Políticas de Goni y Banzer, en medio del caso Quiborax y Mesa

Foto: Cambio
El salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

Fernando del Carpio Z.

Las políticas implementadas por los gobiernos de Hugo Banzer y de Gonzalo Sánchez de Lozada, de corte neoliberal, están presentes en el caso Quiborax.

Banzer, mediante la Ley 1854, del 8 de abril de 1998, redujo el perímetro de reserva fiscal del salar de Uyuni de 2,3 millones a 1,3 millones de hectáreas, con lo que inició la entrega de concesiones.

Mientras que Gonzalo Sánchez de Lozada, sin renunciar nunca a su condición de empresario, adhirió a Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el que se amparó Quiborax-Non Metallic Minerals (NMM) para demandar al país.

La norma aprobada por Banzer permitió que personas como David Moscoso Ruiz, exfuncionario del Ministerio de Minería, que accedió a información privilegiada, se adjudique 11 concesiones de ulexita, constituya su empresa y en 2001 venda el 55,99% de sus acciones a la empresa chilena Quiborax, 0,1% al chileno Allan Fosk y que él se quede con el 49%.

Mientras que la decisión de Goni de incorporarse al Ciadi llevó a que Quiborax-NMM recurra a esa instancia y logre que dicte un laudo arbitral que le significó al Gobierno boliviano pagar 42,6 millones de dólares de indemnización a la firma chilena, que no invirtió ni un millón de dólares. 

El Ciadi no estableció el monto por la inversión realizada, sino por la ‘compensación íntegra’, que incluye los recursos que recibiría en el tiempo de la explotación.

Este cuadro de situación fue ampliamente explicado por los ministros de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César Navarro, en el acto interpelatorio que se realizó el miércoles en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y que tuvo como testigo, desde uno de los palcos, al expresidente Carlos Mesa, principal involucrado en este caso.

Revocatoria y auditorías

Cuando concluyó la interpelación, Mesa dijo que en el caso Quiborax actuó con “transparencia y honestidad”.

Sin embargo, tal como demostraron con documentos ambos ministros, el exmandatario, al decidir la revocatoria (Decreto Supremo 27589), no cumplió con la legislación minera vigente porque dicha figura jurídica no estaba incluida.

Además, no cumplió con realizar las seis auditorías establecidas en la Ley 2564 que él promulgó el 9 de diciembre de 2003.

Las auditorías técnica, jurídica, económica, regalitaria, sociolaboral y medioambiental debían efectuarse en 60 días, del 9 de diciembre de 2003 hasta el 9 de febrero de 2004, y a partir de éstas determinar la nulidad de las concesiones, con lo que se hubiese fundamentado la medida. Para rematar, Mesa aprueba el DS 27326, el 27 de enero de 2004, que da 13 días para el cumplimiento de las auditorías, cuando el plazo vencía el 9 de febrero.

Meses después, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que sustituyó a Mesa después de su renuncia, aprueba el DS 28527, el 16 de diciembre de 2005, que abroga el DS 27589 de la revocatoria por “deficiencias jurídicas insubsanables”.

Todo ese rosario de medidas fue aprovechado por Quiborax-NMM, que demostró que la revocatoria, tal como explicó el ministro Arce, no se dio de conformidad a la legislación boliviana ni del derecho internacional y fue discriminatoria porque sólo afectó a Quiborax (chilena) y no a las demás.

Al final, el Estado tuvo que cumplir con el laudo, caso contrario se venían embargos a bienes y activos de Bolivia en el exterior, por lo que el daño hubiese sido peor.