El decomiso de placas es un extremo

Los trabajadores del transporte público urbano de La Paz consideran “un abuso de autoridad” la emisión de boletas de infracción o el decomiso de placas sin la notificación al chofer. Desde hace días están movilizados, y sus protestas llegaron a las puertas de la oficina municipal de transporte. También se manifestaron en la calle Mercado, en el atrio del edificio central del municipio paceño, donde se encuentra la oficina del alcalde Luis Revilla.

No existe argumento que justifique la prepotencia y el abuso de las autoridades, de cualquier nivel, contra personas, gremios de trabajadores o simplemente vecinos de la ciudad. En el conflicto actual que mantiene el municipio paceño con los transportistas de La Paz claramente existe la necesidad urgente de instalar un diálogo para encontrar una solución razonable que ponga fin a las conductas arbitrarias de algunos funcionarios.

Las normas municipales no pueden volcarse contra los ciudadanos al punto de dañarlos en sus ingresos.

El decomiso de placas es un extremo que no debería aplicarse jamás, porque una medida de esa naturaleza equivale a quitarle al transportista la posibilidad de llevar el pan a su casa, se afecta el derecho constitucional al trabajo, un derecho humano. La necesidad de recaudar más recursos para cubrir gastos tampoco justifica la práctica del abuso y la prepotencia en ningún ámbito de administración estatal.

Es verdad que las instituciones públicas, como las alcaldías, tienen atribuciones conferidas por ley, pero las normas no pueden volcarse contra los ciudadanos al punto de dañarlos en sus ingresos, porque el decomiso de placas implica un impedimento. Lamentablemente las consecuencias de la acción extrema de las autoridades ediles las sufren las familias de los choferes, una realidad que no se puede soslayar.

En este contexto resulta obvio que los transportistas salgan a las calles en defensa de los suyos. Las autoridades municipales, que parecen no estar dispuestas a ceder a las peticiones de los transportistas, deben reflexionar y entender que el principio de autoridad no se ejerce con arbitrariedad ni con prepotencia, sino con voluntad política y diálogo. Cuando se recurre a medidas que rebasan todo límite, hay que establecer qué motiva semejantes decisiones, y en ese caso aparentemente el tema de fondo son los recursos, es dinero.