Un 15% adicional e ingresos… y rendición de cuentas

Especialmente los municipios y las universidades públicas, pero también las Fuerzas Armadas y la Policía, además del propio Gobierno central y los indígenas, verán con beneplácito en el corto plazo, el aumento promedio de sus ingresos institucionales en un nada despreciable 15%, según corre en el Senado el proyecto de ley que reformula el Presupuesto General del Estado.

Debido al aumento de los precios de los hidrocarburos, la principal materia prima exportada y generadora de los mayores ingresos del país, la normativa en curso tiende a concretar un aumento en beneficio de los diferentes niveles gubernamentales y de otras instituciones, de las percepciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y las regalías departamentales.

En el primer caso, se trata de 1.500 millones de bolivianos, de los que las entidades autónomas ingresarán un adicional de 1.000 millones de bolivianos, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Economía.

El aumento en las cotizaciones del gas y petróleo permitirá también al Gobierno central elevar la inversión pública, que hasta en un 1,1% calculado en 60 millones de dólares, sirve para una mayor derrama económica que dinamiza el mercado interno y los ingresos familiares.

No hay que olvidar que el célebre IDH, creado a consecuencia de  una consulta en la que la población boliviana pidió que el Estado se quede con al menos 50% del valor de la producción de hidrocarburos, beneficia, apartado un 12% para un Fondo de incentivo a la exploración y exploración petrolera, a los departamentos productores y no productores y sobre todo al Tesoro General de la Nación, mediante el cual el Ejecutivo debe  asignar porcentajes específicos a pueblos  indígenas  y  originarios, comunidades campesinas (Fondo Indígena), municipios,   universidades,   Fuerzas  Armadas, Policía Nacional y otras partidas como los fondos de compensación tridepartamental y de uso del gas natural, además de la constituida para la tercera edad vía el bono Dignidad.

Y así como la norma establece con precisión las asignaciones, corresponde efectuar una rendición de cuentas clara por parte de la diversidad de beneficiarios sobre la forma en que se gastaron los recursos recibidos y los mecanismos de seguimiento y control implementados, con el fin de  evaluar la eficiencia del gasto y reorientar la inversión, si es el caso, y definir si se han utilizado —como es aconsejable—  con base en un horizonte común de desarrollo y criterio de sostenibilidad.