Chile busca tener derechos sobre reservas de agua

Foto: Freddy Zarco
La canalización realizada por Chile para que los manantiales del Silala lleguen hasta ese país.

Fernando del Carpio Z.

El único argumento sólido que tiene Chile en su demanda es la definición que da la Convención de Naciones Unidas sobre Utilización de Cursos de Agua con Fines Distintos a la Navegación, aprobada en 1997, que en opinión del excanciller Javier Murillo de la Rocha no es un acuerdo sólido porque no ofrece una definición de lo que es un río internacional de curso sucesivo (que atraviesa varios Estados) y un río internacional de curso contiguo (que hace límite entre dos Estados).

Murillo refiere que tradicionalmente, desde la Convención de Montevideo de 1933 sobre Uso y Utilización de Aguas Internacionales, siempre hubo una definición clara sobre esas dos modalidades de curso sucesivo o contiguo.

Pero advierte que la Convención aprobada en 1997 obvia esa diferenciación y señala que el curso de aguas es el que fluye y en algunas de las partes se encuentran en territorios de Estados distintos.

“No habla de río, habla de curso, entonces los chilenos se apoyan en esa definición que está en la Convención de 1997, que ha sido muy discutida y no ha convencido a gran parte de los miembros de la comunidad internacional”, manifestó.

Para Murillo, ésa es la única parte sólida que ellos tendrían. “Nosotros tenemos mucha solidez en cuanto a lo que son los estudios hidrogeológicos y geomorfológicos”.

“En realidad, lo que Chile tiene que hacer es demostrar que antes de 1908, antes de que se hicieran las obras de ingeniería, existía un río que fluía naturalmente desde territorio boliviano hacia territorio chileno, pero no existía ni existe tal río”, remarcó.

Existían, afirmó, un poco más de 90 ojos de agua o bofedales que estaban esparcidos en un área muy grande de 145 mil metros cuadrados (14,5 hectáreas), y es difícil que puedan demostrar que existía un curso de agua continuo o natural, y que con obras de ingeniería (canales con mampostería, tubería) han reunido esos ojos de agua que están muy separados unos de otros.

Más allá del Silala

A Chile no le interesa en el fondo, según Murillo, los 176 pies cúbicos de agua que fluyen diariamente del Silala, “lo que le interesa es ser reconocido propietario del curso inferior, cosa de que cuando nosotros tratemos de utilizar agua de otros depósitos fósiles o aguas inmovilizadas que no están fluyendo, sean propietarios del 50% de esas aguas”.

Por esa razón considera un acierto que no hayamos aceptado que se nos pague por la mitad (50%) de las aguas del Silala, “porque poníamos en duda de que éramos propietarios de una parte y no de la totalidad”. “Hubiera sido un error aceptar el 50% porque Bolivia es propietaria del 100%, no del 50%”, afirmó. “Chile apunta a volverse propietario automáticamente del 50% de las aguas que están en territorio boliviano, con características similares a lo que es la vertiente del Silala”, sostuvo.

Hay que tener en cuenta, resaltó Murillo, que hay depósitos fósiles inmovilizados en esa área con reservas muy grandes, que el día de mañana se pueden comenzar a utilizar y ellos (Chile) simplemente “reclamar de que se deje de utilizar o se les pague el 50%. El tema va más allá de la vertiente del Silala”.

La exautoridad dijo que presentó algunos documentos, y señaló que el río Lauca tiene dos propietarios: nace en Chile e ingresa a Bolivia, que es dueña del curso inferior, y Chile cometió un atentado deplorable cuando decidió utilizar sin permiso y desviar las aguas hacia el Valle de Azapa, por lo que Bolivia rompió relaciones diplomáticas en 1962.

Considera que en esa línea, ahora quieren generar el mismo esquema en el caso del Silala, es decir que Bolivia sea dueña del curso superior y Chile del inferior, con el propósito de evitar que “los bolivianos podamos hacer uso de nuestros legítimos recursos hídricos”.

El fondo del asunto

Además de seguir utilizando las aguas del Silala sin costo alguno, como lo viene haciendo desde hace más de un siglo, el vecino país lo que busca es “el reconocimiento de que se trata de un río, crear el precedente para ser reconocido como propietario del curso inferior de aguas supuestamente internacionales”.

De este modo, aseveró, estaría adquiriendo derechos sobre las reservas, aún no explotadas, de depósitos subterráneos que se encuentran en el territorio boliviano. “Ése es el fondo del asunto”, advirtió el excanciller.

Murillo considera que por la controversia sobre las aguas del Silala entre Bolivia y Chile, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “seguramente enviará expertos para formar un criterio objetivo, ya que gran parte del problema tiene que resolverse bajo criterios geomorfológicos e hidrogeológicos”. Lo cierto es que si no se hubieran realizado las obras de ingeniería luego de la concesión hecha por Bolivia, no existiría tal curso de agua, ya que un río es alimentado por precipitaciones pluviales o niveles suficientes, un lecho natural, riberas y desembocadura también naturales.

“El Silala es un curso de agua que fluye artificialmente como resultado de tales obras. Se tuvo que destrozar los bofedales, muy separados unos de otros, casi 90, para generar con canales y tuberías ese curso de agua. Eso hay que demostrarlo científicamente ante la Corte Internacional de Justicia”, enfatizó.

Concesión de 1908 certifica que aguas son bolivianas

La Prefectura de Potosí otorgó en concesión las aguas del Silala —el 23 de septiembre de 1908— a la empresa Antofagasta Railway Company para que las usara en sus locomotoras y ese hecho confirma el derecho propietario indiscutible de Bolivia sobre el Silala.

“Sólo se pide el uso de un bien al propietario de éste, por tanto éste es el reconocimiento expreso por parte de Chile sobre quién es el verdadero titular del derecho propietario”, expresó el excanciller Javier Murillo.

Precisamente en la gestión de Murillo como ministro de Relaciones Exteriores (1997-2001), la entonces Superintendencia de Aguas adjudicó a la empresa Ductec el cobro a Chile por las aguas del Silala.

Una vez extinguida la concesión, explicó Murillo, el Estado boliviano estaba en su pleno derecho de hacer una nueva concesión. Aunque “la empresa (Ductec) nunca pudo cobrar por el uso de las aguas porque el Gobierno de Chile prohibió a los usuarios realizar cualquier pago y convirtió este asunto en una controversia internacional”.

En noviembre de 2009, los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet acordaron que Chile pague el 50%, pero no se concretó por la oposición del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que rechazó el documento y exigió consignar la deuda histórica.

Murillo, al mostrar su acuerdo con la posición de los cívicos, dijo que “no se podía aceptar el pago del 50% porque ello significaba reconocer que Chile era propietario del otro 50%. Habría sido un error”.

Ahora que el caso llegó a la Corte Internacional de Justicia, no duda en “que el trabajo que se ha realizado es el correcto y que tiene una adecuada sustentación jurídica y técnica”.

Es normal pedir una prórroga

La decisión de Bolivia de solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una prórroga para la entrega de la contramemoria es normal, “no es nada inusual, está dentro de los procedimientos y práctica de la Corte”, opinó el excanciller Javier Murillo.

Esta situación, afirmó, no nos debe alarmar ni dar lugar a ningún tipo de especulación.

El canciller chileno, Roberto Ampuero, atribuyó la solicitud a que Bolivia está atrasada y no pudo juntar argumentos. Pero Murillo recordó que Chile en el tema de la demanda marítima no sólo no presentó la contramemoria en su momento, “sino que era tal su inseguridad que prefirieron ir por la excepción preliminar de incompetencia”.

“Nosotros dijimos lo mismo, no tienen fe ni confianza en sus argumentos y por eso quieren detener el proceso para que nunca se llegue a tratar el tema de fondo, entonces siempre van a decir eso. No hay que olvidar que es un juicio en el que hay un demandante y un demandado, y se tratará de desvirtuar la consistencia de los argumentos de una de las partes”, aseveró.