Estado y explotación ilegal de minerales

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció públicamente que, el 10 de abril, un centenar de pobladores del municipio de Cairoma, provincia Loayza del departamento de La Paz, con palos y piedras, impidieron el traslado de ocho personas aprehendidas, que fueron sorprendidas en explotación ilegal de minerales.

“Azuzados por el señor Hernán Cordero Terán, los pobladores de Cairoma ocasionaron lesiones graves a técnicos de la AJAM e incluso destrozaron los vehículos de la institución, mientras que los policías sólo utilizaron agentes químicos para dispersar a la turba”, dice un comunicado de la institución. 

En el portal de la Comibol se destaca que la minería ilegal está conformada por individuos o grupos que no poseen concesión alguna o contratos legalmente establecidos y se diferencian según el tipo de yacimiento que explotan y el mineral que producen. 

No obstante, esas actividades clandestinas llevan el sello de la ilegalidad, y frente a la debilidad del poder sancionador del Estado, los mineros ilegales evaden deliberadamente la fiscalización de los organismos de control del Estado y causan graves daños al medioambiente.

En ese contexto, el operativo en Cairoma logró desbaratar una actividad minera ilegal en el área denominada Nueva La Paz, de supuesta propiedad de Cordero Terán, donde se explotaban minerales como plomo, plata y zinc sin la debida autorización para realizar dicha actividad minera y mucho menos el pago de los impuestos de ley.

Ahora bien, a la luz de los hechos lo que corresponde es que la AJAM presente una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de ocho personas que fueron aprehendidas acusadas por la explotación ilegal de minerales, por lesiones graves y leves, y por daños ocasionados a los bienes del Estado.

Es menester de las autoridades asumir lo que la ley señala, toda vez que los sospechosos fueron encontrados de manera flagrante explotando minerales de manera ilegal con la utilización de maquinaria pesada, por lo que es pertinente que el Estado haga cumplir la ley y sancione a quienes se apropian ilegalmente de nuestros recursos naturales, no pagan impuestos y depredan el medioambiente.