Alcances del dictamen

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Los jueces de la Corte Internacional de Justicia durante la audiencia final del caso Obligación de negociar un acceso al océano Pacífico.

Juan F. Cori Charca / Enviado especial a La Haya

Mientras el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), avanzaba en la lectura de la sentencia más se desgranaban una a una las razones que llevaron a este tribunal —doce contra tres— a rechazar el petitorio boliviano sobre la obligación de Chile de negociar un acceso al océano Pacífico.

Se rechazaron, según la Corte, los ocho argumentos jurídicos que Bolivia presentó en sus escritos (memoria y réplica) y en las audiencias orales de marzo de este año: 1. Acuerdos bilaterales; 2. Declaraciones y otros actos unilaterales; 3. Aquiescencia; 4. Estoppel; 5. Expectativas legítimas; 6. Párrafo tres del artículo dos de la Carta de las Naciones Unidas, artículo tres de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA); 7. Las resoluciones de la Asamblea General de la OEA; y 8. Alcance jurídico de los instrumentos de los actos y elementos de conducta considerados de manera cumulativa.

El detalle es el siguiente: 

1. Acuerdos bilaterales
En este campo, Bolivia señaló que hay acuerdos que obligan a Chile a una negociación.

En este sentido, se citaron las tratativas de 1920, las actas de 1950, el Memorándum Trucco de 1960, las negociaciones de Charaña de 1975, el enfoque fresco de 1986 y la agenda de 13 puntos.

Sobre ellos, los jueces de la Corte señalaron, con varios matices, que esas conversaciones no involucran la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico.

En el caso específico de Charaña, cuando se acordó la negociación de un corredor a favor de Bolivia, incluso dijeron que era sólo una declaración política.

2. Declaraciones y otros actos unilaterales
Las declaraciones escritas o verbales que emanan de representantes de los Estados e indiquen una clara intención de aceptar obligaciones con respecto a otro Estado pueden generar efecto jurídico, sin que esto requiera un compromiso recíproco por parte del otro Estado.
En ese sentido, Bolivia presentó cada uno de los hechos vinculados a las tratativas establecidas por más de 100 años. Sin embargo, los juristas que acogieron la versión de Chile apuntaron que sólo era una disposición a prestar oído y, por tanto, concluyeron que las declaraciones se manifestaron en “términos no de una obligación, sino de entablar negociaciones”.

3. Aquiescencia
En el argumento de la aquiescencia, Bolivia citó una declaración del 26 de octubre de 1979 sobre la negociación del acceso soberano al mar y la firma de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, asumido el 27 de noviembre de 1984.

No obstante, para rechazar esta tesis se alegó que Chile, con su silencio, no dio lugar a la creación de la obligación de negociar.

4. Estoppel
Se trata de la manifestación implícita derivada de los propios actos y fue el cuarto argumento boliviano que Chile también rechazó, pues no existiría una afirmación para generar la obligación de negociar.

No obstante, la Corte concluyó que las condiciones esenciales necesarias para el stoppel o impedimento no se cumplieron, y agregó que si bien “se han efectuado afirmaciones repetidas por parte de Chile de su disposición de negociar el acceso soberano al océano Pacífico, esas afirmaciones no enfocan o indican la obligación de negociar”.

5. Expectativas legítimas
Para Bolivia, las declaraciones sucesivas de Chile a lo largo de los años crearon unas expectativas legítimas de recobrar un acceso soberano.

Aunque la CIJ reconoce que algunas sentencias arbitrales recogen este principio, rechazó su extensión al “derecho internacional general” dando lugar “a una obligación sobre la base de lo que podría considerarse una expectativa legítima”.

6. Párrafo tres del artículo dos de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo tres de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
En este campo, el país adujo que existe una obligación general de negociar en el derecho internacional, que se refleja en el artículo dos párrafo tres de la Carta, que señala: “Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas”.

A ello sumó el artículo tres de la carta de la OEA sobre los principios del organismo.

Si bien la CIJ reconoció que las controversias deben resolverse por medios pacíficos, como lo señala la ONU, no obstante advirtió que no “hay ninguna indicación de que las partes en una disputa vayan a recurrir a un método específico de solución como la negociación”.

Y fundamentó su postura en las resoluciones 2625 y la 3710 de la ONU, que instan a la libertad de elección sobre los medios para la solución de las disputas.

7. Las resoluciones de la Asamblea General de la OEA
Sobre las 11 resoluciones que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó sobre la cuestión marítima, que la declaró de interés hemisférico, el tribunal dijo que ninguna de éstas indican que “Chile tenga obligación alguna de negociar el acceso soberano” al océano Pacífico, porque “sólo recomienda a ambos países a que inicien negociaciones” al respecto.

Por tanto, el tribunal dijo que “no puede inferir, a partir del contenido de las resoluciones, que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso al océano Pacífico.

8.- El alcance jurídico de los instrumentos de los actos y elementos de conducta considerados de manera cumulativa.
Sobre este argumento de la continuidad histórica y el efecto acumulativo, los jueces descartaron que como efecto de ello se haya establecido la obligación de negociar un acceso al océano Pacífico, ya que cada uno de forma aislada tampoco lo hizo.

Ya en la parte final, antes de completar la lectura de su veredicto, el presidente de la CIJ recordó que Bolivia “y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones destinados a identificar una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia, tras la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904”, y por ello invocó a los dos países a continuar con las conversaciones.

Los votos
Los 12 jueces que votaron a favor de la sentencia fueron: Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), presidente de la Corte Internacional de Justicia; Hanqin Xue (China), vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia; Peter Tomka (Eslovaquia), Ronny Abraham (Egipto), Mohammed Bennouna (Marruecos), Augusto Cançado Trindade (Brasil), Joan E. Donoghue (Estados Unidos), Giorgio Gaja (Italia), Julia Sebutinde (Uganda), Dalveer Bhandari (India), Kirill Gevorgian (Rusia) y Donald McRae (Canadá) (juez ad hoc de Chile).

En contra votaron los jueces Patrick Lipton Robinson (Jamaica), Nawaf Salam (Líbano) e Ives Daudet (Francia) (juez ad hoc de Bolivia).