Del 205 a todo el Código, ¿y mientras?

Víctor H. Morales Martínez *

Existe un claro afán de recurrir a interpretaciones que desinforman malintencionadamente para sumar apoyo que permita abrogar toda la norma. Entretanto, el perjuicio para la ciudadanía continúa.

Como pocas veces se había visto, terminamos y empezamos un año con un conflicto social en el país, encabezado por el sector médico, que inicialmente cuestionaba el artículo 205 del Nuevo Código del Sistema Penal. Sin embargo, pese a la aceptación del Gobierno para su derogación, la demanda ahora apunta a su abrogación, incluyendo a cada vez más sectores en este propósito. 

Llama la atención cómo es que suman las voces que cuestionan partes del Nuevo Código, azuzados por políticos y analistas que, se supone, lanzan sus observaciones con conocimiento de causa. Sin embargo, no faltan quienes, en ese afán, emiten opiniones amplificadas por algunos medios que son claramente rebatibles, lo que demuestra cierta intencionalidad de desinformar, además de causar descontento y alarma entre la población.

Una de esas opiniones, que fue publicada por un medio de prensa escrito el pasado fin de semana, fue efectuada por un “experto” en el área tributaria, con reconocida trayectoria, que incluye su paso como autoridad en una entidad del sector público. 

Para este experto, el Nuevo Código Penal, en el ámbito tributario, cuenta con dos observaciones. La primera es que suprime el dolo en la tipificación del delito, de manera que “…cualquier persona puede ser sindicada por la comisión de defraudación tributaria”, y por lo mismo ser sancionada con la privación de libertad sin que haya cometido un acto de mala fe. La segunda es que el artículo 174 de la nueva norma endurece las penas e incrementa el quantum de las multas de 10 mil a 250 mil unidades de fomento de vivienda (UFV). 

Para quienes se preguntan si esto es cierto, déjenme decirles que no, y sólo hace falta revisar la nueva norma para comprobarlo.

En el primer caso, no suprime el elemento doloso en la comisión delictiva.  En realidad, como se establece en el artículo 174 de este Nuevo Código, el delito de defraudación tributaria es doloso en sí, es decir solamente alcanza a un acto realizado con conocimiento y voluntad de producir un resultado lesivo o de poner en peligro concreto la recaudación tributaria, que es destinada a satisfacer el interés público; en otras palabras sólo penaliza a quienes obran “de mala fe”. 

En ese sentido, no cualquier persona será sindicada por la comisión de defraudación tributaria, lo que da pie a aclarar la segunda observación de este ‘especialista’.

Con el nuevo Código, las conductas dolosas serán configuradas a partir de importes superiores a 250 mil UFV (más de medio millón de bolivianos) para la defraudación tributaria, y de 200 mil UFV (aproximadamente 440 mil bolivianos) para la defraudación aduanera (artículos 174 y 175). 

Estos montos, que son base para la configuración de delitos, resultan ser mayores a los fijados anteriormente en el Código Tributario, de 10 mil UFV (22 mil bolivianos) para la defraudación tributaria y 50 mil UFV (110 mil bolivianos) para la aduanera.

De esta manera, el Nuevo Código Penal busca castigar con mayor severidad sólo a los grandes evasores, quienes con su accionar causan daños económicos graves al Estado y no así a pequeños comerciantes, consultores o profesionales como malintencionadamente manifiestan algunos especialistas y opinadores.

Como este caso no es de extrañarse que haya muchos más, lo que demuestra un claro afán de recurrir a interpretaciones malintencionadas para sumar apoyo que permita abrogar, sin ninguna propuesta alternativa alguna, toda una norma que busca ordenar y mejorar el tratamiento penal en Bolivia. Entretanto, el ciudadano común es el más afectado ya que hasta ahora lleva casi un mes y medio sin acceso a uno de los servicios más importantes, como es la salud pública.

(*) Economista