El sistema judicial en la mala hora

Si hubiera una estadística que muestre resultados del trabajo del sistema judicial, seguramente corroboraría la profunda crisis de ese poder del Estado y allanaría el camino hacia una nueva reforma. Dos casos conocidos recientemente develan que algunos operadores de justicia no están preparados para impartir justicia, porque no tienen  conocimiento profesional y menos buen criterio y sana crítica.

Los llamados a administrar la justicia en el país otra vez están en el ojo de la tormenta. El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que los jueces Mery Janet Mojica y Luis Alberto Paz, que condenaron sin pruebas a Reynaldo Ramírez por feminicidio, además de Giovana Gómez Mendoza y Rubén Rivera Hurtado, que expusieron a careo a un niña de siete años con su agresor sexual, fueron destituidos.

El caso de Reynaldo Ramírez, un inocente condenado por error en 2015 a una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, generó indignación en la sociedad, desató un debate y cuestionamiento a las autoridades judiciales.

Ramírez fue absuelto por ser inocente y ahora comienza otra historia. Su abogado anunció que activarán todos los mecanismos legales para que su cliente reciba una indemnización por los daños ocasionados a su cliente y a la familia por los dos años que pasó en el penal de Palmasola, Santa Cruz.

El otro caso se refiere a los dos jueces que permitieron que una niña de ocho años comparezca en una audiencia ante un hombre acusado de haber abusado sexualmente de ella hace tres años, acción que también fue condenada. 

De acuerdo con el Código Niño, Niña y Adolescente, vigente desde 2014, la niña nunca debió ser sometida a ningún careo con su agresor, por lo tanto su actuación en este caso representa un claro desconocimiento de todos los valores, principios y mecanismos establecidos en la mencionada norma.

Estas  actuaciones causan preocupación en la sociedad porque muestran que, pese al avance en la aprobación de leyes para proteger a las mujeres y los niños, las autoridades judiciales las desconocen, lo que evidencia ignorancia, incapacidad y falta de compromiso con la sana administración de la justicia.