El caso Quiborax y el reto de hacer justicia

Debido a la disminución de la reserva fiscal del gran salar de Uyuni impulsada durante las administraciones gubernamentales del exdictador Hugo Banzer Suárez y de su delfín político, Jorge Tuto Quiroga —ambos de ADN—, varias empresas mineras, entre ellas Non Metallic Minerals S.A. (NMM), se establecieron en ese reservorio para explotar los ricos yacimientos de boro y ulexita.

La Ley 1854, promulgada el 8 de abril de 1998 por el gobierno de Banzer, dispuso que la reserva fiscal del salar estaba “comprendida en el perímetro que corresponde a la costra salina”, propuesta presentada en una servilleta de papel por los entonces senadores miristas Gonzalo Valda y Wálter Zuleta, prueba innegable de cómo el neoliberalismo administró la riqueza de la patria.

En ese contexto, el DS 26574, aprobado por Tuto el 3 de abril de 2002, convalidó la disminución de la reserva fiscal y entregó los yacimientos de boro y ulexita a empresas privadas.

Es cierto que el gobierno de Carlos Mesa por la Ley 2564, del 9 de diciembre de 2003, derogó la ‘Ley Valda’ y el DS de Tuto, y restituyó la reserva fiscal al perímetro circundante a la cuenca evaporítica, empero, el artículo 3 de esa ley obligaba al gobierno de Mesa a “declarar la nulidad” de las concesiones mineras que sean pasibles a sanciones legales, luego de una evaluación de seis auditorías en un plazo de 60 días, y el DS 27326, de 27 de enero de 2004, reglamentó la realización de esas auditorías.

Sin embargo, la Ley 2564 y el DS 27326 fueron incumplidos por el expresidente Mesa y varios de sus ministros: no realizaron las auditorías ni declararon la nulidad de las concesiones mineras en el plazo perentorio.

Frente a estos incumplimientos, Mesa dictó el ilegal DS 27589, el 23 de junio de 2004, y revocó las concesiones de la empresa de capitales chilenos NMM. 

Esta ilegalidad fue reconocida por el mismo gobierno de Mesa, y por la administración de Eduardo Rodríguez Veltzé, quien abrogó el decreto de Mesa porque “adolece de deficiencias jurídicas insubsanables”. Ahora bien, si las empresas NMM y Quiborax demandaron a Bolivia y ganaron el arbitraje ante el Ciadi, será la justicia boliviana la que diga si Mesa es culpable o inocente.