Samuel alegó inmunidad para escabullirse del caso Narcovínculos

Gonzalo Pérez Bejar

El ministro de Planeamiento y Coordinación durante el gobierno del Acuerdo Patriótico, Samuel Doria Medina, solicitó al fiscal que investigaba el bullado caso Narcovínculos (1994-1995), Leopoldo Ramos, que lo excluya de la investigación por tener caso de corte, es decir, gozaba de inmunidad como autoridad de Estado.

Información de la época (El Diario, enero de 1995) da cuenta sobre el pedido legal que realizó el ahora empresario al fiscal, demanda que fue rechazada; por lo tanto, fue convocado a declarar por este caso que resquebrajó los cimientos de credibilidad de la clase política de la época.
Doria Medina fue incluido en el proceso de investigación en el caso tras publicarse una fotografía (El Diario, 2 de marzo de 1994) en la que aparece junto a Isaac ‘Oso’ Chavarría.

A inicios de mayo pasado, el actual jefe de Unidad Nacional —en declaraciones a los medios de comunicación— admitió que se reunió con Chavarría en su hacienda en Santa Cruz.

“Para ser preciso, hace 32 años, el señor Jaime Paz Zamora me invitó a una reunión en Santa Cruz. Fuimos a esa reunión en la hacienda del señor Chavarría. En ese momento no había ninguna acusación respecto al señor Chavarría, que era amigo de Jaime Paz, por eso yo fui, por eso se tomaron fotos, ¿no es verdad?, se tomaron muchas fotos”, afirmó.

El 13 de enero de 2018, el presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, mostró un recorte de periódico como antecedente del encuentro entre Doria Medina y Chavarría.

“El narcotraficante Isaac ‘oso’ Chavarría admitió públicamente que conocía personalmente a varios militantes del MIR, entre ellos a Samuel Doria Medina, a quien habría entregado, en sucesivas oportunidades, recursos para la campaña política de ese partido (sic)”, afirmó el Jefe de Estado.

A su vez, el diputado por la bancada del MAS-IPSP Víctor Boda dijo que no le extraña que el empresario y actual jefe de Unidad Nacional haya actuado de esa manera porque ésa era la conducta en el pasado, cuando se acogían a la inmunidad para no ser investigados por los delitos que habrían cometido.

“Antes se protegían con la impunidad en Bolivia. Ministros de Estado, diputados y senadores gozaban de inviolabilidad de caso de corte a pesar de estar narcovinculados o en casos de corrupción”, declaró.

Según Borda, bajo los nuevos indicios que se conocieron en los últimos días, el Ministerio Público debiera iniciar un proceso por el caso Narcovínculos contra Samuel Doria Medina para que haga conocer la verdad sobre la reunión que tuvo con supuestos zares del narcotráfico.

En marzo de 2011, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, pidió la reapertura del caso Narcovínculos con base en un informe de 1994 de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, en el que se instruye al Ministerio Público continuar las investigaciones sobre una lista en la que es nombrado el actual líder de la opositora Unidad Nacional (UN).

En esa oportunidad, Llorenti dio lectura a la resolución del 16 de diciembre por la que se instruye a la fuerza antinarcóticos que continúe la investigación sobre presuntos delitos cometidos por Elmer Saucedo Montoya, Hugo Muñoz Leaño, Jorge Méndez, Rosario Paz Zamora, Edith Paz Zamora, Jorge Velásquez Benavides, Édgar Fernández Lazcano, Samuel Doria Medina, Erwin Saucedo Hurtado y Marcelo Paz Navajas.

El diputado Franklin Flores (MAS-IPSP) afirmó que muchos de los dirigentes políticos estaban involucrados con este ilícito y fue Óscar Eid Franco el que terminó inculpándose para salvar todo el proceso que llevó el MIR en el ámbito de la política boliviana.

“Hubo vínculos, ahora lo que nos toca es investigar e indagar todo ese proceso y conocer a cabalidad cuál fue la participación de Doria Medina, porque no tiene moral para criticar cuando ha tenido esos vínculos”, sostuvo.

El jefe de bancada del MAS-IPSP, David Ramos, dijo que no le extraña el actuar de los líderes de los partidos tradicionales, que si no estaban vinculados a ilícitos, lo que hacían era aprovecharse de los bienes del Estado para enriquecerse.

“Esto comprueba una vez más que Doria Medina estuvo involucrado en casos de narcotráfico o actos de corrupción y producto de ello haya generado los bienes que tiene”, afirmó.

Narcovínculos

En 1993, las fuerzas antidroga realizaron una serie de operativos, los que eran coordinados con la DEA norteamericana.

El resultado fue la captura de uno de los denominados peses gordos del narcotráfico, Isaac ‘Oso’ Chavarría.

En sus declaraciones que hizo a la comisión de fiscales, el encausado afirmó que colaboró con el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR); si bien ratificó no haber entregado dinero en efectivo, mencionó que dispuso de una avioneta para la campaña electoral de la época y de seguridad física para el jefe del partido, Jaime Paz Zamora. Monetizada su ayuda, se calcula que fue de al menos $us 100 mil.

Carmelo ‘Meco’ Domínguez (otro personaje identificado con vínculos al negocio del narcotráfico), en un careo que le hicieron, confirmó que ‘Oso’ Chavarría había colaborado con el MIR.

La crisis en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) se ahondó tras la desaparición de Édgar Fernández Lazcano (1994).

Misteriosamente apareció en Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades del Ministerio Público a incluir en el caso a Óscar Eid Franco, quien fue recluido en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz para que cumpla la condena de cuatro años por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El proceso sufrió muchas trabas, es así que en enero de 2007 las autoridades de la Fiscalía advierten el peligro de extinción del proceso con recursos interpuestos por uno de los principales involucrados, Rodolfo Aróstegui.

En l995, Chavarría murió en la cárcel sin sentencia que probara su actividad ilícita y un año después, en 1996, el Gobierno de Estados Unidos retiró temporalmente la visa de ingreso a Paz Zamora y a su más estrecho colaborador, Carlos Saavedra, ministro del Interior de su gobierno.

Este caso le costó a los principales dirigentes del MIR que perdieran su derecho de ingresar a territorio norteamericano, cuando en 1993 el Gobierno de ese país decidió retirar las visas de Jaime Paz y sus hermanas, Rosario y Edith, además de Óscar Eid.
 

Cámara de Diputados determinó en 1994 investigar posibles vínculos con el narcotráfico

Conozca la transcripción textual de la resolución aprobada por la Cámara de Diputados en 1994.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.
De acuerdo al informe de los HH Oliverio Iriarte, Juan Del Granado y Ricardo Paz, secretario y vocales de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial.

Del análisis valorativo y jurídico de la relación y las conclusiones a las que ha podido llegar esta H. Cámara de Diputados sobre las investigaciones relacionadas con supuestas vinculaciones de altos dirigentes del MIR con el narcotráfico en forma e inexcusable.

RESUELVE:
Requerir:

1 Porque una copia legalizada de todos los obrados permanezca en el seno de la H. Cámara de Diputados, remitiendo copias legalizadas a conocimiento de la Presidencia del Congreso Nacional y del H. Senado Nacional, para la eventualidad de que cualquier Representante Nacional, e incluso cualquier ciudadano boliviano no impedido ejerza en relación al expresidente constitucional de la República, Lic. Jaime Paz Zamora, y el exministro del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social, Lic. Guillermo Capobianco Ribera, las facultades y atribuciones contenidas en el artículo 2º de la Ley de Responsabilidades de 1994, concordante con el artículo 1º de la modificada Ley de 1884, situación en la que la presente investigación podrá constituirse en el punto inicial de las diligencias de policía judicial congresales que deberán levantarse, sin importar prejuzgamiento alguno, ya que estas actuaciones carecen de jurisdicciones y, para el caso, podrán ser tomadas como investigaciones iniciales.

2 Porque una copia legalizada de los antecedentes de la presente investigación sea remitida a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que este Tribunal, de acuerdo a sus atribuciones definidas en el artículo 127 inc. 7) de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 55º inc 9) de la Ley de Organización Judicial, inicie proceso penal contra el señor Rolando Aróstegui Quiroga, exprefecto del departamento de Santa Cruz, por el delito de encubrimiento, tipificado en el artículo 75º de la Ley 1008.

3 Porque los resultados y antecedentes de la presente investigación sean remitidos al Juzgado de Sustancias Controladas de turno del Distrito Judicial de La Paz, a efecto de que se organice proceso penal contra el señor Óscar Eid Franco, por estar su conducta comprendida en la tipificación establecida en el artículo 75º de la Ley 1008.

4 Porque en los casos de Susana Seleme Antelo y Carlos Valverde Bravo se procesa al archivo de obrados, por no existir indicios de culpabilidad en su contra.

5 Porque otra copia legalizada sea devuelta a la FELCN para que ésta, en el marco estricto de la legalidad democrática, continúe la investigación sobre presuntos delitos que hubieren cometido, en el caso que nos ocupa, los ciudadanos Elmer Saucedo Montoya, Hugo Muñoz Leaño, Jorge Méndez, Rosario Paz Zamora, Edith Paz Zamora, Jorge Velásquez Benavides, Édgar Fernández Lazcano, Samuel Doria Medina, Erwin Saucedo Hurtado y Marcelo Paz Navajas, remitiendo al final de la investigación los resultados de la misma a las autoridades jurisdiccionales llamadas por ley, con copia a la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la H. Cámara de Diputados.

Regístrese y comuníquese
Sala de sesiones
La Paz, 16 de diciembre de 1994
JAVIER CAMPERO PAZ
H. Carlos Suárez Mendoza; H. Michael Meier Finkelstein, DIPUTADOS SECRETARIOS.

Apuntes

El caso Narcovínculos llegó para que sea investigado en primera instancia en la Cámara de Diputados, en cuya resolución se hallaron indicios de responsabilidad en 10 personas.

Édgar Fernández Lazcano, principal testigo en el caso Narcovínculos , también acusó a las dos hermanas del expresidente, Rosario y Edith, y a otros supuestos implicados, quienes deberían ser juzgados por haber recibido, junto a Paz Zamora, dinero del narcotráfico para financiar dos campañas electorales, una presidencial en 1989 y otra municipal en 1992.