México entrega la frontera a Trump

Ulises Noyola Rodríguez

El despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México representa una fuerte ofensiva en contra del Gobierno de México en su relación diplomática. Sin embargo, el Gobierno mexicano, en lugar de confrontar al mandatario estadounidense, mantuvo el Programa Frontera Sur y la Iniciativa Mérida, con lo cual refleja su completa subordinación a los designios de Washington.

En primer lugar, Trump justificó su decisión de apoyarse en la Guardia Nacional explicando que el estado de la frontera era deplorable a tal punto que la seguridad nacional estaba en peligro. Además, el ingreso de drogas y migrantes que podrían formar parte de organizaciones criminales estaba destruyendo la vida de los estadounidenses, por lo que el aumento de la seguridad fronteriza era inevitable.

A diferencia del despliegue de la Guardia Nacional por los presidentes Barack Obama y George Bush, cuando estaba creciendo de forma desmedida el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, el número de migrantes por la Patrulla Fronteriza llegó a un tercio de las detenciones efectuadas en 2006. Aparte de que no resulta claro cómo la Guardia Nacional detendrá el paso ilícito de drogas cuando la Patrulla Fronteriza está plagada de una gran cantidad de casos de corrupción en dejar pasar la droga en el lado estadounidense.

De esta manera, la orden de desplegar la Guardia Nacional por el presidente Donald Trump se debió a su intención de recuperar el apoyo político de los estadounidenses desencantados por el fracaso de la construcción del muro fronterizo, la permanencia del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y la incapacidad de efectuar deportaciones masivas. Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano se negó financiar el muro y un minúsculo fondo se obtuvo en el último presupuesto para continuar su construcción debido a la incapacidad del presidente estadounidense de llegar a un acuerdo con la facción demócrata.

Sin embargo, la verdadera preocupación del gobierno estadounidense se encuentra en el control migratorio a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Belice. En ese espacio geográfico pasa el grueso de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen, para luego tratar de cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos. Con el propósito de reforzar la seguridad en la frontera sur de México, el gobierno norteamericano canalizó enormes recursos económicos y militares por medio de la Iniciativa Mérida y el Programa Frontera Sur.

Por un lado, el objetivo principal de la Iniciativa Mérida de combatir el crimen organizado en el territorio mexicano, apoyándose en la cooperación militar entre México y Estados Unidos, resultó un fracaso. El gobierno norteamericano no aplicó una política efectiva para reducir la demanda de drogas y la venta de armas, factores que fortificaron en gran medida a los cárteles de droga, las compañías armamentísticas y las entidades financieras dedicadas al lavado de dinero.

La cooperación militar de los dos gobiernos implicó el intercambio de datos biométricos (huellas digitales, fotos y descripciones), el adiestramiento militar de las fuerzas mexicanas, y la instalación de bases militares. Toda esta colaboración creó una infraestructura, orientada a frenar el flujo de migrantes. La colaboración militar, según el sacerdote Alejandro Solalinde, viola claramente los derechos humanos de los centroamericanos, de tal suerte que el gobierno mexicano podría ser demandado por las autoridades de Centroamérica ante organismos internacionales.

Ahora el gobierno de Donald Trump califica, al tratar de legitimar toda la infraestructura militar, a los migrantes como criminales, que según él, pertenecerían a grupos delictivos y tendrían que ser expulsados lo más pronto posible de Estados Unidos. Ante este humillante planteamiento, el gobierno de México tiene la obligación de suspender la colaboración militar inmediatamente en materia de migración con Washington, esto con el fin de comenzar a erradicar el genocidio de centroamericanos en la frontera sur y, en paralelo, salvar su reputación en la defensa de los derechos humanos.