Ecuador y el asesinato de tres periodistas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio, quienes fueron secuestrados el 26 de marzo en la frontera con Colombia. Javier Ortega (36 años), Paúl Rivas (45 años) y Efraín Segarra (60) se convirtieron en las víctimas mortales presumiblemente de un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), por lo mismo en la mira de las autoridades ecuatorianas y colombianas.

El secuestro ha sido atribuido al frente Oliver Sinisterra, un grupo armado al mando de un antiguo integrante de las FARC. Los comunicadores fueron retenidos en la región de Mataje, provincia de Esmeraldas, Ecuador, donde recababan información sobre unos ataques registrados en esa región desde enero.

El líder del grupo disidente de los acuerdos de paz —que permitieron que las FARC entreguen sus armas y se incorporen a la vida política— fue identificado como Walter Patricio Artízala Vernaza, alias ‘Guacho’, declarado como un objetivo de alto valor militar, policial y judicial por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La condena hacia un atentado en contra del derecho a la vida fue unánime desde diversas partes de América Latina y el mundo. El presidente Evo Morales, vía Twitter, señaló: “No puedo creer que existan seres humanos enemigos de la vida, capaces de asesinar a inocentes”. No obstante, sí existen ‘seres humanos’ capaces de matar sin cargar ningún remordimiento de consciencia. 

El asesinato de los periodistas secuestrados mientras cumplían con su deber de informar desvela que la dramática pérdida de respeto a la vida persiste en algunas regiones de Colombia y traspusieron hacia Ecuador, pese a que el Gobierno y la dirigencia de las FARC suscribieron un acuerdo de paz para poner fin a medio siglo de una guerra interna que dejó cientos de miles de víctimas.

En ese contexto, después del asesinato de tres inocentes, la primera tarea de los gobiernos ecuatoriano y colombiano es recuperar los cuerpos de las víctimas; los responsables del triple crimen deben ser identificados plenamente, capturados, procesados y sancionados conforme manda la ley.