El contrabando ataca, no respeta ni la vida

Dos militares que prestaban servicios en la Unidad de Control Aduanero (UCA) fueron asesinados el domingo en una emboscada preparada y ejecutada por contrabandistas. El hecho ocurrió en la comunidad Cahuana, cerca de la localidad de Villa Vitalina, ubicada en la provincia Sabaya del departamento de Oruro.

Los fallecidos fueron identificados como los sargentos Fidel Chávez Huarino y Vladimir Siñani Ticona, ambos efectivos del Regimiento de Infantería Mejillones 22, que formaban parte de los operativos contra el contrabando que se realizan en esa región fronteriza con la República de Chile.

Según informaciones, el cuerpo de la primera víctima fue encontrado a 100 metros de la carretera Sabaya-Cahuana y el segundo, evacuado al hospital Huachacalla en Oruro, donde llegó sin vida.

No obstante, el artero ataque no fue el primero en contra de funcionarios aduaneros que cumplen con su deber de patrullar la extensa frontera con Chile y evitar el ingreso ilegal de mercaderías a territorio boliviano.

La madrugada del 25 de diciembre de 2017, medio centenar de personas armadas asaltaron los almacenes que la Aduana Nacional de Bolivia administra en Tambo Quemado. Fue el quinto ataque entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017, lo que evidenció entonces una creciente alianza entre los pobladores y contrabandistas que operan en la frontera.

Ahora bien, la trágica muerte de ambos servidores mereció una rápida respuesta de la institucionalidad democrática. El presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que autoriza a militares y policías el uso de armas de fuego, de manera proporcional al riesgo de los operativos en la lucha contra ese delito transnacional.

En ese contexto, si detrás del contrabando se encuentran agazapados poderosos intereses económicos, con tentáculos internacionales, mueven cientos de millones de dólares, no pagan tributos, ocasionan graves daños a la economía y atentan contra la vida de inocentes; la respuesta del Estado debe ser firme, acorde a la magnitud del delito, pero siempre enmarcado en la ley.