Introducción a la nueva ley antidroga

Santiago Delgadillo *

Esta nueva columna dirigida a usted, estimado lector, se ha propuesto divulgar el nuevo instrumento legal de lucha contra uno de los mayores flagelos sociales, políticos y económicos: el tráfico ilícito de sustancias controladas, y sus directos e indirectos efectos en la sociedad. Por ello, paso a paso se incidirá en la divulgación de los aspectos más sobresalientes de esta normativa.

Un sabio adagio popular reza que lo mal habido se lo lleva el diablo, lo cual en el contexto más inmediato se entenderá que la producción de narcóticos y el tráfico resultante acaban ciertamente fomentando el repentino enriquecimiento ilícito de ciudadanos inescrupulosos que caen en las redes del dinero fácil.

En este amplio contexto la novedosa normativa labrada por el Estado Plurinacional denota que la nacionalización de la lucha contra la producción y tráfico de estupefacientes tiene sus fundamentos en la necesidad de encarar una efectiva y eficaz lucha contra esta ilícita actividad. Representa, en suma, un desafío que ha sido resuelto gracias al redoblamiento de recursos financieros y humanos, los cuales fueron también sustentados por la desinteresada cooperación europea.

Ello queda sustentado por la aplicación de una serie de mecanismos orientados al logro de resultados en cuatro importantes áreas de gestión. La primera abarca el desarrollo de labores en el ámbito preventivo, integral e investigativo; la segunda enfoca el control y fiscalización de sustancias químicas controladas; una tercera comprende un régimen de bienes secuestrados, incautados y confiscados y, por último, la regulación de la pérdida de dominio sobre bienes mal habidos a favor del Estado.

Y, en aras del objetivo principal definido por la necesidad de alcanzar un estatus definido por la trilogía ancestral del ama llulla, ama qhilla y ama suwa, dicho más claro, el  paradigma de Vivir Bien, la finalidad de la Ley 913 de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas comprende también tres áreas de acción. 

Inicialmente la nueva norma promueve, protege y garantiza el derecho a la vida, la salud pública, la seguridad y soberanía del Estado contra los efectos perniciosos del tráfico ilícito de sustancias controladas. Después, regula el régimen de bienes secuestrados, incautados y confiscados al narcotráfico que, en último caso, apunta a extinguir el dominio de bienes como instrumento jurídico, real e independiente de la responsabilidad personal. Así se acaba conjurando el enriquecimiento ilícito y su goce inescrupuloso de aquellos bienes obtenidos a partir de actividades ligadas a la producción y tráfico de estupefacientes.   

En ese propósito, la Ley 913 promulgada el 16 de marzo es aplicada de forma indiferenciada a todos los estantes y habitantes del territorio en el entendido de que todos los ciudadanos muestran iguales responsabilidades y derechos ante las leyes. En este entendido, la normativa es también aplicable por antonomasia a todas las entidades estatales encargadas de la lucha contra el narcotráfico y también a instituciones públicas y privadas que desarrollan labores de prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración.

Además, como adecuado instrumento de interdicción orientado a poner freno al enriquecimiento ilícito, en este caso al llamado blanqueado de recursos provenientes del narcotráfico, la Ley 913 establece un marco regulatorio de la pérdida de dominio de bienes como instrumento jurídico real, tangible, que es ejecutado de forma independiente de la responsabilidad personal como recurso específico para impedir la consolidación y holganza de activos financieros y bienes materiales cuyos orígenes se encuentren relacionados con actividades vinculadas a la producción y tráfico de sustancias controladas. 

Por ello y como señalamiento del asidero constitucional de la nueva ley de lucha contra el narcotráfico, es preciso señalar que las competencias de esta norma se sustentan por lo determinado en el segundo parágrafo del artículo 297 de la Constitución Política del Estado.   

* Cnl. DESP Santiago Delgadillo Villalpando es director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).