[Opinión] La Corte y el mar

Democracia Directa

En cuestión de semanas, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) volverán a sesionar en el Palacio de la Paz, en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

Hasta ahí llegará Nawaf Salam, el nuevo integrante del principal órgano judicial de las Naciones Unidas, donde se desarrollará la recta final del proceso por la demanda marítima boliviana.

Los 16 jueces definirán el calendario de actividades para esta nueva gestión y, en consecuencia, fijarán las fechas para las audiencias orales sobre la demanda marítima boliviana, que se realizarían el primer semestre de 2018.

Los equipos jurídicos de Bolivia y Chile, liderados por sus agentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Claudio Grossman, respectivamente, acudirán a defender sus posturas sobre la razón de fondo del proceso que la propia CIJ estableció con claridad: “determinar si Chile está obligado a negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y, en caso de que dicha obligación exista, si Chile la ha incumplido”.

Chile niega esa supuesta obligación y, al igual que lo hizo cuando presentó su fracasada excepción preliminar para apartar de la jurisdicción de la Corte la demanda marítima boliviana, apela a la táctica de generar una preocupación mundial.

Grossman, el tercer agente de Chile desde que se inició el proceso en 2013, sostiene que no puede existir una obligación jurídica de un país por conversaciones establecidas con otra nación sobre distintos hechos.

Alega que “no es posible construir relaciones de buena vecindad que tiene un país con otro, no es posible construir del hecho de que los países conversen una obligación de carácter jurídico. Eso tendría consecuencias muy serias no sólo en la relación entre Chile y Bolivia, sino en las relaciones internacionales en general. Imagínense si usted habla con sus vecinos, si cualquiera de los que están escuchando habla con sus vecinos y el vecino dice: bueno eso genera una obligación de conversar. Sería muy bueno para los abogados porque tendríamos que tener un abogado presente en cada conversación” (La Tercera 19 de julio de 2017).

Sin embargo, no se trata de simples conversaciones, como intenta mostrar el agente chileno. No son diálogos de personas comunes en un café de cualquier ciudad. Son, más bien, autoridades, embajadores, cancilleres y presidentes que no sólo se sentaron a hablar de meras intenciones y buenos deseos, sino sobre hechos concretos y una meta clara: encontrar una solución a la mediterraneidad que enfrenta Bolivia desde la invasión chilena de 1879.

Por sólo referir un hecho puntual, veamos la nota firmada por el canciller chileno Walker Larraín del 20 de junio de 1950, por la que Chile reconoció y validó todos los ofrecimientos y compromisos previos y de la cual emergió el compromiso chileno en los siguiente términos: “…mi Gobierno será consecuente con esa posición y que, animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico”.

El Ministro chileno fue muy claro, al igual que el embajador Manuel Trucco, quien en 1961 actualizó y ratificó el acuerdo alcanzado mediante las notas del 1 y 20 de junio de 1950. Dicho memorándum estableció que: “Chile ha estado siempre llano, junto con resguardar la situación de derecho establecida en el Tratado de Paz de 1904, a estudiar, en gestiones directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta y los intereses de Chile”.

Como éstas, hay una infinidad de “acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones” oficiales que asumieron autoridades chilenas para resolver el enclaustramiento forzado que vive Bolivia, y  que hoy los actuales residentes de La Moneda intentan negar. Pero no serán ellos quienes valoren estas pruebas ni emitan un dictamen, sino la Corte.