“La revocatoria fue ilegal y el tribunal determinó restituir el daño”

Foto: Carlos Barrios
El Procurador General del Estado de Bolivia.

Entrevista: Pablo Menacho Diederich (Procurador General del Estado)

El expresidente Carlos Mesa no respondió a cuatro cartas de la empresa chilena que intentó superar la controversia antes de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, por sus siglas en inglés).

El Decreto Supremo 27589 que emitió el expresidente Carlos Mesa fue el que generó la controversia entre la empresa Quiborax y el Estado boliviano, que llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, por sus siglas en inglés).
Esa entidad, de la cual el Estado boliviano se retiró en 2007, determinó en 2017 que el proceso de expropiación de las concesiones en el salar de Uyuni fue ilegal porque no se cumplieron los procedimientos establecidos en la Ley 2564, promulgada por el propio gobierno de Mesa.

En consecuencia, el Estado boliviano tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena.

Por ello el caso fue derivado a la Fiscalía General del Estado, dijo a Democracia Directa el procurador Pablo Menacho.

Se presentó una proposición acusatoria amplia con 35 documentos de prueba, el laudo y todas las decisiones del tribunal arbitral.

La ampliación de denuncia, presentada por Mesa, también está incluida y el Ministerio Público será el que resuelva este asunto, dijo Menacho en la entrevista que se realizó en su oficina situada en un edificio del centro paceño.

Además, indicó que de no haberse pagado la indemnización, el daño causado al Estado hubiese sido peor, porque Quiborax tenía un documento de ejecución de pago que podía hacer valer en cualquiera de los 152 países que forman parte del Ciadi, ya sea congelando los activos o embargando los bienes del Estado.

Carlos Mesa declaró que no se pudo hacer las auditorías debido a que Quiborax no aceptó y bloqueó la posibilidad de dar información...
En esto hay que ver un tema sumamente importante, la capacidad, potestad que tiene el Estado para requerir información; hay que ver si lo hicieron, pero el hecho de que un particular o empresa se resista a dar información quiere decir que se activan los mecanismos del Estado para hacer cumplir la norma. El Estado tiene la capacidad de hacer cumplir lo que dicen las normas, lo otro es que el hecho de que haya resistencia no exime de responsabilidad al Estado de llevar adelante su tarea, eso es inadmisible y hay que tomar en cuenta que no es el ministro el que toca la puerta, sino los técnicos los que tienen que hacer la auditoría y llevar adelante todas las acciones para hacer su trabajo. Él (Mesa en No mentirás de PAT, el lunes 25) ha dicho que no se hicieron las auditorías, y eso no lo exime del incumplimiento, será parte de la investigación que se lleva adelante en el proceso que se ha instaurado.

¿A qué atribuye el que no haya ordenado la realización de las auditorías?
Hay algo que es notorio, el hecho de que se haya reglamentado las auditorías 13 días antes de que se venza el plazo para realizar auditorías sumamente complejas: técnica minera, medioambiental, sociolaboral, tributaria regalitaria, por eso la ley daba 60 días para llevar adelante el proceso y no 13 días, por la negligencia de reglamentar después de que pasaron 45 días.

¿No había la posibilidad de ampliar el plazo?
La Ley 2564, promulgada por el gobierno de Mesa, establecía un plazo perentorio de 60 días (desde el 9 de diciembre de 2003 hasta el 9 de febrero de 2004); debían comenzar a trabajar desde el día uno, no desde el 45.

El exmandatario También refiere que el expresidente Rodríguez Veltzé subsanó un problema jurídico, pero no cambió los efectos de la medida que adoptó su gobierno (revocatoria en lugar de anulación)…
No hubo un perfeccionamiento por parte del gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, no hay perfeccionamiento de normas legales, o se ajusta al ordenamiento jurídico o no; si se ajusta se la saca, no se perfecciona. Había un decreto ilegal, el 27589, emitido por Mesa que fue abrogado por la gestión de Rodríguez Veltzé. El segundo tema es que cuando Rodríguez Veltzé emite su decreto no podía volver las cosas a como estaban antes del decreto de Mesa, porque la Superintendencia de Minas lleva adelante el procedimiento de nulidad. Ya las concesiones estaban anuladas, no hay una figura para ‘desanular’, y lo único que hizo Rodríguez Veltzé fue sacar el Decreto Supremo 27589 del ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que uno no puede ir a un tribunal internacional y decir: “expropié sin ninguna base legal propiedades privadas, pero luego, como me di cuenta de que expropié mal, intenté llevar adelante el proceso como se debía”, eso no existe en un tribunal internacional, que lo que ve es la medida que causa el daño. Durante todo el proceso arbitral se discutió la medida que expropió, que quitó a los chilenos sus concesiones mineras en Bolivia; la medida fue el Decreto Supremo 27589, y cuando se genera no existía un marco jurídico que la respalde.

Por otra parte, Mesa observa que no se haya considerado la falsificación de la composición accionaria admitida por David Moscoso y por la que se le dio dos años de cárcel. Dice que de haberlo hecho no se habrían pagado los 42,6 millones de dólares...
El aspecto más discutido durante el procedimiento arbitral fue la medida que causó el daño, el Decreto Supremo 27589, y el segundo tema que más se discutió fue la ilegalidad de la inversión. Las instancias de defensa del Estado boliviano alegaron ampliamente que el tribunal no debía conocer este caso justamente por las ilegalidades en la documentación societaria de Quiborax, se lo dijo durante una solicitud de medidas provisionales por parte de Quiborax para que se suspenden y acaben todos los procesos penales iniciados, se usó en la fase arbitral en la que se alegó que la inversión era ilegal porque había documentos falsificados, pero al final el tribunal al ver toda la prueba del expediente dijo que el caso no se iba a determinar en un proceso penal en Bolivia y que se trata de chilenos que invirtieron en Bolivia, revisó los pagos que hizo Quiborax en la compra de acciones, sus estados financieros, los actos de administración realizados en Bolivia, llegando a la conclusión de que era competente para conocer el caso. Se invocó la ilegalidad a lo largo de todo el proceso arbitral para intentar anular el laudo arbitral, en septiembre de 2015, se plantearon todos los argumentos respecto al acta ilegal.

¿Qué estableció de manera puntual la sentencia o el dictamen del Ciadi? ¿Es evidente que se cuestionó la manera en la que se recuperaron los yacimientos del salar de Uyuni?
Lo que ha dicho el tribunal es que la medida de expropiación (DS 27589) fue ilegal, y estableció que se debía compensar de manera plena, es decir que se llegue a una situación como si la medida expropiatoria (de las concesiones de boro y ulexita) nunca hubiese existido. Hizo una valoración en el tiempo de cuánto iba a costar si no era nacionalizada y en función de eso determinó el monto de la compensación.

¿El proceso de la firma chilena se inicia por el decreto errado que aprueba Mesa? ¿Cómo debió proceder el gobierno de Mesa para anular la concesión minera de la empresa?
De acuerdo con lo que decía la Ley 2564, si Mesa hubiese llevado adelante las seis auditorías en los tiempos establecidos, si hubiesen determinado incumplimiento de Quiborax, se habría iniciado el proceso de nulidad de concesiones ante la Superintendencia de Empresas; si se seguía ese procedimiento a lo mejor el Estado boliviano hubiese tenido la posibilidad de defenderse de la mejor manera durante el proceso arbitral. Lo bueno que tenía la Ley 2564, además de ampliar la reserva fiscal, es que el artículo 3 establecía el debido proceso y es clave porque los Estados no están prohibidos de recuperar sus recursos naturales, siempre que cumplan con el debido proceso, que la medida no sea discriminatoria, haya un interés público y se pague una compensación, y de esos cuatro elementos tres fueron violados al no cumplirse el debido proceso (artículo 3 de la Ley 2564), de que fue discriminatorio y estableció el pago de una compensación.

¿No se debería también apuntar en el proceso a quienes facilitaron que el señor David Moscoso se adjudique los yacimientos y exautoridades que en 1998 redujeron la extensión de la reserva fiscal del salar?
Evidentemente, se podría iniciar una investigación mucho más amplia, pero dados los antecedentes del caso primero era la empresa Río Grande Sur que se adjudica y siguió un trámite ante la Superintendencia de Minas para la obtención de concesiones. Si hubiese habido irregularidades en el otorgamiento de concesiones, eso tenían que determinar justamente las auditorías que establecía la Ley 2564, era el momento clave para establecer si el otorgamiento de concesiones a favor de Quiborax fue hecha conforme a ley o no.

¿Cuánto influyó que el gobierno de Mesa no haya respondido las tres notas de diálogo de Quiborax?
Es otra de las contradicciones en las que cayó el expresidente Mesa, probablemente porque desconoce las reglas del sistema de arbitraje de inversiones que aprobó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994, cuando el Estado se compromete y obliga a que si surge una controversia con una empresa extranjera se lo lleve a un arbitraje, es el momento en que se firma el tratado de inversiones entre Bolivia y Chile, y al que nuestro país queda atado porque se entrega la majestad del Estado a tribunales internacionales. El tratado dice que desde el momento en que surge la controversia (23 de junio de 2004 con la emisión del DS 27589) las partes tienen seis meses para intentar solucionar amigablemente. Un mes después, el 23 de julio, Quiborax en una nota le dice que se acoge a lo que establece el tratado, envía hasta una cuarta carta para conversar en función a lo que dice el tratado. En enero de 2005, en una última carta, le dice que el plazo de los seis meses ha concluido y que va a iniciar su arbitraje ante el Ciadi; en octubre de ese año presenta su solicitud de arbitraje y empieza el proceso arbitral. Carlos Mesa ha dicho que el ministro Héctor Arce consintió en 2009 el arbitraje, cuando ya estaba en curso. Mesa generó la controversia y tuvo la oportunidad de resolverla desde junio de 2004 hasta junio de 2005.

Mesa incumplió y tiene que responder por el daño que causó

Procurador, Mesa indica que el Gobierno con sus acusaciones busca demolerlo políticamente y que está en marcha una persecución y criminalización de la política contra todos los potenciales candidatos a las elecciones 2019. ¿Es así?
El indicio sobre la responsabilidad del expresidente Mesa es la emisión del Decreto Supremo 27589 que genera la controversia, eso se establece en 2008 mediante un informe. Los procesos relativos a esta controversia tenían que iniciarse una vez que haya concluido de manera definitiva, no se podían iniciar previamente; se intentó preservar la capacidad de defensa del Estado boliviano y eso sucedió el 18 de mayo de este año, cuando el comité de anulación confirma el laudo de septiembre de 2015.

Mesa presentó un escrito a la Fiscalía en el que lo responsabiliza a usted y a otras autoridades del Gobierno de haber realizado una pésima defensa del Estado la última década. ¿Qué dice al respecto?
No hay cómo ignorar que la medida que genera la controversia y que ocasiona el daño fue el Decreto Supremo 27589 dictado por el expresidente Mesa, por lo que no se puede responsabilizar al abogado por las acciones del defendido, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Quien tenía la responsabilidad de realizar las cosas conforme a lo que establecía la ley el año 2004 era el expresidente Carlos Mesa, él incumplió y tiene que responder sobre el daño que ha causado al Estado boliviano.