Procuraduría sustancia 165 casos para recuperar recursos

El procurador general del Estado, Pablo Menacho.
Cambio

 

Fernando del Carpio Z. / Cambio
La Procuraduría General del Estado (PGE) procesa 165 casos, entre ellos por malversación de fondos e incumplimientos de contrato y de deberes, en los tribunales nacionales con el propósito de recuperar recursos para el Estado.  

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, en una entrevista con Cambio, explicó que a partir de la modificación de la Ley de la Procuraduría, la entidad participa directamente como abogado defensor en tres tipos de procesos: penales, civiles y coactivos fiscales.

“A partir de esa resolución hemos conversado con los nueve tribunales departamentales de justicia, que han instruido a sus jueces y tribunales que notifiquen a la PGE en los procesos de 7 millones de bolivianos en adelante, pero no hemos esperado a que terminen de notificar, sino que ya nos apersonamos como PGE en todos los procesos, que ya alcanzan a 165”, informó.

Menacho dijo que si bien el registro obligatorio de procesos al Estado refiere que son más de 200 que superan esa cuantía, “muchos de ellos son entre instituciones públicas, y cuando son procesos entre entidades públicas, la PGE no participa como abogado del Estado porque tendría que apoyar a ambas partes”.

“Los que se están sustanciando son los 165 procesos, en los demás estamos solicitando el desarchivo y la reactivación con el fin de que nos acerquemos y en su caso reencauzarlos”, explicó.

Los procesos datan de hace 5, 10, 15 y 20 años, y el Procurador advirtió que en el caso de  coactivos fiscales no se llevaron adelante los resguardos necesarios para la recuperación del daño.

“Por ejemplo, no se solicitaron medidas cautelares de carácter patrimonial ni anotaciones preventivas, confiscaciones, etcétera. Lo que permitió a las personas en la década de los 80 y 90, antes de que se inicie el proceso, esconder su patrimonio con el fin de no reponer el daño causado al Estado”, apuntó.

Todas estas situaciones son objeto de análisis, según la autoridad del Estado, para determinar “en cuáles procesos se puede conseguir una tutela efectiva y cumplir el objetivo, que es la recuperación del daño y cuáles de plano hubiesen quedado en total indefensión”.

 

El objetivo es reparar el daño causado al Estado

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, dijo que comenzaron los procesos, y en ese marco se esperan las primeras sentencias lo más antes posible. 

La Procuraduría ha estado evaluando el trabajo de las direcciones jurídicas de las instituciones públicas, y analiza  varios parámetros para establecer “si hubo  impulso procesal, que no se haya dejado que el caso esté durmiendo, que se hayan presentado recursos necesarios e idóneos y que la fundamentación de los memoriales hubiese sido suficiente”.

“Desde que entramos, (como PGE) tenemos que cumplir con ese tipo de estándares. Uno de los primeros casos que trabajamos es asegurar la tutela judicial efectiva, es decir llegar a la sentencia, a la que muchas veces se llega, pero no a la reparación del daño causado al Estado”.

“Lo que queremos es que la sentencia venga acompañada con la posibilidad de recuperar el daño, que esa persona que causa un daño pueda resarcir, compensar o indemnizar al Estado boliviano por el daño que causó”, aseveró. 

Menacho dijo que el principal objetivo es que el daño causado sea reparado, y en el caso de las medidas cautelares de carácter personal la detención preventiva es cuando no hay otra alternativa, “lo primero que haremos es que se asegure la reparación del daño”, añadió.