Verdadera integración

 

Democracia Directa

El presidente de la Corte Suprema de Chile, Hugo Dolmestch, confesó su extrañeza de que la justicia boliviana no haya procesado a los dos carabineros de su país que ingresaron, de manera ilegal, 7,5 kilómetros, a territorio boliviano.

Dijo que la decisión que asumió el presidente Evo Morales de restituir a los dos funcionarios es parte de las “estrategias de carácter diplomático que se utilizan” y que difieren del procedimiento que se aplicó en su país contra los dos militares y siete funcionarios de la Aduana boliviana.

Pero veamos los hechos. El 19 de marzo, carabineros chilenos detienen con violencia a nueve funcionarios bolivianos. A algunos de ellos los reducen y les disparan en los costados de los oídos. Todo porque perseguían a una caravana de contrabandistas, que, al ser descubiertos, regresó a territorio chileno. Habrían ingresado algo más de 500 metros a territorio chileno.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, emite la condena, pues los acusa de intentar robar nueve camiones. Como consecuencia, la Fiscalía acusó a los connacionales de los delitos de robo con intimidación y violencia, porte ilegal de armas prohibidas y, de forma sorprendente, contrabando.

La Paz insistió en una solución diplomática del incidente, sin embargo, la justicia de ese país, defendida por el canciller Heraldo Muñoz como independiente, ordenó la prisión preventiva de los connacionales en la cárcel de Alto Hospicio, donde permanecieron por 101 días. Los enmanillaron de pies y manos en las audiencias, hasta el último día de su detención y su posterior expulsión del país.

En medio del proceso, Chile negó la visa de ingreso a los ministros de Justicia, Defensa, a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores y al inspector general del Ejército, general Williams Kalimán. Pero además, La Moneda impidió la cobertura de medios de comunicación y obligó a un equipo de Bolivia TV a no realizar su trabajo. Se discriminó a la madre de uno de los funcionarios por el solo hecho de utilizar pollera.

La judicialización del caso concluyó con la declaratoria de culpables de los connacionales, los multaron con cerca de 50 mil dólares y les vetaron retornar a ese país entre 10 y 20 años, esto último en el caso de los militares.

Ahora veamos el proceder de Bolivia. El 7 de julio, dos carabineros armados ingresaron a territorio nacional, según dijeron, en persecución de un camión robado, el cual no fue encontrado. El presidente Evo Morales esperó un informe oficial, el cual determinó que entre el lugar de la interceptación del patrullero chileno y el hito fronterizo había 7,5 kilómetros de distancia.

Pese a que se certificó que los funcionarios chilenos cometieron los presuntos delitos de transgresión de frontera, resistencia a la autoridad e intento de fuga, contrabando y porte de armas, el Jefe de Estado determinó que éstos no sean remitidos a la justicia y ordenó su restitución a su país.

Durante las más de 50 horas que estuvieron en Bolivia, los carabineros recibieron no solo un trato humanitario, sino que se respetó su condición de funcionarios. Se les permitió contacto con la prensa chilena que arribó hasta Uyuni y entrevista con el senador de ese país Alejandro Navarro, quien tuvo todas las facilidades para su movilización.

Solo un subsecretario se contactó con el Ministro de Gobierno y no hizo gestión alguna para lograr la liberación de los carabineros. Solo dijo: “Lo que ustedes decidan”.

Cuando fueron devueltos a sus camaradas, el 19 de julio, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que los carabineros no son expulsados y les dijo que “siempre serán bienvenidos a nuestro territorio”.

Los hechos son irrefutables y son muestra clara de cómo una democracia funciona y da certeza de la verdadera política de integración, sin rencores, ni anclados en el siglo XIX.