Demostrar la culpa, no la inocencia

Delfín Arias Vargas*

El pasado 30 de mayo, dos jueces de un tribunal de sentencia de la ciudad de Santa Cruz sentenciaron a 30 años de presidio y sin derecho a indulto a Reynaldo Ramírez Vale, a quien inculparon por la violenta muerte de Verónica Menacho, pese a que el joven cochabambino de 27 años jamás conoció a la víctima y menos le quitó la vida.

Fue el 25 de noviembre de 2014, cuando en una casa de la radial 17 de la ciudad de Santa Cruz fue asesinada Verónica, de 22 años, y su cuerpo calcinado. Un espantoso crimen que conmovió a Bolivia toda.

Un fiscal y dos jueces instalaron un tribunal inquisidor y un inocente pagó con dos años y un mes de su vida la ineptitud de los ‘administradores de justicia’. Sin aportar prueba alguna, el primero lo imputó por feminicidio y los segundos, al asumir como cierta esa acusación infundada, violentaron los derechos de Reynaldo.

El joven fue condenado por un crimen que no cometió. Sus verdugos se aferraron a una supuesta semejanza física de Ramírez con el feminicida, luego identificado como Moisés Bascopé Zambrana, quien, tras ser capturado a mediados de mayo pasado en la población de Entre Ríos, confesó el atroz asesinato.

Reynaldo fue sentenciado a la pena máxima que prevé el ordenamiento legal boliviano, pese a que durante el juicio la Policía presentó un informe pericial que develaba que él no tenía ninguna semejanza con el aspecto del verdadero asesino de Verónica. 

El 17 de noviembre de 2015, el Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) presentó al fiscal y los jueces un informe que liberaba de pena, culpa y sospecha a Reynaldo Ramírez, pero esa prueba fue deliberadamente ignorada por el fiscal Delgadillo. 

No obstante de conocer esa pericia policial, el fiscal  de marras insistió en inculpar a Ramírez por la muerte de Verónica, y los jueces Janeth Mojica y Luis Alberto Paz, en un proceso viciado y fraudulento, condenaron a un inocente a 30 años de presidio sin derecho a indulto. Una tercera jueza se abstuvo de ser parte de esa gran injusticia.

A todas luces, Reynaldo Ramírez fue víctima de una maquinación fraudulenta que lo mandó a la cárcel. Dicho en otras palabras, la argucia, el artificio y el ardid judicial impidió que asuma plenamente su defensa.

Luego de permanecer por más de dos años con detención preventiva —como ocurre con al menos el 75% de la población carcelaria— en Palmasola, Reynaldo Ramírez Vale fue liberado por los propios jueces que lo habían sentenciado.

Empero, ¿cómo una persona inocente que jamás conoció a la víctima fue sentenciada abusiva y arbitrariamente? y ¿qué garantías tienen los ciudadanos si la administración de justicia está en manos de jueces y fiscales como los del caso que nos ocupa? 

¿Cómo se repara la dignidad y la honra de una persona inocente, víctima de una injusta detención carcelaria?, ¿cuántos acusados por la comisión de algún delito han sido y son tratados como un delincuente antes que un tribunal determine si es culpable o es inocente?, ¿qué pasó con el debido proceso y el juicio justo al que tienen derecho todas las personas?

En el marco de nuestra democracia es vital que el Estado, a través de los mecanismos jurisdiccionales, prevenga la comisión de delitos y castigue con el mayor rigor posible de la ley a los delincuentes, pero también garantice la presunción de inocencia de los acusados, derecho protegido por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado.

Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el numeral 1 del artículo 11, establece que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

La presunción de inocencia y el juicio previo son dos caras de una misma moneda: una persona es culpable sólo después que en un juicio justo y un debido proceso un juez declare su culpabilidad.

Es que todo ser humano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La culpabilidad es la que debe demostrarse, más no la inocencia, pues de no existir este principio lógico todos seríamos culpables hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual sería una vulneración a la dignidad y la seguridad de cada ser humano.

Dicho en otras palabras, en un proceso penal el derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena. Y el respeto a ese derecho es uno de los pilares básicos del sistema penal de una democracia.

Además, la absolución se da cuando una sentencia judicial dictamina que una persona no es culpable del delito por el que ha sido procesada, y lo contrario de una sentencia absolutoria es una sentencia condenatoria. Sin embargo, durante todo el proceso legal el acusado es considerado inocente.

La presunción de inocencia no pretende evitar que un delincuente sea procesado y castigado conforme a la ley, sino que es un derecho fundamental de toda persona acusada de un delito, sea el que fuera y tenga la gravedad que tenga, y debería estar presente en el proceso penal a lo largo de todas sus instancias.

No obstante, los jueces que procesaron y sentenciaron a un inocente no asumieron la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones de las partes, pese a que estaban obligados a apreciar libremente las pruebas de la Fiscalía conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la crítica o debida razonabilidad.

Es decir, como regla de juicio deliberadamente desconocieron que la presunción de inocencia despliega sus efectos en el momento de la valoración de la prueba, porque se encuentra ligada a la propia estructura del proceso y, en particular, a la declaración del hecho probado.

Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que son acusadas injustamente, tratadas como delincuentes aun sin haber recibido una sentencia, encarceladas y, cuando no se puede probar su culpabilidad, liberadas sin más? ¿Cómo queda afectada su vida, la de sus familias, de sus círculos sociales o laborales? ¿Quién tiene que responsabilizarse por esos encarcelamientos injustos y reparar, si es posible, los daños ocasionados?

En el caso que comentamos, lo que corresponde es que el Estado no sólo repare –de alguna manera– los daños causados a una persona inocente por un fiscal incompetente y dos jueces ineptos, sino que se los procese y se los castigue para sentar precedente y nunca más se violen los derechos elementales de una persona.

Ya lo dijo Gonzalo Boye, mientras no exista sentencia toda persona tiene el derecho a ser presumida inocente y a ser tratada como tal, porque en materia de derechos fundamentales no existen medias tintas ni equidistancia posible: o se respetan o se vulneran.

* Comunicador social y periodista. Fue profesor universitario.