Redistribuir la riqueza es un acto de justicia social

“Los empresarios no quieren compartir sus ganancias al negarse a pagar el segundo aguinaldo”, aseguró el viernes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, y cuestionó las observaciones de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respecto del favorable crecimiento del 4,44% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2018.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, dijo que “el doble aguinaldo es una decisión política” y la entidad empresarial —mediante un comunicado— puso en duda la veracidad de los indicadores que sustentan el crecimiento de la economía, porque supuestamente serían funcionales al pago de un beneficio que está condicionado al crecimiento igual o superior al 4,5%, en un período interanual de junio a junio.

No obstante, los indicadores económicos que maneja el INE y que sustentan el crecimiento del PIB son el resultado de informes que periódicamente remite el sector empresarial al ente estadístico.

Los datos que sostienen el crecimiento del PIB son transparentes, consistentes y respaldados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). A mediados de julio, el FMI reconoció el éxito de las políticas económicas aplicadas por el Gobierno y proyectó un mayor crecimiento de la economía boliviana: del 4 al 4,2% en 2018, aunque el Gobierno boliviano apunta al menos a un 4,5%.

Entonces, queda demostrado que los argumentos de la CEPB —para cuestionar los indicadores que sustentan que en el primer trimestre la economía boliviana alcanzó el mayor crecimiento de Suramérica y avanza para consolidarse en ese lugar de privilegio por quinto año consecutivo— son deleznables y falaces.

Informes del Ministerio de Economía señalan que en 2017 las utilidades del sector privado alcanzaron Bs 27.766 millones, un 4% más de las registradas en 2016, por lo que rechazar el pago del segundo aguinaldo, aunque el PIB crezca 4,5%, es oponerse a un acto de justicia hacia los trabajadores.