Gonistas y adenistas en su papel de cívicos

Un cabildo del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) exigió la tarde del martes la renuncia del gobernador de ese departamento, Esteban Urquizu, y del alcalde de Sucre, Iván Arciénega, y rechazó el informe técnico que certificó que Incahuasi se encuentra en territorio cruceño.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la plaza Aniceto Arce, se aprobó un documento con 10 conclusiones que, entre otras disposiciones, exige la dimisión de ambas autoridades electas por voto popular, del senador Milton Barón, de la diputada Alicia Canqui y del rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, Eduardo Rivero.

Entre las exigencias de este cabildo —en el que no participaron los sectores populares y sociales ni las organizaciones campesino-originarias— están la conformación de un Consejo Departamental de Hidrocarburos y Límites, la expulsión de las empresas petroleras y continuar la lucha legal con vigilia permanente.

Ahora bien, es inadmisible que una reunión de opositores ‘exija’ la renuncia de autoridades electas e ignore que el artículo 241 de la Constitución Política del Estado prevé que toda “persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, de acuerdo con la ley”.

Además, la conformación de un Consejo Departamental de Hidrocarburos y Límites —supuestamente para asumir regionalmente la exploración y explotación de hidrocarburos— es ilegal e inconstitucional, y la demanda de expulsar a las empresas petroleras es sencillamente demagógico.

En ese sentido, queda claro que detrás de las conclusiones que aprobó el cabildo convocado por la dirigencia cívica chuquisaqueña se movieron intereses políticos vinculados a corrientes que añoran el retorno del neoliberalismo.

Por eso, gonistas y adenistas, neoliberales incrustados en una politizada dirigencia regional, forzaron resoluciones políticas en un cabildo también político. 

Ellos no tienen derecho a engañar otra vez a Chuquisaca, un pueblo digno que sí tiene el derecho de exigir que el Gobierno nacional haga realidad la millonaria inversión anunciada para buscar reservorios de gas en su rico territorio.