Irracionalidad total y sintomática

Víctor Gutiérrez Flores *

Pocas veces en la historia de los conflictos sociales desatados en Bolivia se pudo observar semejante irracionalidad como la que tenemos hoy día al frente nuestro, y ésta no es otra que la referida al conflicto médico, que se inició bajo la demanda de la derogatoria del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano que, dicho sea de paso, recién comenzará a regir una vez que haya transcurrido 18 meses a partir de su promulgación. Es decir que, en términos prácticos, el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano recién comenzará a aplicarse a partir de julio de 2019.  Entretanto, esos 18 meses servirán para instaurar todo un proceso, vacatio legis, previo para su implementación; proceso que pasa desde dotar de los suficientes recursos económicos para abordar esta profunda transformación en todos sus ámbitos. Es decir, en términos de infraestructura, en lo relativo a capacitación de todos los operadores de justicia (jueces, fiscales, abogados, policía), así como en cuanto a difusión, educación e información se refiere de la ciudadanía toda.

Proceso educativo que deberá pervivir por siempre. De la misma manera que este lapso de tiempo (18 meses) también servirá para hacer una labor conjunta con las universidades del país a fin de que estos centros de educación superior se adecuen a la nueva realidad y en consecuencia diseñen el nuevo perfil de abogados que de aquí en adelante necesitará el país.

La demanda en sí misma (derogatoria del Art. 205 del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano) es algo que desde nuestro punto de vista no se justifica si en verdad asumimos el papel de ser verdaderamente objetivos, y sobre todo si actuamos sin ningún interés subalterno, dado que muy brevemente podemos decir que su contenido es más bien un artículo que otorga bastantes garantías, así como protege la labor de los médicos, a quienes la legislación penal todavía vigente sí deja completamente librados a su suerte, quienes hoy día ante un evento médico no satisfactorio son inmediatamente encausados ya sea por ‘homicidio culposo’ o por ‘lesiones graves y gravísimas’. Sometidos por tanto ante un juez y casi inmediatamente remitidos a la cárcel pública en cuyas circunstancias los galenos se han visto muchas veces a merced de abogados inescrupulosos que, en connivencia con las supuestas víctimas, los someten a verdaderos actos de extorsión que no sólo acaban con su carrera profesional; sino que también terminan con su patrimonio al exigirles sumas de dinero cuantiosas como forma de transacción que los libere de la prisión.

Pero ocurre que nada de esto se considera o valora a la hora de analizar la situación vigente al presente. Por el contrario, durante estos más de cuarenta días que ya lleva el conflicto, sus promotores se han encargado de desvirtuar o desnaturalizar las causas aparentes que han generado el conflicto como tal. A tal punto que han llegado al extremo de politizar su demanda al utilizar la misma como un ‘medio de articulación’ de los diversos sectores de oposición política al Gobierno.  De ahí que casi inmediatamente de desatado el conflicto los eternos enemigos de la patria (sectores político-partidarios que responden a los esquemas gubernamentales del pasado que aún no terminan de ser sepultados en el país, así como algunos dirigentes sindicales eternos que históricamente le han hecho y continúan de manera ininterrumpida haciéndole juego a la derecha política boliviana), han sumado sus voces de protesta para juntos hacer un verdadero coro que ya no sólo demanda la derogación del Artículo 205 en cuestión, sino que ahora se plantean otro objetivo la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal boliviano. Tamaña consigna es ya la demostración más completa de la irracionalidad en el manejo del conflicto médico. Así como van las cosas no nos sorprendamos si mañana se suman al pedido de abrogación del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, las más temibles bandas de atracadores y asaltantes que operan en Bolivia, así como con seguridad desde bambalinas trabajarán en ese objetivo consorcios de jueces y abogados corruptos que durante todos los años de vida que la nación se han dedicado a hacer de la justicia boliviana el medio más rentable para su enriquecimiento ilícito.

En estas circunstancias consideramos que el Estado boliviano y sus gobernantes de hoy día no pueden dar un paso más atrás, lo que implica manifestar que si pese al pedido del Presidente del Estado Boliviano de derogar los artículos 205 y el 137, que  no es aceptado por los dirigentes médicos, el Gobierno como tal debe acudir a hacer respetar el estado de derecho vigente y en consecuencia adoptar las medidas más aconsejables, y que el ordenamiento vigente le permite aplicar como forma de resolución de los conflictos, a fin de evitar que los enemigos de Bolivia, la anti-nación en sí misma, continúen haciéndole más daño al país.

Éste es también un momento importante para que el Gobierno no permita que la impostura, la demagogia y la irracionalidad se impongan, para ellos no tiene más que hacer que el ordenamiento legal vigente se imponga y aplique.

*Diputado nacional