En busca del ‘renacimiento’ de la justicia

Foto: Gonzalo Jallasi
Cientos de documentos son la prueba de la mora procesal en uno de los juzgados de La Paz.

Gonzalo Pérez Bejar

La justicia en Bolivia ingresó en un proceso de ‘renacimiento’ luego de estar por años en el ojo de la tormenta a consecuencia de las constantes denuncias relacionadas con la retardación, trabas procesales, credibilidad y corrupción. Por ello fue una decisión política que planteó transformarla por el bien de la población litigante.

Sin embargo, mucha de esa crisis aún sigue impregnada en los tribunales y entidades que dependen del Órgano Judicial del distrito de La Paz.

Por ejemplo, las filas persisten en Derechos Reales, donde todo se hace por cambiar, pero nunca se termina con el “vuélvase en 15 días” o la eventualidad de que quien corrige sus documentos lo llame a uno para que pueda ofrecer algo de dinero con el fin de que su trámite avance.

Juan José H. contó que hace más de tres meses se encuentra su trámite en esa repartición judicial y que ya son dos veces que le hicieron reponer sus documentos y además le exigieron Bs 100.

En algunos juzgados siguen los cobros de parte de los notificadores que para ir a efectuar su trabajo piden Bs 20. Si el lugar donde se debe realizar la notificación queda a más distancia, el monto subirá.

María E., que tiene un proceso en uno de los juzgados penales, indicó que le cobraron Bs 50 para ir a notificar hasta Chasquipampa.

El representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Williams Dávila, afirmó que desde hace años se trata de mejorar el mal endémico de la retardación, las trabas procesales, credibilidad y corrupción a través de la vigencia de una modalidad acusatoria a una oral, donde los operadores de justicia son los principales actores, pero no se encuentran a la altura de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

Una primera reforma fue implementada en el nuevo Código Procesal Civil (vigente desde febrero de 2016). La responsable de uno de los 22 juzgados en La Paz, quien pidió reserva de su identidad, afirmó que este nuevo procedimiento sirvió para que mucha gente deje de lado el pleito legal y opte por el acuerdo de partes para reducir la carga procesal en los juzgados y evitar erogar dinero en un juicio que podría durar años.

Cambio en la justicia
La justicia en Bolivia ingresó en un proceso de cambio, según el testimonio que dio el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, en la VI Reunión del Diálogo de Alto Nivel entre Bolivia y la Unión Europea (UE), en Bruselas, en febrero de este año, donde expuso los tres ejes de la revolución de la justicia boliviana.

El primero referido a un nuevo proceso de codificación para modernizar el sistema legal boliviano; el segundo eje es “la evaluación profunda de los operadores, respetando el principio de la independencia de poderes”; y el tercero consiste en “implementar de forma intensa las tecnologías de comunicación y manejo de información en todas las actividades”.

Otro paso se concretó con la remisión, por parte del presidente Evo Morales, de tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) (2 de enero de 2017) para erradicar la retardación y corrupción en la justicia boliviana.

Se trata del proyecto de Ley Básica de Conciliación Ciudadana y Municipal, además de dos propuestas para modificar la Ley de Ejercicio de la Abogacía y el Código de Procedimiento Penal. Dichos proyectos de ley son fruto de las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en Sucre, en junio de 2016.

La exministra de Justicia y actual directora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Virginia Velasco, explicó que todos los cambios que se pretenden realizar en la justicia buscan eliminar las malas prácticas que se dan en los juzgados, donde el juez perdió protagonismo ante los secretarios, oficiales de diligencias y pasantes.

“Los jueces hoy se dedican a realizar temas administrativos, como avales de fotocopias, temas de mandamientos que debieran ser de atención exclusiva en una oficina especializada”, afirmó.

Dijo que situaciones similares se presentan en el Ministerio Público.

“Las evidencias no las cuidan, se contaminan y por eso no pueden llegar a una verdad histórica de un hecho”, señaló.

Resoluciones
Velasco recordó que la Cumbre de Justicia dio 178 mandatos, los cuales fueron plasmados por el Ministerio del sector en un plan sectorial, diseñado con el Vicepresidente y el Gabinete Jurídico, sobre el paraguas de siete ejes estratégicos.

Uno de ellos es la celeridad para que los procesos judiciales sean más fluidos en cuanto a las notificaciones, clasificaciones, respuesta a memoriales. Esto incluye que las audiencias no se suspendan y se realicen con la implementación de los nuevos modelos de gestión judicial y que el fiscal cumpla con su labor.

La cobertura es el segundo eje estratégico. Se propone incrementar y redistribuir los despachos judiciales.

El tercer punto es el referido a la reingeniería. El objetivo es optimizar el sistema de justicia, separar las funciones administrativas jurisdiccionales, el control y evaluación continua, y especialización de jurisdicción constitucional.

La transparencia y lucha contra la corrupción hace al cuarto eje y en este se plantea la incorporación de la figura del agente encubierto para la investigación de los delitos.

También se prevé la videograbación como una prueba legal y válida en los delitos de corrupción, implementar el sistema de consultas en línea del Estado de las causas y la publicación de las listas de servidores de justicia sancionados por cometer estos ilícitos.

El quinto punto es la política criminal, se apunta a construir un sistema integrado de formación estratégica de fenómenos criminales; fortalecer y ampliar el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en todos los departamentos; priorizar el gasto público en seguridad ciudadana y construir tres infraestructuras penitenciarias.

La independencia es el sexto eje estratégico. En este se propone fortalecer el sistema sin injerencias internas ni externas, lo que incluye una nueva metodología de preselección de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, donde se valore más los méritos profesiones de los aspirantes.

En tanto, la séptima tarea se vincula a la gestión financiera, que buscará optimizar los recursos financieros. “Se debe valorar la construcción de infraestructura donde hay carga procesal o mucha demanda de la sociedad”, señaló Velasco.

Las reformas
A estas acciones se suman los ajustes que planteará el nuevo Código del Sistema Penal, el cual es analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En la iniciativa legal se plantea la oralidad plena, que las audiencias no se suspendan por ningún motivo, el abogado defensor que no asista será reemplazado por un defensor público y sancionado de forma disciplinaria con suspensión de su matrícula profesional. Si el querellante no asiste, se dará por abandono y continuará solo el Ministerio Público, si corresponde.

Además se proponen medidas alternativas como la detención preventiva con manillas electrónicas, retención de documentación, arraigo y prohibición de comunicación con el propósito de que el encausado no evada la ley.

Velasco afirmó que estas disposiciones deben ser parte de un conjunto de disposiciones que se discuten en la actualidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se deben efectuar las mejoras respectivas, tal como se determinó en la Cumbre de Sucre.

 

Criterios

  • El abogado penalista Wilson Serrano observó que uno de los principales problemas de la justicia boliviana es la corrupción, que la ejercen algunos operadores de justicia, no todos.
  • Afirmó que algunos jueces y fiscales utilizan la justicia como un medio para enriquecerse.
  • También aclaró que existen colegas suyos que distorsionan la norma para dilatar los procesos a través de las denominadas recusaciones a las autoridades, todo en beneficio propio.
  • Verónica Cuba, representante de las víctimas del sistema judicial, aseguró que la justicia en Bolivia “va de mal en peor, porque no existe respeto hacia los litigantes debido a que los operadores de justicia no aplican la ley como debería de ser”.
  • Cuba lamentó que se cuente con procesos cuyos juicios se iniciaron después de seis años de litigar en la etapa de instrucción, en medio de las constantes ‘chicanas’ de los abogados que juegan con la paciencia de las personas.
     

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La Paz: Conciliadores judiciales aliviaron la carga procesal

Los conciliadores en sede judicial lograron resolver el 20,4% de los casos ingresados en los últimos 12 meses, afirmó la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Carmen Del Río Quisbert (foto).

El 10 de febrero de 2016 se empezó a implementar el sistema de conciliación.

En el departamento de La Paz, 35 conciliadores se constituyeron en diques de contención de la enorme carga procesal para evitar que los conflictos, en materia civil, se resuelvan en un proceso de diálogo entre las partes, evitando que sus casos se conviertan en expedientes o procesos judiciales.

“Inicialmente, la Comisión de Implementación y Seguimiento del nuevo Código Procesal Civil había previsto que por ser el primer año resolveríamos no más del 11 por ciento de las causas; sin embargo, de 2.763 trámites ingresados resolvimos 564 (20,49%), éste es un indicador óptimo, considerando que estamos comenzando el proceso y que tenemos aún varias limitaciones técnicas, de materiales, infraestructura, socialización y capacitación que están todavía pendientes”, declaró.

Dijo que “esto representa que 564 conflictos en riesgo de convertirse en juicios prolongados han concluido, evitando así el incremento de la carga procesal y los niveles de conflictividad y litigiosidad”. 

Señaló que este “resultado es valorable, considerando que en muchos sectores sociales prima la cultura del conflicto, por lo que queda mucho por hacer para lograr la ansiada cultura de paz”.

Quisbert valoró la Cooperación Suiza y de la magistrada Maritza Suntura, sin cuya participación permanente “habría sido difícil implementar este nuevo sistema que logra disminuir la duración de los procesos, evita la sobrecarga de trabajo de los jueces y apoya a los ciudadanos a solucionar rápida y gratuitamente sus controversias, sin necesidad de abogados”.

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Berríos propone descentralizar la justicia

El expresidente del Tribunal Departamental de La Paz Juan Carlos Berríos Albizú (foto) lamentó que en Bolivia todo sea judicializado, hasta los mínimos problemas.

Frente a ello propuso una alternativa técnica jurídica: descentralizar la justicia como se hizo con los centros integrados en la ciudad de El Alto, que permitían agilizar los trámites de los procesos penales y civiles.

Partiendo de esta experiencia, Berríos propone en su libro Alternativas técnico jurídicas para encarar la mora procesal crear las salas especializadas en El Alto con efecto de ejercicio funcional en las provincias intermedias y capitales de provincia, con la finalidad de mejorar la administración de justicia sin desconocer la nueva Ley de Órgano Judicial 025 del 24 de junio de 2010.

Para ello sería importante crear las salas especializadas en materia civil, comercial, familia, niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar o doméstica y pública, penal, trabajo y seguridad social, conforme a competencias de la Ley del Órgano Judicial 2, referida al ejercicio de los tribunales departamentales y en este caso en la ciudad de El Alto, y con efecto de ejercicio funcional en las provincias intermedias donde existan casas de justicia, para que sea ahí donde se atiendan todas las apelaciones en materia penal o civil.