García Meza y otros cinco fueron condenados a 30 años sin derecho a indulto

Foto: Archivo
Los cientos de detenidos en el cruento golpe de García Meza fueron trasladados al Gran Cuartel de Miraflores, el 17 de julio de 1980.

Fernando del Carpio Z.

Además del exdictador Luis García Meza, Luis Arce Gómez, Freddy Quiroga Ferrufino, Tito Montaño Belzu, Guido Benavídez Alvizuri y Juan Carlos García Guzmán fueron condenados, en abril de 1993,  a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

De los seis sentenciados con la máxima pena fallecieron dos: García Meza (a los 87 años, el domingo 29 de abril) y Benavídez (jefe de la Dirección de Orden Político-DOP, en enero de 2017).

Arce Gómez, exministro del Interior; Tito Montaño Belzu, excapitán de Ejército y jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior; y García Guzmán, paramilitar extraditado de la Argentina, se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad. Quiroga, paramilitar, fue declarado rebelde y contumaz.

La Corte Suprema de Justicia emitió su sentencia contra  García Meza y sus colaboradores el 21 de abril de 1993, por nueve delitos: 1.

Delitos contra la Constitución, 2. Asalto a la Central Obrera Boliviana (COB), donde fueron asesinados Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista (PS-1); Carlos Flores Bedregal, diputado nacional, y Gualberto Vega Yapura, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), 3. Genocidio y masacre sangrienta en la calle Harrington, 4. Caso La Gaiba, 5. Cobro de cheques de 278.085 dólares, 6. Piscina Olímpica, 7. Equipos petroleros, 8. Puerto Norte y 9. Robo de diarios del Che y ‘Pombo’.

En total fueron sentenciadas 44 personas, entre ellas el general Armando Reyes Villa (padre de Manfred Reyes Villa), exministro de Defensa, por su presunta participación en el golpe del 17 de julio de 1980 como comandante en Jefe de las FFAA, con una condena de dos años de cárcel en la penitenciaría de Cochabamba. 

‘No más amnesia’

“Esperamos que los que quedan, Arce Gómez y otros, no sigan con el tema de la amnesia; en el juicio no quisieron declarar nada porque no se acordaban nada”, expresó Roberto Quiroz, actual director de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia. 

Quiroz, que formó parte del equipo de abogados que llevó adelante el juicio de responsabilidades contra la dictadura garciamecista, refirió que los 44 condenados recibieron distintos años de presidio (20, 15, seis, cinco, tres y dos), por lo que presume que la mayoría está en libertad y seguramente algunos fallecieron. 

Recordó que el proceso contra la dictadura involucró a más de 100 personas, y que las que se presentaron ante la Comisión de Policía Judicial del Congreso Nacional de la época fueron excluidas por haber demostrado buena voluntad al presentarse.

También muchos involucrados, después de prestar su declaración confesoria en la Corte Suprema, no volvieron a comparecer, huyeron.

Quiroz consideró que no sólo Arce Gómez sabe todo lo ocurrido, sino jefes militares y policiales que estaban a cargo de los diferentes mandos y que tendrían que ser convocados para aportar y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, tarea encomendada a la Comisión de la Verdad, que se constituyó en agosto de 2017.

Será importante que el exministro que recomendó andar con “el testamento bajo el brazo” diga dónde está la documentación que sustrajo del Ministerio del Interior y llevó al Gran Cuartel de Miraflores. Asimismo, que aclare sus vínculos con el narcotráfico.   

Además, las instituciones públicas, gobernaciones, municipios deben hacer entrega de documentación de esa época, que en opinión del jurista “nos ayudará a encontrar a víctimas y victimarios, y a partir de ello determinar la responsabilidad de estos últimos”.

Crímenes y ‘narco’

A la cruenta dictadura que se instaló en el país desde el 17 de julio de 1980 hasta el 14 de agosto de 1981, se le responsabilizan de 27 desapariciones, 93 asesinatos, 4.000 detenciones ilegales y cientos de confinados y exiliados. 

Asimismo, hay evidencias, según la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), de que García Meza, Arce Gómez y sus camaradas Ariel Coca, Norberto Salomón y el general Hugo Echeverría estaban comprometidos con la producción y exportación de cocaína, por lo que Estados Unidos la calificó como ‘narcodictadura’. 

También con el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz dieron por concluido el juicio de responsabilidades que llevaba adelante el líder socialista. 

El presidente Hernán Siles Zuazo, en 1984, creó la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados (CNIDF), pero la falta de recursos y el acortamiento de su mandato impidieron que se realice la tarea encomendada. 

Sin embargo, la Comisión de la Verdad, posesionada por el presidente Evo Morales en agosto del año pasado, tiene programadas una serie de actividades para esclarecer esta etapa oscura de nuestra historia.

Corte italiana interrogará a Arce Gómez en junio

A mediados de junio se realizará la audiencia de apelación por el Plan Cóndor, en la que los jueces de la Corte Penal  del Tribunal de Roma,de forma virtual, interrogarán a Luis Arce Gómez, ministro del Interior del régimen de Luis García Meza.

Tanto Arce Gómez como el exdictador, junto a otros seis exmilitares, fueron condenados por el Tribunal de Roma a cadena perpetua por la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos en la época del Plan Cóndor, en la década de los 70 y 80.

La presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, informó que dicha audiencia no pudo efectuarse el 12 de abril  y que se aplazó hasta mayo.

“Arce Gómez (ese día) tenía un folder amarillento, sucio y viejo; no sé qué le preguntarán, la Embajada de Italia pondrá un traductor y tendrá que responder las preguntas que le hagan los jueces desde Roma”, dijo Llanos.

La audiencia es gestionada desde Italia vía Cancillería y se llevará a cabo en uno de los juzgados penales. Arce Gómez aceptó comparecer, mientras que García Meza desistió de hacerlo.

Arce Gómez, que recomendó a los bolivianos caminar con “el testamento bajo el brazo” en julio de 1980, cumple en Chonchocoro una condena de 30 años sin derecho a indulto.

Además de los dos exmilitares bolivianos, fueron sentenciados los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, y los peruanos Francisco Morales Bermúdez (expresidente), Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.