Robinson: Chile tiene la obligación jurídica de dar una solución

Foto: CIJ
El juez Patrick Robinson considera que Chile asumió la obligación de solucionar la demanda boliviana.

F. D. C.  

El jamaiquino Patrick Lipton Robinson, de 74 años, es uno de los tres jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que votó a favor de Bolivia.
Robinson, después de un exhaustivo análisis de la documentación presentada por las partes, concluyó que “Chile tiene una obligación jurídica de negociar directamente con Bolivia para encontrar una fórmula o solución que le permita a Bolivia tener acceso soberano al océano Pacífico”.
Mencionó que dicha obligación se deriva de acuerdos específicos: el Memorándum Trucco de 1961 y la respuesta de Bolivia del 9 de febrero de 1962, así como las declaraciones conjuntas de Charaña firmadas en 1975 y 1977.
Para el magistrado, “estos dos conjuntos de instrumentos establecen tratados, dentro del significado de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), que obligan a Chile a negociar el acceso soberano de Bolivia al Pacífico”.
Robinson, al justificar su disidencia, expresó que Chile “siempre había visto el Tratado de 1904 como un instrumento sacrosanto que no estaba abierto a ninguna renegociación o modificación; un memorándum chileno del 9 de septiembre de 1919, redactado por el Ministro Plenipotenciario de Chile en Bolivia, declaró que Chile estaba dispuesto a iniciar negociaciones, independientemente de lo establecido por el Tratado de Paz de 1904, con el objeto de que Bolivia adquiera una salida al mar, con sujeción al resultado del plebiscito previsto por el Tratado de Ancón de 1883”.
Objetivo específico
Robinson resaltó en su fundamentación que “las declaraciones de voluntad de Chile siempre están vinculadas al propósito específico —más a menudo expresado que implícito— de otorgar a Bolivia acceso soberano al océano Pacífico”.
También señaló: “En el pasado, la Corte ha determinado que las actas de una reunión, los dobles intercambios de cartas y un memorándum de entendimiento crean obligaciones jurídicas vinculantes, sin que esa determinación tenga un efecto adverso en la conducción de las relaciones internacionales a través de los intercambios diplomáticos”.
Antecedentes
“Para comprender completamente cómo el Memorándum Trucco y la respuesta de Bolivia constituyen un tratado entre Chile y Bolivia, es necesario examinar las notas diplomáticas de 1950 intercambiadas entre los dos países y los antecedentes de éstas”, apuntó el juez.
El material presentado a la Corte, dijo Robinson, muestra que en el período de 1910 a 1950 hubo varios intercambios diplomáticos entre Chile y Bolivia relacionados con la cuestión del acceso de Bolivia al Pacífico: el Memorándum de Bolivia del 22 de abril de 1910 a Chile y Perú, el Acta de 1920 de una Reunión entre el Enviado Extraordinario de Chile y el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, ciertos intercambios posteriores al Acta de 1920, la Propuesta de Kellogg de 1926 y el Memorándum Matte, el Tratado de Lima de 1929 y su Protocolo Complementario entre Chile y Perú.
“En mi opinión, no existe una diferencia significativa entre ‘está abierto formalmente a iniciar una negociación directa’ y ‘está dispuesto a entrar formalmente en una negociación directa’ (...) Por lo tanto, se puede ver que ambas traducciones indican la disposición de Chile de entrar formalmente en una negociación directa”, argumentó.
Para el juez de la Corte, el uso del término “negociaciones directas” indica que “las partes no tenían la intención de tener una intervención de terceros en las negociaciones. El trasfondo de este tema es que Chile siempre se mostró reacio a que el asunto del acceso soberano de Bolivia al Pacífico sea tratado por los organismos internacionales o la OEA regional”. Alude a las 11 resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).