El tiempo de paz ya pasó

Germán Ayala Osorio / Alainet

El gobierno de Iván Duque heredó dos asuntos de enorme trascendencia para el país: de un lado, la etapa de implementación del proceso de paz adelantado y firmado entre el gobierno de Santos y las FARC; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  Podemos hablar de dos procesos profundamente delicados, que de no consolidarse por el incumplimiento de lo acordado en el primero y no alcanzar el objetivo esperado del segundo, darían al traste con la ilusión de paz que se construyó en el país después de la firma del Acuerdo Final II en el Teatro Colón de Bogotá.

Hay claras señales de que los dos procesos no van bien como desean los millones de colombianos que, por ejemplo, votaron Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Verlos de manera aislada es un enorme error, a pesar de las diferencias reales que en lo procedimental existen entre los dos modelos de negociación.

La situación hoy de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno es difícil. El proceso está en una especie de limbo y no parece haber un interés genuino  en salvarlo. Basta con leer la Resolución 237 del 18 de septiembre de 2018 —que deja sin poder de negociación al equipo negociador del Gobierno— para entender que de parte de la actual administración habría poco interés de avanzar en las complejas negociaciones adelantadas con ese grupo subversivo, no sólo por la metodología planteada, sino por las acciones desarrolladas por los elenos, como los secuestros de civiles, y los intereses de sectores de poder militar, social, económico y político de mantener la presencia física de un enemigo interno para justificar, entre otros asuntos, el no cumplimiento o el cumplimiento a medias de lo acordado en Cuba.

Expondré varios hechos y circunstancias que bien podrían condensarse en una hipótesis que explicaría lo que está pasando con los diálogos con el ELN y que podría, esa misma hipótesis, señalar algunos escenarios de inmediato futuro para la consolidación o no de la paz en Colombia.

En primer lugar, hay que señalar que el gobierno de Duque no ha expresado un interés mayúsculo en consolidar escenarios para una paz estable y duradera. Es decir, no es ésa su prioridad. Por el contrario, sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de implementación del acuerdo con las FARC y de congelar los diálogos de paz con el ELN, hasta que “suceda algo inaceptable” para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.

En segundo lugar, al acompañar la política contra las drogas de los Estados Unidos, el presidente Iván Duque Márquez golpea de manera directa el programa de restitución voluntaria de cultivos de uso ilícito firmado en La Habana. 

En tercer lugar, el largo proceso de negociación y los costos económicos y políticos que viene dejando el proceso con las FARC son presentados por el actual Gobierno como un problema de sostenibilidad fiscal, lo que claramente abre la posibilidad para que mucho de lo acordado en La Habana, en materia de programas y acciones por ejecutarse en el sector rural, esté hoy desfinanciado. 

En cuarto lugar, queda la sensación de que al desmovilizar a las FARC y ser el ELN un grupo militarmente menor, no vale la pena insistir en firmar la paz con los elenos, por cuanto su presencia territorial y sus dinámicas de guerra no alcanzan a poner en aprietos al país, tal y como en su momento las FARC sí lo lograron, sin que ello quiera decir que el régimen se puso en riesgo. 

En quinto lugar, los empresarios del campo podrán estar viendo como un peligro el florecimiento de proyectos productivos desarrollados por los excombatientes de las FARC y, más aún, les podría generar miedo el cumplimiento de lo acordado en materia de restitución de tierras.

En sexto lugar, los cientos de miles de asesinatos de líderes sociales, ambientales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, y el ya casi centenar de excombatientes de las FARC acribillados, no generan confianza en los miembros del Comando Central del ELN y en la base de esa misma guerrilla. 

En séptimo lugar, la presencia paramilitar es un fuerte incentivo para mantener la lucha armada por parte de la guerrilla, por cuanto sus comandantes reconocen que los grupos paramilitares están articulados a los intereses de ganaderos, latifundistas y empresarios del campo y amigos de la gran plantación (agrocombustibles). 

Y en octavo lugar, es evidente el poco interés que hay en agentes de la sociedad civil para dar vida a la Mesa Social y discutir allí las reformas que el país necesita para avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera.