derechos.

En el exterior, la imagen del país se expande y abre nuevos espacios, respaldada por niveles de seguridad muy elevados, gobernabilidad y estabilidad política, condiciones que atraen a turistas, financiamientos, talentos, servicios, inversionistas, empresarios y hombres de negocios.

Falta mucho por hacer, pues las propias autoridades del país reconocen que aún se está lejos del ideal soñado, ya que los recursos disponibles son limitados, y muchas de las necesidades acumuladas.

También es una verdad tangible que no pocos han salido del umbral de la pobreza, han accedido a la educación, a la salud e incluso a fuentes alternativas de financiamiento para emprender una actividad que al menos garantice el sustento familiar.

Las ciudades crecen y se modernizan, los caminos y carreteras llegan hoy a lugares impensados y con todo ello se expande una ola de esperanza —algunos dirán lenta o baja—, pero que lleva consigo indudables beneficios y por supuesto nuevos retos y desafíos.

Nadie que conozca Nicaragua y la haya visitado indistintamente en el tiempo puede desmentir esa realidad, la Nicaragua de hoy no se parece a la de hace apenas 10 años.

Sin embargo, todos esos esfuerzos y logros alcanzados, que despiertan admiración y orgullo de propios y extraños, son un mal ejemplo a juzgar por las pretensiones de quienes reintrodujeron la Nica Act.

Un proyecto ideado seguramente en alguna aclimatada oficina que, de avanzar y aprobarse en la comodidad de Washington, pretende asfixiar a un pueblo.