Vacuna contra la impunidad

En toda sociedad, el Estado está en la obligación de anteponer el cumplimiento de las normas ante cualquier situación que amenace o altere el orden establecido. En ese sentido, tiene la obligación de generar leyes, decretos, resoluciones, entre varias normas, para regular las actividades que forman parte del quehacer nacional o proteger a sectores que son afectados en sus derechos.

Este principio de organización del Estado también se aplica en Bolivia y se efectiviza mediante proposiciones legislativas desde instancias del Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como sucedió con el nuevo Código del Sistema Penal, que transitó todas las etapas administrativas antes de su aprobación en las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Cuando se consideraba y debatía el nuevo Código Penal en el ámbito de la ALP, autoridades legislativas conversaron con dirigentes del Colegio Médico y se llegó a un acuerdo que incluyó  una nueva redacción del artículo 205. Luego denuncias de corrupción en la Caja Nacional de Salud (CNS) originaron una airada reacción de los galenos que volvieron a levantar la bandera de la objeción a la norma, y explícitamente rechazaron toda forma de fiscalización del Estado.

En abril de este año, la Caja Nacional de Salud (CNS) recibió denuncias de una red de corrupción  que operaba en el Hospital Obrero de La Paz. Se estableció que, según los funcionarios de esa institución, técnicos y residentes ingresaban a los laboratorios del nosocomio público a cualquier hora para realizar pruebas particulares en noviembre, cuando las autoridades tomaron acciones para investigar esos hechos y esclarecerlos. 

Esta acción desató la furia de los dirigentes médicos que volvieron a reflotar un conflicto apoyados en una campaña de desinformación, en la que el factor político contaminó la relación y acercamiento con el sector, principalmente con las bases, además de un daño colateral irreparable a los enfermos.  

Los hechos de corrupción, las injusticias y otros flagelos que aquejan a la sociedad no pueden quedar impunes y la sociedad, a través del Estado, está en la obligación de promover y aprobar normas para fortalecer el accionar de las instituciones públicas.