Constitución Política y el contrato social en Guatemala

 

Mario Sosa

A 33 años de haber sido refrendada, la Constitución Política de la República de Guatemala fue el marco para la reproducción de un régimen político que excluye a las mayorías sociales, como los pueblos originarios, el campesinado, las mujeres y la juventud, y de un modelo económico que reproduce la condición de miseria en la que viven millones de guatemaltecas y guatemaltecos.

El pacto entre oligarquía, casta militar y partidos políticos, que configuró y dirigió el Estado contrainsurgente y autoritario —y que en buena medida lo sigue caracterizando—, logró la redacción de un texto constitucional que le abrió la posibilidad a un nuevo período de oxigenación del régimen político, en el cual dichos sectores controlan y orientan la política de Estado en función de sus intereses.

Ciertamente, la Constitución fue refrendada en consulta popular, pero también es cierto que en ese referendo no emitieron su voto alrededor de 200.000 personas asesinadas y desaparecidas forzosamente, un crimen de Estado que sucedió incluso durante el proceso constituyente. A ellas se suman los miles de ciudadanos que fueron obligados a desplazarse en el territorio nacional o fuera de éste como refugiados o exiliados, así como aquéllos que no estaban siquiera empadronados o que no tuvieron la posibilidad de movilizarse a los centros de votación debido a la lejanía de éstos. Así se constituyó la exclusión de sujetos colectivos como los pueblos originarios, fuerzas políticas reprimidas desde 1954 y amplios segmentos sociales, los cuales no pudieron participar en la contienda para elegir constituyentes y, por consiguiente, estuvieron imposibilitados de incidir en la formulación y negociación constitucional.

Es claro que estamos ante un Estado que continúa capturado por las élites económicas, militares y políticas, así como por estructuras criminales de distintos tipos y extracciones sociales. Las sucesivas crisis institucionales devenidas de tal captura, de la aplicación de políticas neoliberales, del despojo de los bienes comunes, de la corrupción ampliada y de la criminalización y represión de la protesta social configuran un Estado que se aleja absolutamente de los fines constitucionales del bien común, la justicia, la igualdad y la paz social.

La Constitución y su desarrollo en la legislación ordinaria configuran y sirven de marco para la reproducción de una estructura económica históricamente injusta, enraizada en el despojo y la explotación. Es eso lo que sirve de cimiento al modelo económico controlado por una clase social minoritaria, gestionado de forma oligopólica desde el mercado y el Estado, basado en salarios de miseria y en rezagos industriales, tecnológicos y educativos. 

Un modelo que produce riqueza extrema, facilita la fuga de capitales a manos del capital transnacional y reproduce la extrema pobreza. Son este marco constitucional y este modelo económico los que explican el porqué de la pobreza en la que sobrevive el 67% de la población, de la desnutrición crónica que padece cerca del 50% de los niños menores de cinco años, de la expulsión de miles de jóvenes que se ven obligados a transitar por caminos de muerte en busca de empleo fuera del país y del círculo vicioso de la inseguridad como negocio lucrativo.