[Opinión] Vía democrática

Democracia Directa

En el referendo del 21 de febrero de 2016, los bolivianos acudieron a las urnas para definir si estaban o no de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

La pregunta puntual de la consulta era: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la CPE para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al período 2015-2020 y la segunda reelección del 2020 - 2025. SI - NO”.

En tres departamentos (Cochabamba, La Paz y Oruro) ganó la aprobación de la reforma, mientras que en otros seis (Beni, Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Potosí y Tarija) se la rechazó. En el exterior ganó el Sí, con el 51,37%, frente al No que logró el 48,63%.

Los resultados consolidados señalan que el No ganó con una ventaja de 136.382 votos —logró el 51,3% (2.682.517 votos), frente a la opción del Sí que alcanzó el 48,7% (2.546.135 votos)—, indicador que, sin merecer su legitimidad, está incluso por debajo de los votos nulos (193.422) que se registraron esa jornada.

Desde entonces y hasta ahora, la derecha boliviana, que tiene a varios de sus antecesores y operadores en el exterior, saca a flote un discurso de que ‘Bolivia dijo NO’ cuando ello, según los datos, no es real.

Además, los resultados, tan defendidos por los políticos opositores, fueron cumplidos en la dimisión de la pregunta que se formuló en el referendo del 21 de febrero de 2016. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CEP) no fue modificado.

Las organizaciones sociales y el MAS-IPSP buscaron una vía legal para poder habilitar una nueva candidatura del presidente Evo Morales y lo lograron.

El 18 de septiembre de 2017, se presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta. Se pidió declarar inconstitucional los artículos 52.III, 64 inc. d), 65 inc. b), 71 inc. c) y 72 inc. b) de la Ley del Régimen Electoral, por ser presuntamente contrarios a los artículos 26 y 28 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordantes con los artículos 13, 256 y 410.II de dicha Norma Suprema; 1.1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Además se solicitó la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285.II y 288 de la CPE respecto a la limitación de la reelección por una sola vez de manera continua por contradicción intra-constitucional de los artículos 26 y 28 de la misma Norma Suprema y por contradecir los artículos 1.1, 23, 24 y 29 de la citada CADH, concordante con los artículos 13, 133, 256 y 410.II de la CPE.

El 28 de noviembre de 2017, el TCP, amparado en el artículo 256 de la CPE, declaró la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos, sobre los artículos 156, 168, 285.II y 288 de la CPE.

En consecuencia, no sólo se habilitó una nueva candidatura del Jefe de Estado, sino de todas las autoridades nacionales y subnacionales que quieren buscar la reelección. Se trata de una vía democrática abierta y clara. No hay una pretensión de perpetuarse en el poder de nadie. Será el pueblo, quien en su sabiduría, dirá si una u otra autoridad es electa para ocupar una alta magistratura del Estado.

Estará en las manos de cada boliviano asumir una decisión. Optar por una vía opuesta, de llevar al país a un enfrentamiento, no es la vía más democrática, eso es evidente.