Carlos Mesa y sus omisiones en el caso Quiborax

Fernando del Carpio Z.

Hace 14 años, el 23 de junio de 2004, el gobierno de Carlos Mesa no sólo apeló a una figura jurídica que no existía en la legislación minera vigente al revocar la concesión a Quiborax, sino que no respondió a ninguna de las notas que le presentó la empresa chilena antes de demandar al país ante el Ciadi.

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, respalda esa afirmación en una serie de documentos que fueron parte del laudo arbitral que llevó a Bolivia a pagar 42,6 millones de dólares a Quiborax por concepto de indemnización por “daños y perjuicios”. 

“En 2004, la empresa (Quiborax) le envía tres cartas: en julio, octubre y diciembre de 2004; le pide consultas amistosas antes de demandarnos ante el Ciadi, que la presenta en 2005, y Carlos Mesa no responde ninguna de esas notas”, aseveró.

Navarro subrayó que en todo proceso de arbitraje a escala mundial siempre existen las consultas previas para llegar a un acuerdo con la empresa y el Estado demandado.

De esa manera se llegaron a muchos acuerdos negociados por el entonces Ministerio de Defensa Legal del Estado, en coordinación con el Ministerio de Minería, por lo que Mesa incurrió en una falta al no reunirse con la firma chilena.

Omite auditorías

El no haber realizado las seis auditorías, como establecía la Ley 2564, para anular el contrato con Quiborax es otra de las irregularidades cometidas por el gobierno de Mesa.

“Si hacía las auditorías como establecía la ley, no sólo habría revertido esas áreas al dominio del Estado, sino que hubiese realizado procesos en materia social, laboral y ambiental a los empresarios, pero se carece de dichas auditorías que incluso fueron reclamadas por la empresa en el proceso”, afirmó.

Con esas verificaciones, según el Ministro, se habría podido demostrar todo, pero incumplió la norma; incluso pudo pedir la ampliación del tiempo (de 60 días a más), y “ése es el argumento que tiene la empresa para demandar al Estado boliviano”.

En ese marco, Navarro resta importancia a los cuestionamientos de Mesa, que califica de pésima la defensa legal del Estado, “eludiendo su responsabilidad; se lava las manos y encuentra un justificativo a su indecisión constante”.

El titular de Minería fundamenta esa posición porque si bien el exmandatario promulgó la Ley 2564, a iniciativa de Potosí, la incumple al no realizar las auditorías y disponer mediante el Decreto Supremo 27589 la revocatoria de las concesiones.

Además toma esa medida desconociendo la legislación del Código de Minería por ese entonces, que establecía que se podía perder la titularidad del área por tres razones: por renuncia (acto voluntario), por caducidad (de no cumplir con el pago de la patente) y por nulidad (cuando incumple las obligaciones que establece la legislación, por ejemplo de tipo ambiental).

“Pero Mesa incorpora la figura jurídica de la revocatoria, que no existe en el Código de Minería”, apuntó.

Navarro recuerda que en diciembre de 2004 su canciller Juan Ignacio Siles del Valle le indicó en un informe que el Decreto Supremo 27589 “adolece de serios problemas jurídicos”. Además, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el 16 diciembre de 2005, antes de dejar la Presidencia, aprueba el Decreto Supremo 28527 con el cual abroga el Decreto Supremo 27589 de Mesa porque tiene “deficiencias jurídicas insubsanables” y “no contempla la figura jurídica de revocatorio”.

Reducen reserva fiscal

Las áreas están en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí, y el ministro Navarro refiere que la adjudicación tiene una característica propia, de cómo esos años actuaban las autoridades políticas electas y funcionarios públicos en favor de los intereses individuales y externos.

De esa manera, la Ley 1854, aprobada por el gobierno de Hugo Banzer Suárez, reduce el perímetro de la reserva fiscal de 2.362.000 hectáreas (ha) a 1.344.000 ha; se reduce en un millón, que es el área de la costra salina donde está el litio, y entre los que alientan dicha ley está el senador Gonzalo Valda Cárdenas, del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que estaba en coalición con ADN (Acción Democrática Nacionalista). 

“Esa decisión política que se traduce en una ley permite que un exfuncionario, David Moscoso, que tenía la información, acceda a las concesiones y se constituye en el primer accionista de la Compañía Minera Río Grande Sur SA”, sostuvo.

Recurriendo a esas argucias, Moscoso obtiene las concesiones de ulexita en el delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni y vende el 51% de sus acciones (50,99% a Quiborax y el 0,01% al ciudadano chileno Allan Fosk), quedándose con el 49%.

Navarro, que se desempeñaba como concejal en Potosí por entonces, afirma que se denunciaron esos hechos y se realizaron movilizaciones, y con el cambio de gobierno, en 2002 y luego la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (17 de octubre de 2003), “se presiona para recuperar esas áreas”.

La brigada parlamentaria de Potosí, la Universidad Tomás Frías, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas) impulsan y proponen un proyecto de ley para ampliar el perímetro de la reserva fiscal, de 1.344.000 ha a 2.190.000 ha.

El movimiento cívico logra la ampliación y sabiendo que la explotaban le pide a Mesa que, en cumplimiento de la Ley 2564, lleve adelante auditorías —técnica, jurídica legal, económica financiera, regalitaria tributaria, sociolaboral y ambiental— para aplicar sanciones y tomar las medidas legales que correspondan. Pero esto no fue ejecutado por el gobierno de Mesa.

Navarro: nunca tomó una decisión positiva

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro (foto), considera que Carlos Mesa, que gobernó el país desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005, “nunca tomó una decisión positiva”.

“Mesa es un comentarista de la política, no es un actor político, era admirador de Gonzalo Sánchez de Lozada”, señala Navarro y recuerda que Mesa renunció por no firmar la Ley de Hidrocarburos.

Además de dedicarse a denunciar a los diputados Evo Morales y Santos Ramírez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y al dirigente alteño Abel Mamani de conspirar en contra de su gobierno.

Ante la posición que asume Mesa para eludir su responsabilidad en el caso Quiborax, Navarro sostiene: “Asistimos a una conducta sensacionalista típica de Mesa, que se formó políticamente en shows y simbolismos públicos (...) de Vicepresidente nunca ejerció, estaba autoaislado, comentaba la vida pública. Ahora no quiere responder, se lava las manos, que diga por qué no llevó adelante las auditorías”.

Demanda

» Quiborax y Non Metallic Minerals SA presentan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el 4 de octubre de 2005, una demanda arbitral en contra del Estado boliviano.

» El Ciadi es una institución del Banco Mundial, con sede en Washington.

» La demanda por la revocatoria de 11 concesiones tiene como origen el DS 27589 del 23 de junio de 2004.