Exconscripto revela que hubo orden de disparar a la gente

Una de las movilizaciones de los familiares de las víctimas de octubre de 2003.
Foto: Archivo

VICTOR H. CHAMBI OCAÑA / Cambio

El testimonio de un exconscripto, testigo de cargo en el juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, reveló que en octubre de 2003 hubo orden de disparar a la gente, informó Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas.

“Declaró el hermano (Jorge) Flores, que era soldado en ese entonces, y corroboró que recibieron órdenes superiores para disparar a la población, a todo aquel que se moviera (...). Él informó lo que pasó en Apaña, en la zona Sur de La Paz”, señaló Quispe.

El exconscripto narró que el 13 de octubre un oficial de apellido Belmonte ordenó a los conscriptos abrir fuego a discreción. El testimonio fue contrastado por los abogados de Goni con el argumento de que existen contradicciones con otros realizados por Flores en Bolivia.

“Testifiqué bajo presión, pero ahora me siento libre para decir toda la verdad”, respondió el exconscripto, que quedó impactado por lo que vio durante esos días.

Medios locales de Miami que siguen el proceso judicial indicaron que también dio su testimonio el exsacerdote Wilson Soria, quien —con lágrimas en los ojos— recordó que tuvo que realizar una misa de campaña para enterrar a 16 personas. Además que a su parroquia, ubicada en Villa Ingenio de El Alto, llegaron tres cadáveres con impactos de bala.

 Son 15 testigos de cargo que presentarán su testimonio hasta el jueves, del total de 22; algunos no obtuvieron la visa de ingreso a los Estados Unidos. Luego será el turno de Goni y de Carlos Sánchez Berzaín, quienes realizarán sus declaraciones.

Quispe lamentó que los juristas que defienden a Goni realicen un hostigamiento a los testigos: “Ellos tratan de desvirtuar todo lo que declaran, como en las películas presionan de forma violenta, pero nuestros testigos responden con la verdad, por lo que no pudieron lograr su cometido”, agregó el representante de las víctimas, quien perdió a su hermano en 2003.

Otras pruebas documentales

Para demostrar que durante las jornadas de octubre de 2003 hubo la manifiesta intencionalidad de provocar muertes civiles, los impulsores del proceso exhibirán pruebas documentales como lo ocurrido durante la Masacre de Navidad, acontecida en diciembre de 1996, en las poblaciones de Amayapampa y Capasirca, donde perdieron la vida 11 personas.

Otro hecho que mostrará la actitud del expresidente es el ocurrido en febrero de 2003, cuando hubo un enfrentamiento entre policías y militares.

También presentarán al jurado de 10 personas la Ley de Juicio de Responsabilidades que aprobó el gobierno de Goni, que exoneraba de cualquier culpa a los mandatarios por las muertes civiles.

Quispe lamentó que el expresidente Carlos Mesa no acuda a las audiencias en un juzgado de Florida y no brinde una explicación del porqué no acudió: “No nos responde; le enviamos cartas, le llamamos a su celular, pero no responde”.

Los familiares de las víctimas señalaron que la actitud del exmandatario es una “traición” y una “cobardía”  porque se niega a enfrentar a su exjefe político.

Tres opciones en la sentencia del juicio

Se barajan tres opciones tras la conclusión de las audiencias en el juicio civil instalado en un juzgado de Fort Lauderdale en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. 

Primera. En caso de que el jurado encuentre culpable a ambos exmandatarios, las víctimas tendrán derecho a la reparación económica por las pérdidas humanas, daños ocasionados y se facilita su extradición a Bolivia.

La segunda opción es que los 10 jurados indiquen que no es culpable pero sí responsable al haber actuado en apego a la ley, pero ocasionando daño a las familias, lo que permitirá un resarcimiento económico menor.

La tercera opción es que se exonere de toda culpa al exmandatario y a su ministro sobre todo lo ocurrido  en 2003, lo que no implica un pago de compensación alguna por las muertes.

El presidente de la Asociación de Familiares de los Caídos en Defensa del Gas, Patricio Quispe, señaló: “Lo más importante no es el resarcimiento, sino que lo declaren culpable”, pues esa opción abre la posibilidad de que se pueda tramitar la extradición, ya que un juzgado de ese país lo halló culpable por las muertes ocurridas en octubre de 2003.