Magistrados electos deben crear la nueva estructura judicial

El 3 de enero de 2012, los magistrados electos en las urnas. El 11 de octubre de 2011 juraron a sus cargos.

Fernando del Carpio Z.

La forma en la cual se llevó adelante la fase de preselección de candidatos a las cuatro instancias judiciales fue reconocida por profesionales vinculados al área del derecho, y en ese marco consideran que su desempeño puede ser más eficiente con relación a los que concluyen su mandato este mes. 

La oposición, que participó en esa crucial etapa, decidió en la recta final del proceso eleccionario marginarse y convocar al voto nulo, que tal como lo establece el artículo 161 de la Ley 026 del Régimen Electoral es uno de los tres tipos de voto reconocidos, junto con el válido y el blanco. 

Para el abogado Eusebio Gironda Cabrera, con vasta trayectoria judicial, el mecanismo  utilizado es nuevo y estuvo  mejor organizado respecto a  la primera elección judicial (2011), en la que se improvisó bastante, mientras que ahora la mayoría de los postulantes tiene trayectoria reconocida. 

“Este tipo de elección es única, en el mundo no se aplica este mecanismo. Si se lleva adelante en los marcos establecidos, no habrá problema para augurar una justicia que beneficie a los que la requieren”, remarcó.

Marcelo Viruez Yapur, abogado constitucionalista y docente universitario, señaló que el procedimiento utilizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional fue exigente y, analizando el perfil de gran parte de los postulantes, se constata que todos tienen especialidad, diplomados, maestrías, docencia universitaria, publicaciones.

“Desde el punto de vista técnico, se puede garantizar que el procedimiento desarrollado asegura que los postulantes cumplen con el nivel de experticia de ser magistrado. La ciudadanía los conoció en coloquios, por los medios de comunicación o redes sociales”, afirmó. 

El abogado Julio Velásquez B., con más de 15 años en ejercicio libre de la profesión, reconoce que para estos comicios se postularon hombres y mujeres de leyes con trayectoria, y esa situación hace prever un mejor desempeño en los cargos de la justicia. 

Advirtió que, sin importar el porcentaje de votación que se registre, los que obtengan más votos serán posesionados y estarán en funciones los próximos seis años. Confía en que los electos no responden a intereses políticos sectarios, sino a una real administración de la justicia, como lo espera la mayoría de los bolivianos y bolivianas.

Cambios y reingeniería
Gironda refiere que los cambios y sobretodo la mejora en la administración de la justicia no dependen de la elección, sino de la profesionalidad y de la conducta de los elegidos, así como de la aplicación correcta de las normas vigentes.

“La responsabilidad está en cada uno de ellos, en quienes tienen que aplicar la ley, evitando la corrupción, el manoseo de la justicia y aplicando la ley sin mirar la cara”, aseveró. 

En tanto, Viruez dijo que corresponde que las autoridades electas hagan una reingeniería institucional, modificando los procedimientos, la metodología de trabajo, ya que los códigos y leyes vigentes, como la Ley de Organización Judicial, el Código Procesal Constitucional, son de avanzada y deben aplicarse. 

Velásquez estima que la estructura judicial será remozada con las nuevas autoridades, pero  los cambios deben llegar a los demás niveles (departamental, regional), y para ello se tienen que implementar rigurosas evaluaciones, tarea que debe encarar el Consejo de la Magistratura. 

Además es necesario que  vaya acompañado de una periódica capacitación a los funcionarios, concienciando para que se eliminen los tradicionales cobros que se efectúan, pese a los letreros que se colocan en los juzgados, en los que se prohíbe todo tipo de cobros, pero es lo primero que ocurre, es “el germen de la corrupción”.

Códigos Morales
Con la vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil, así como del Código de las Familias, y con la próxima aprobación del Código del Sistema Penal, regirán en el país los Códigos Morales.

La nueva legislación está en pleno desarrollo y, para Gironda, tiene que haber concordancia entre las normas y la actuación del juez. “Hay muchos elementos positivos que se tienen que aplicar. La sociedad espera que los elegidos apliquen la ley y una nueva justicia”, aseveró. 

Para Viruez, los magistrados tienen que implementar todos los métodos y cumplir con la descentralización, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante la creación de nuevas salas departamentales para que el trabajo de los jueces del tribunal de garantías constitucionales del Órgano Judicial sea asumido por dichas salas.

Esa situación, según el jurista, posibilitará que tanto los jueces como los vocales departamentales tengan tiempo para resolver los casos que les competen y no para acciones de defensa de libertad u otras que por especialidad deberían estar en el TCP. 

Otra tarea importante, según Viruez, es dar certidumbre con relación a las líneas jurisprudenciales, y en esa dirección posibilitar que esa aplicación sea extensiva a los abogados y población. 

El abogado Velásquez coincidió, pese a que eran entrevistas separadas, en que la legislación aprobada durante la administración del presidente Evo Morales debe ser adecuadamente aplicada, pero la tarea no será fácil si se mantiene la actual estructura.

Además, el Ministerio Público tiene que ser parte de la nueva aplicación judicial, porque si no acompaña, generará una serie de inconvenientes, ya que las deficiencias también se dan en ese nivel y ocasionan perjuicios.

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Diferencias 2011-2017

  • Las primeras elecciones judiciales se efectuaron el 16 de octubre de 2011.
  • Participaron 26 candidatos al Tribunal Agroambiental (TA), de los que se eligió a 7. Hoy se elegirá a 5.
  • Al Consejo de la Magistratura (CM) pugnaron 14 y se eligió a 5, ahora solamente a 3.
  • Al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) postularon 28 y se eligió a 7, ahora se elegirá a 9, uno por cada departamento. 
  • Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se habilitó por cada departamento a seis candidatos (tres varones y tres mujeres), ahora son cuatro. Serán elegidos 9, uno por departamento.
  • El tiempo de mandato de las nuevas autoridades judiciales es de seis años.
  • Nueve para el Tribunal Supremo de Justicia y nueve para el Tribunal Constitucional Plurinacional.