Bolivia reafirma la preferente aplicación del Pacto de San José

El ministro de Justicia, Héctor Arce, durante su intervención en el foro de la OEA.
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Roberto Medina Buezo / Cambio

El ministro de Justicia, Héctor Arce, reafirmó a nombre de Bolivia el compromiso indisoluble y característico del Estado, plasmado en su propia Constitución, de respeto y aplicación preferente del Pacto de San José de Costa Rica.

La afirmación la hizo en el Foro Internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, realizado entre el lunes y martes en instalaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington, Estados Unidos, y organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Aseguró que el desarrollo del catálogo de derechos humanos en la región fue posible gracias a un instrumental interpretativo “altamente garantista” en el Pacto de San José, en los principios generales del derecho internacional y en los sistemas legales a través de los altos tribunales.

“Los tratados en derechos humanos no se conciben en la tradicional idea de pactar obligaciones y derechos funcionales a los Estados, sino que los Estados ceden su poder ante la libertad, dignidad e igualdad humana, obligándose de manera total respecto a toda la comunidad internacional”, dijo.

Señaló que el Pacto de San José de Costa Rica debe considerarse como la piedra angular del sistema de derechos humanos de la región americana porque “gracias a su sencillez, sustancia y flexibilidad ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera cada vez más amplia y favorable, empleando un instrumental de principios que ha desarrollado un sistema integrador de derechos progresivos”.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

Arce manifestó que la Corte Interamericana aplica una interpretación basada en el derecho internacional, aplicando una interpretación preferente y progresiva de la convención. 

“A diferencia de otras constituciones contemporáneas en la región, la Constitución boliviana es una de las más progresivas en cuanto al reconocimiento de derechos y el establecimiento de garantías para efectivizar su cumplimiento”, dijo.

Aseveró que Bolivia, a través del artículo 256 de su Constitución, hace prevalecer por sobre la Carta Magna la primacía y vigencia de los derechos humanos como característica fundamental del Estado, renunciando incluso a la propia supremacía del texto constitucional.