Efecto político del dictamen legal

Hay un nuevo escenario político a partir del fallo de la Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El Presidente acudirá a una nueva contienda electoral con el respaldo de obreros, campesinos, indígenas y los movimientos sociales, y desafía a la oposición a prepararse para las elecciones presidenciales en 2019.

El fallo no es sólo para el Presidente y Vicepresidente, como erróneamente pretende hacer creer la oposición. El dictamen del TCP da curso a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición, que restituye los derechos políticos de autoridades nacionales y subnacionales.

En otras palabras, es una resolución que se encuadra en la Constitución Política del Estado que, al eliminar las restricciones a la repostulación, también reconoce el principio democrático porque habilita a todas las autoridades electas a nivel de gobiernos departamentales y municipales.

¿Cómo se debe interpretar el fallo del tribunal? Como una determinación que se funda en la verdad porque analizó cuidadosamente los argumentos esgrimidos en la acción legal presentada en septiembre. Jurídicamente, según el presidente del TCP, Macario Lahor Cortez,  se “ha dispuesto la aplicación preferente de convenios internacionales con relación (a la Ley del Régimen Electoral), como lo dispone el artículo 256 de la Constitución Política del Estado (reconoce y privilegia los tratados internacionales en referencia a los derechos humanos)”.

Más allá de lo estrictamente legal y su efecto político, también se alienta una expectativa porque es una noticia que da confianza y esperanza a la mayoría de la población, fiel testigo de un proceso de reformas que ha transformado el país en once años de gestión gubernamental.

En las últimas semanas, personas de diferentes sectores de la sociedad salieron espontáneamente a las calles en los nueve departamentos del país para expresar su respaldo al Presidente y a la acción legal por la repostulación porque hay conciencia de que hay un Gobierno que prioriza el interés nacional. Las adhesiones a la acción legal por la repostulación también reflejan este sentimiento.