Romero: Petición de Adepcoca carece de fundamento jurídico

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ayer en conferencia de prensa.
Foto: Carlos Barrios

José Guzmán / Cambio

La petición a un debate internacional con el presidente Evo Morales, presentada por el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, carecería de fundamento jurídico, ya que intenta derribar tres artículos de la Ley 906 que están respaldados por el artículo 384 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer en conferencia de prensa que la legalización de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca está incluida en el artículo 384 de la Carta Magna.

Dicho artículo indica: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

Sobre esa base, la autoridad gubernamental expresó que la constitucionalización de los artículos de la Ley 906 de la hoja “no forma parte de la declaración o de la carta de derechos y garantías constitucionales del ordenamiento constitucional, sino que está dentro de una política estatal en materia económica y social”.

De ese modo, trasladar el debate planteado por Gutiérrez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no corresponde porque “no forma parte de la declaración de los derechos humanos”.
Según el Ministro, la norma sería volver a la erradicación bajo la Ley 1008, lo que provocaría enfrentamientos entre campesinos de Yungas y del trópico cochabambino.
La autoridad recordó que Gutiérrez firmó un acta de entendimiento con el Ejecutivo en el que aceptaba los contenidos de la Ley de la Coca.
Sin embargo, el dirigente de Adepcoca manifestó su rechazo a la legalización de dichos puntos de la norma y apeló a la CIDH, además de amenazar con movilizaciones en la ciudad de La Paz.

Ante ello, Romero remarcó que el Gobierno “espera que se imponga la conciencia” en quienes quieren inviabilizar la Ley 906 e hizo un llamado público a que “cumplan sus compromisos y que respeten la voluntad de Yungas y del Chapare”.