Posición empresarial va más allá de lo que plantean los neoliberales

Foto: Gonzalo Jallasi
Punto Blanco es una empresa textilera administrada por los trabajadores, después de que el propietario la dejó por las deudas contraídas.

Fernando del Carpio Z.

La posición que asume el empresariado nacional contra algunas medidas que aprueba el Gobierno es calificada, en círculos políticos, de apresurada, de ser parte de un discurso político, de carecer de información e incluso de estar más allá de lo que plantean los partidos neoliberales.

Sin embargo, no deja de preocupar el que llegue a instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que reclamarán contra la vigencia de la Ley de Empresas Sociales, que ni siquiera ha sido reglamentada, y el posible pago del doble aguinaldo.

También sorprende que cuestionen la vigencia del modelo económico; entonces, tal como dijo el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, es necesario preguntarles: “¿Qué tipo de modelo proponen al país?”.

“Es una exageración del empresariado plantear un cambio del modelo, cuando en otros países causa crisis que cobran una década de desarrollo, no es una buena idea”, opinó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

Además, hay una buena relación entre el Gobierno y los empresarios, y no es protocolar porque se intenta mejorar las condiciones de empleo, productividad e industrialización, y las condiciones de la pequeña y mediante empresa, por lo que “no hay razón alguna para cambiar este modelo”.

Difícil que OIT se pronuncie

“Sería muy raro esperar que la OIT pueda fallar en contra de una ley que tiene un carácter eminentemente obrero, porque el trabajo se ha convertido en uno de los derechos humanos más importantes del mundo”, opinó el politólogo Marcelo Silva. 

Mientras que la analista política Helena Argirakis considera que algunos sectores del empresariado buscan desmontar la economía productiva plural diseñada por el Gobierno nacional.

Para Silva, es una de las medidas que tiene mayor corte político ideológico de clase bajo los viejos términos del socialismo clásico. “Da la posibilidad a los obreros de tener acceso y control de los medios de producción, enmarcado en ciertas reglas si una empresa está en quiebra o tiene problemas en la administración”, aseveró.

Indudablemente —según Silva— “es una ley que hiere los intereses de los sectores empresariales que no ven esta norma con un carácter positivo. La posibilidad de que los trabajadores puedan tomar el control de los medios de producción es algo que disgusta no sólo al empresario tradicional, sino a cualquier sector que se enmarca en una lógica capitalista de que los medios de producción deben estar en manos de pocas personas”.

No afecta inversiones

Para el diputado tarijeño Ignacio Soruco Grandchant (MAS), tanto la oposición como el empresariado deben entender que la Ley de Empresas Sociales no va contra la inversión privada y que en su elaboración, que demandó casi dos años, participan empresarios en mesas técnicas.

“No ha sido reglamentada y cuando se lo haga se sostendrán reuniones con todos los sectores relacionados, cámaras y federaciones de empresarios, micro y medianos empresarios, con el fin de consensuar un reglamento para la aplicación de la ley”, apuntó.

Soruco, de la Comisión de Economía Plural, atribuye la posición de parte del sector empresarial, que asume “posiciones políticas y no técnicas”, a la falta de información precisa sobre la interpretación de la ley.

El senador Rubén Medinaceli Ortiz (MAS) no considera que la OIT sea la instancia para tratar este tema porque no se está violando absolutamente nada.

Para Medinaceli, asumen un discurso político. “No creo que la Ley de Empresas Sociales sea un atentado a sus intereses, se les informó y no hay ninguna intención de perjudicarles. Las condiciones son muy claras para que se conviertan en empresa social”.

“Son expresiones que tratan de desvirtuar lo que el Gobierno está haciendo, sus logros y lo que piensa hacer en beneficio de los más necesitados, de los pobres, de los trabajadores”, expresó el senador orureño.

Añoran tiempo neoliberal

Ante la ola de cuestionamientos que emanaron del Congreso de Empresarios y Emprendedores, que se llevó a cabo el 29 de mayo en la ciudad de Santa Cruz, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, ratificó la política económica gubernamental.

“Este gobierno de los trabajadores siempre mantuvo una posición principista de buscar la redistribución y la justicia social respetando, sin embargo, lo que es la iniciativa privada”, aseveró.

Rada advirtió: “Hay alguna gente que añora esos tiempos neoliberales en que los gobiernos eran dirigidos por los patrones, por los terratenientes, por los banqueros y no les gusta que hoy haya un gobierno de los trabajadores, un gobierno del pueblo”.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, afirmó que la Ley de Empresas Sociales “no es ninguna usurpación de la propiedad privada, sino la protección de un derecho social”.

Explicó que, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, es una ley que define que los trabajadores pueden organizar una empresa social en caso de quiebra y/o abandono de las compañías.

“Lo que hemos hecho es elaborar una ley que proteja el derecho al trabajo, que proteja a los trabajadores de empresas quebradas o abandonadas, lo cual da la posibilidad de mantener la producción y de proteger el empleo”, remarcó.

El doble aguinaldo no afecta la gran empresa

La buena marcha de la economía hizo que se anticipe la noticia del pago del doble aguinaldo, lo que generó el inmediato rechazo de los empresarios.

Al respecto, la analista política Helena Argirakis considera importante que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realice una explicación técnica sobre la tendencia internacional y el alza del precio del barril de petróleo a 80 dólares, que generará un repunte de la economía nacional en su conjunto, tanto en el sector público como privado, y en esas condiciones ese tipo de pagos es viable.

“La banca, la gran industria, la minería privada no tendría ningún pretexto para no pagar el segundo aguinaldo, porque sus ingresos, las ganancias, la rentabilidad que tiene son grandes, como nunca en la historia de los 60 o 70 últimos años en el país”, según el politólogo Marcelo Silva.

Además se debe esperar hasta octubre, cuando se tiene el informe oficial sobre el crecimiento económico de junio de 2017 a junio de 2018, y se debe llegar al 4,5% para hacer efectivo su pago.

Silva reconoce que la pequeña y mediana empresa podrían verse afectadas con el pago del doble aguinaldo, pero se dan acercamientos con el Gobierno para, por ejemplo, dejarlos fuera del alcance de la Ley de Empresas Sociales, lo que “es un avance importante” para que también cumplan.

“Entendemos que las empresas pequeñas tengan alguna dificultad, pero el Gobierno está predispuesto a analizar esos casos, que son excepcionales, pero la mayoría ha tenido ingresos importantes”, opinó el senador Rubén Medinaceli e indicó que es necesario esperar la información oficial antes de ingresar en especulaciones.

CEPB, contra la bilateralidad

El Congreso de Empresarios y Emprendedores, que se desarrolló en la capital cruceña el 29 de mayo, propuso “ajustar el modelo hacia uno inclusivo” en el que el sector tenga “un espacio para crear oportunidades y generar empleo digno, tal como lo manda la Constitución”.

En uno de los puntos de la Declaración de Santa Cruz se exige “la abrogación de la Ley de Empresas Sociales por atentar contra los derechos constitucionales y ser un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros”.

También demandan “un espacio de debate y análisis sobre el segundo aguinaldo”, puesto que consideran “inviable su pago en el contexto actual”.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), presidida por Ronald Nostas, envió a la Conferencia Internacional del Trabajo, que realiza la OIT en Ginebra, Suiza, una comisión legal para denunciar que no es sostenible la fórmula de la bilateralidad (Gobierno-COB) y descalificar la política salarial porque no representan la realidad económica y sólo responde a un sector de la Central Obrera Boliviana.

Empresas

» El presidente Evo Morales promulgó la Ley de Empresas Sociales el 1 de mayo, Día del Trabajo, en la ciudad de Oruro.

» “No es para quitarles sus empresas, industrias a los privados. Si ese privado no puede o abandona o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social”, explicó el Jefe de Estado.