Las recetas del FMI y el subdesarrollo programado

HOMBRES Y PROCESOS  CONTRARIOS A LATINOAMÉRICA 

Por Alejo Brignole

Para entender el funcionamiento del mundo que hoy vivimos no podemos dejar de analizar factores e instituciones claves que estructuran la mecánica global. Uno de ellos son los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Surgidos cuando la guerra contra la Alemania nazi estaba prácticamente definida, los países aliados occidentales (bajo la nueva hegemonía estadounidense) acordaron la necesidad de establecer nuevos acuerdos y generar instituciones renovadas para gestionar el inminente Nuevo Orden Mundial. Iba a ser necesario administrar las relaciones económicas del nuevo escenario y para ello se convocó a 730 delegados de 44 países, quienes se reunieron en el condado de Bretton Woods, en el estado norteamericano de New Hampshire, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Y aunque aún faltaba más de un año para finalizar la guerra, Estados Unidos comenzaba la tarea de reorganizar las relaciones diplomáticas y económicas bajo otras premisas. Los llamados Acuerdos de Bretton Woods serían, por tanto, el cimiento de la nueva hegemonía global.

Desde sus inicios, el FMI tuvo la finalidad formal y aparente de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la crisis financiera o quiebra de 1929 y contribuir así a mejorar el equilibrio económico internacional. No obstante, el rol oculto y su finalidad fue siempre —entre otras muchas— asegurar un esquema capitalista centralizado en las naciones industrializadas y que éstas poseyeran el grifo de las políticas monetarias en su propio beneficio.

Sin embargo, la creación del FMI y del Banco Mundial respondió a una necesidad mucho más específica entre dos potencias históricamente aliadas como Gran Bretaña y Estados Unidos, para que éstas pudiesen penetrar en mercados que antes de la contienda estaban cerrados, así como abrir nuevas oportunidades a las inversiones estadounidenses en el extranjero, eliminando las restricciones de flujo al capital transnacional.

Para ello, en 1941 ambas naciones habían redactado La Carta del Atlántico, o Carta Atlántica, firmada el 14 de agosto de 1941, a bordo del crucero USS Augusta, entre el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Actualmente se considera ese documento como el prolegómeno estratégico plasmado cuatro años más tarde con la creación de otras entidades como la OTAN.

Entre los puntos acordados estaba el de promover la libre navegación de todos los mares del mundo y llevar las ideas librecambistas a todos los rincones del planeta, lo que constituía, en rigor, una proclamación de ideas hegemónicas maquilladas de libertad, cuando en realidad estas dos potencias navales e industriales buscaban eliminar barreras a sus productos. El FMI resultaría una pieza clave en esta nueva arquitectura económica y estratégica. Podríamos decir que el organismo crediticio fue estructurado como un instrumento de economía política para asegurar la dependencia de los países menos desarrollados. Algo que sería demostrado una y otra vez a lo largo de las siete décadas de su existencia.

Algunas características del FMI hoy resultan insoslayables para cualquier analista imparcial: es una entidad que responde a intereses corporativos de los países industrializados e implementa sus medidas para lograr efectos y consecuencias muy claros a nivel global.

Una de sus principales políticas fue endeudar a países periféricos para crear condiciones artificiales de dependencia económica y sometimiento financiero. Esto permitió al FMI imponer monitoreos verticales a las economías débiles, principalmente en América Latina, África y Asia, y exigir programas privatizadores, políticas monetarias y aperturas desiguales de mercados para las manufacturas de los países industrializados. Mediante el recurso espurio de inyectar dinero en economías exhaustas, el FMI impuso —sobre todo a partir de 1980— recetas macroeconómicas destructivas del aparato industrial de países con una fuerte producción, como Argentina, México o Brasil. Todo ello mientras estas naciones (junto con el resto) transferían recursos financieros a la entidad, que cobró durante décadas intereses usurarios con tasas de interés dispuestas unilateralmente, pauperizando así economías potencialmente saludables de países con grandes recursos (Brasil, Bolivia, Argentina o Nigeria pueden servir de ejemplos).

No en vano los principales procesos deudores de países latinoamericanos con acreedores externos —el FMI o el Banco Mundial— se produjeron durante dictaduras o gobiernos de derechas, que son los que acatan las órdenes y los diseños que Washington dimana para nuestra región. No fue casualidad que históricamente el FMI haya impuesto a nuestras economías una reducción del gasto público (menos presupuestos educativos, de salud y fomento industrial), y en la desregulación de los mercados internos, tornándolos permeables a la saturación de manufacturas de los países ricos en detrimento de la industria local.

También el FMI interactúa en muchos otros campos estratégicos, como el militar y el industrial-farmacéutico, inyectando créditos a cambio de imponer la eliminación de proyectos nacionales armamentísticos, investigativos o energéticos-nucleares. El proyecto Cóndor en Argentina —que era líder regional en la industria aeroespacial antes de la década neoliberal de Carlos Menem— fue totalmente desmantelado por exigencias del FMI. El reconocimiento de patentes medicinales en posesión de la industria estadounidense también es, mucha veces, un requisito sine qua non para recibir o ampliar créditos multilaterales. Incluso el FMI redacta modelos de leyes que luego deben ser aprobadas por los respectivos cuerpos legislativos nacionales, autorizando la utilización de agroquímicos experimentales de multinacionales norteamericanas, o imponiendo el uso de semillas transgénicas con patentes estadounidenses, como ocurre hoy en Brasil, Perú, México y Argentina.

Mediante estos mecanismos, el dinero aportado por el FMI, supuestamente creado para mantener relaciones equilibradas entre sus 189 naciones miembro, se convierte en un instrumento de dominación imperialista y sujeción neocolonial. Por eso en 2002 el presidente argentino Néstor Kirchner y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva avanzaron en la creación de un Banco del Sur, para que nuestras naciones no tuvieran que someterse a las extorsiones geopolíticas de un organismo tutelado desde los países sumergentes, impulsores de asimetrías estratégicas y subdesarrollo estructural. 

Por eso la derecha latinoamericana que representa a sus oligarquías siempre tiene prisa por volver a las políticas crediticias del FMI, que exige a estos gobiernos someterse a su control. El reciente caso más emblemático quizás lo veamos en el gobierno de Mauricio Macri, en Argentina, país que se había liberado de la tutela del FMI pagando toda su deuda, y que Macri nuevamente sometió a sus dictados, endeudando a la nación con acuerdos que tendrán vigencia durante los próximos cien años. La lucha contra el FMI es por tanto una contienda ideológica —y no sólo económica— entre colonizados y emancipados. Entre los entregadores de su pueblo y sus verdaderos defensores.