Salud: seguro sostenible y no electoral

Las cifras difundidas por el ministerio del sector en torno a la cobertura del futuro Sistema Único de Salud —que comenzará a beneficiar paulatinamente desde el próximo año al 51% de la población de entre 5 y 49 años sin protección actual— dan cuenta de que sólo el 38% de los bolivianos es atendido al presente por la Caja de Salud y sus homólogas sectoriales.

Lo que equivale a decir que sin los seguros médicos implementados en los últimos 12 años por el Estado Plurinacional en favor del 11% restante —conformado por infantes, madres y adultos mayores—, la situación de la seguridad social en Bolivia hubiera rozado niveles de catástrofe, como coinciden especialistas de diverso bando.

La decisión del Presidente puede ser considerada como una acción de salvamento del sistema de la salud pública y de la seguridad social en Bolivia, país, paradójicamente, pionero en estas prestaciones que provienen (si no masivas, por lo menos significativas en la clase obrera) de décadas anteriores a la fundación de la COB, gestada a su vez por las luchas de los primeros movimientos que con atisbos de sindicalismo anticapitalista libraron sus batallas contra el liberalismo de comienzos del siglo XX.

Más allá de los recuentos con visos de historia, lo concreto es que, cien años después, Bolivia se encuentra en puertas de un seguro universal de salud que proyecta tres características importantes: sostenibilidad en el mediano y largo plazo, no requerimiento de los aportes laborales de los trabajadores que han constituido y sustentan sus propias Cajas, y no electoralización del proyecto, faceta ésta contraproducente si se trata de un servicio esencial para la vida y al cual deben acceder todas y todos los bolivianos según lo establece nuestra carta constitucional.

Un punto no menos importante es el financiamiento que cimentará el inicio del Sistema Único de Salud, pues si bien los 200 millones de dólares anunciados para su arranque parecieran ser modestos, teniéndose en cuenta que la CNS presupuesta unos 850 millones de dólares anuales, no se debe pasar por alto la confianza presidencial en que la economía nacional seguirá creciendo y no habrá necesidad de tocar los aportes laborales, ni pedir préstamos ni —como enfatiza el Jefe de Estado— engañar al pueblo.