La nacionalización de la minería

 

* Gonzalo Trigoso agudo
La nacionalización es un acto político-jurídico estatal para recuperar  recursos y bienes de unidades económicas extranjeras o nacionales, pudiendo producirse por reversión, expropiación, incautación, confiscación, etc. Depende de las condiciones históricas y de la correlación de fuerzas sociales e internacionales.

DE LA LIBRE EXPORTACIÓN DE MINERALES A LA NACIONALIZACIÓN

La minería capitalista de la plata se desarrolló con grandes potentados como Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Narciso Campero, Mariano Baptista, Severo Fernández Alonso y Félix Avelino Aramayo. Bolivia fue incorporada al mercado mundial.

La caída del precio internacional de la plata ocasionó la reducción de la minería; empero, a inicios de 1900 el estaño se convirtió en el mineral estratégico mundial. Comenzó la época de la minería del estaño. Pronto se consolidaron tres grandes grupos mineros, pertenecientes a Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild (barones del estaño), que por su poder económico y político se convirtieron en un “súper Estado” que definía lo que se debía hacer en Bolivia.

La construcción del discurso de nacionalización de las minas comenzó en 1920 con el Partido Socialista Obrero.

Tristán Marof, en 1926, lanzó la consigna de “tierras al pueblo y minas al Estado”, luego y al influjo de José Carlos Mariátegui la fórmula de la revolución sería “tierras al indio y minas al Estado”. Filemón Escóbar dijo que la revolución nacional de 1952 fue producto de esa fórmula, pero la concreción de la nacionalización obedece a aspectos particulares históricos que la condicionaron hasta su singular realización.

Después de la debacle de la Guerra del Chaco (1932-1935), los partidos políticos repartieron minas al Estado y tierras al indio, pero cada cual conforme su extracción de clase y posición ideológica.

La quiebra del Estado de la rosca implicaba resolver el problema de la tierra y de la minería; el discurso de nacionalización se fue transformando conforme las condiciones históricas, concretizándose poco a poco.

Durante el gobierno de David Toro (1936-1937) se creó el Ministerio de Minas y Petróleo, se revirtieron los bienes y concesiones de la transnacional Standard Oil y se fundó YPFB. 

Con el gobierno de Germán Busch (1937-1939), la Constitución Social de 1938 dispuso que son del dominio originario del Estado las sustancias minerales y sus riquezas naturales;  con el Decreto Supremo de 7 de junio de 1939 estableció el encaje legal a los barones del estaño en el Banco Central de Bolivia del 100% de divisas, provenientes de las exportaciones de los minerales, además creó el Banco Minero de Bolivia.

Después de la masacre minera de Catavi el 21 de diciembre de 1942, se produjo el despertar de la conciencia del proletariado minero.

Luego del golpe de Villarroel con el MNR y Radepa se fundaron sindicatos mineros y la Federación de Mineros (FSTMB), obteniendo los trabajadores varias conquistas y derechos sociales. Como antecedente de nacionalización se debe tomar en cuenta que la Empresa Minera Santa Fe, del alemán Gustavo Eickemberg, fue expropiada e intervenida por el Banco Minero, como parte de las actividades antinazis pactadas con los EEUU, conforme a los decretos de 1944 elevados a rango de ley el 28 de diciembre de 1944. 

Empero, la situación política cambió con el colgamiento de Villarroel el 21 de julio de 1946.

La irrupción del proletariado en el escenario político generó una nueva correlación de fuerzas, al articularse con los sectores de vanguardia de clase media en su lucha contra la rosca, a pesar de sus distintas estrategias.

Como respuesta al colgamiento de Villarroel, la Federación de Mineros en su Primer Congreso Extraordinario de Pulacayo, el 8 de noviembre de 1946, aprobó su Tesis Política, convocando a la lucha contra la rosca y a la ocupación de las minas. Para ese momento el ideario político de los mineros se movía entre la toma del poder y la inmediata estatización de las minas o su nacionalización  conforme al capitalismo de Estado.

LA REVOLUCIÓN DEL 52

El MNR inició la revolución el 9 de abril como un golpe con apoyo popular; ante la indefinición de la situación, el día 10 las masas se incorporaron al combate con fuerte componente fabril y minero en La Paz, Oruro y Potosí. El día 11 en la mañana los combatientes “limpiaron” los pocos puntos de resistencia del ejército de la rosa, cuyo grueso se rindió en Laja, a 20 km de La Paz. La insurrección triunfó. Hacia el mediodía en Palacio Quemado se reúnen los combatientes. Posesionan a Hernán Siles como presidente, luego designan a los ministros de acuerdo con la participación de los sectores en la insurrección, v.g. el coronel de policía César Aliaga al Ministerio de Gobierno, el fabril Germán Butrón al Ministerio del Trabajo, el minero Mario Torres al Ministerio de Minas y Petróleo, etc. Juan Lechín presentó un proyecto de decreto de nacionalización de las minas redactado a mano, que encargó minutos antes a Luis Peñaloza. El coronel Aliaga objetó que no buscan el socialismo, siendo apoyado por otros dirigentes del MNR. Se entabló una áspera discusión. Lechín y Aliaga se amenazan con salir a las calles y continuar la lucha entre las dos facciones revolucionarias. Pero ante la situación, Hernán Siles presenta su renuncia a la Presidencia, indicando que en las elecciones de mayo de 1951 Víctor Paz fue electo presidente, por tanto debía asumir el cargo y resolver el tema de la nacionalización de las minas.

LA CLASE Y LA NACIONALIZACIÓN

El pueblo movilizado se impuso en la revolución del 9 de abril de 1952 y sus grandes medidas serían la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, etc. El pueblo armado constituía las milicias de la COB y tenían el control de la violencia legítima; en el campo se produjo el levantamiento de los pongos y el reparto negro de la tierra. La correlación de fuerzas se había definido.

El Gobierno dictó el Decreto Supremo 3059 de 13 de mayo de 1952, creando una comisión para el estudio y preparación de un plan completo para la nacionalización. El 2 de octubre, por Decreto Supremo 3196, creó la Corporación Minera de Bolivia. Y el 31 de octubre, por Decreto Supremo 3223, procedió a nacionalizar los tres grupos mineros de los barones del estaño, encomendando su administración a Comibol; estableció el control obrero con derecho a veto, el pago indemnizatorio por expropiación y reconoció la antigüedad y beneficios sociales de sus trabajadores. Ese 31 de octubre al mediodía, mientras en Catavi el presidente Paz firmaba el decreto de nacionalización rodeado de decenas de miles de mineros, en Palacio Quemado se realizaba otra ceremonia con el cambio de guardia, que en ese tiempo estaba constituida por milicias de mineros y campesinos; por si acaso, el avión a Catavi sufría un accidente, el Presidente dejó firmado otro ejemplar del decreto de nacionalización.

En los hechos, en abril de 1952 se produjo el cogobierno entre el MNR y la COB, como fuerzas distintas, o según Zabaleta Mercado, como cogobierno entre la derecha y la izquierda del MNR. Esta situación política se munía de una base material con la nacionalización de las minas. Por fin Bolivia recuperaba sus minas, a pesar de que el proyecto de nacionalización fue consultado y modificado por la embajada norteamericana, pero como señala Sergio Almaraz, la presencia del proletariado minero constituía la clave de su carácter revolucionario.

COGESTIÓN OBRERA

El MNR se alejó de los trabajadores y neutralizó la nacionalización. A principios de 1960 se aplicó el Plan Triangular por el que los EEUU, república Federal Alemana y el Banco Interamericano de Desarrollo asumieron el control de la Comibol y la redimensionaron con el consiguiente despido de trabajadores, reducción de salarios, ataques militares a los campamentos mineros y persecución de dirigentes sindicales.

Desde noviembre de 1964, con los gobiernos militares de Barrientos y Ovando, la situación de las minas empeoró. En octubre de 1970 asumió el poder el general J.J. Torres con un gobierno popular y antiimperialista. El 30 de abril de 1971, como homenaje al Día del Trabajo, por Decreto Ley 09699 se revirtió la mina Matilde al patrimonio estatal. El 22 de junio de 1971 se inauguró la Asamblea del Pueblo, como primer soviet de América y aprobó: (i) organizar milicias, huelga y movilización contra un posible golpe militar, (ii) sobre la cogestión minera, coparticipar con la elección de los gerentes por los trabajadores con control obrero colectivo, y (iii) consolidar la autonomía universitaria bajo hegemonía proletaria.

Torres ofreció el cogobierno a la COB, que aceptó con la condición del 50% de los ministerios, lo que fue rechazado por el 
Presidente. El golpe del coronel Banzer-MNR-FSB impidió la profundización de este proceso revolucionario.

COGESTIÓN MAYORITARIA

Once años transcurrieron de gobiernos militares fascistas con breves intervalos de gobiernos civiles. El 10 de octubre de 1982, el pueblo —que se había movilizado contra las dictaduras militares y sus partidos políticos— impuso la democracia en Bolivia con el gobierno de la UDP con Hernán Siles como presidente. Esta coyuntura democrática fue fruto de la lucha que costó miles de trabajadores masacrados, torturados, apresados, confinados, exilados, perseguidos, desaparecidos, etc. por la derecha cavernaria. Se buscó la profundización de la coyuntural democracia (fugaz) y su transformación en un proceso democrático de largo aliento. Razón por la que el pueblo se organizó en la COB para la defensa contra el probable golpe fascista y para mover al Gobierno a posiciones de vanguardia en cuanto a medidas que beneficien a las grandes mayorías nacionales.

Parte de ese constructo teórico fue la propuesta de los trabajadores para cogestionar Comibol y luego las demás empresas estatales. En marzo de 1983, la Federación de Mineros exigió la cogestión obrera en Comibol y el control obrero en la minería privada. Siles la rechazó.

Los mineros respondieron con la cogestión obrera mayoritaria. La Federación de Mineros, ante el estancamiento de las negociaciones, impuso de hecho la cogestión mayoritaria, como contramedida a una huelga de los técnicos de la empresa, interviniendo la empresa y nombrando un consejo de administración sindical para dirigirla provisionalmente. El Gobierno cedió y dictó el Decreto Supremo 19803 de 23 de septiembre, que estableció la cogestión obrero-estatal en la administración de la Comibol.

La profunda crisis económica (hiperinflación y devaluación monetaria), más la burocracia en los ministerios que frenaron la compra de maquinaria, herramientas, insumos, etc., hizo que la experiencia minera en la administración no tuviera los efectos deseados.

NEOLIBERALISMO Y PRIVATIZACIÓN

Con el ascenso del neoliberalismo al poder en agosto de 1985 (Decreto Supremo 21060) se produjo el fin de la cogestión y el cierre de la mayoría de las empresas mineras, y la privatización del resto.

Arturo Crespo maneja las siguientes cifras: personal de trabajadores mineros al 31 de agosto de 1985: 30.174. Personal retirado: 24.755. Total de trabajadores en enero de 1989: 5.419. Nuevos trabajadores contratados: 361. Total final: 5.780.

NACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PROCESO DE CAMBIO

Producida la ‘guerra del agua’ en abril de 2000 y triunfante el pueblo frente al neoliberalismo, se asumió conciencia de que era posible recuperar los recursos naturales. Los trabajadores del distrito minero de Huanuni iniciaron su lucha y lograron que se apruebe la Ley 2400, por la cual la Comibol reasumió el control de sus empresas y recuperó parte del patrimonio estatal.

Hubo que esperar a la posesión en 2006 del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para reorganizar la Comibol y la minería boliviana. El 31 de octubre se dictó el Decreto Supremo 28901, que revierte el distrito minero de Huanuni (Posokoni). El 7 de febrero de 2007, por Decreto Supremo 29026, se revierte el complejo metalúrgico Vinto. El 20 de junio de 2012 se revirtió Colquiri por Decreto Supremo 1264. Lo propio respecto a las reservas fiscales y todas las actividades mineras con la Ley 403 de Minería de 18 de septiembre de 2013.

En estos últimos años se han reactivado minas y empresas como Corocoro, Eucaliptus, etc.; se ha ingresado a la metalurgia con el Mutún, a la producción de litio en el salar de Uyuni, etc. 

Desde 2006 el Directorio de la Comibol cuenta con la presencia de directores obreros designados por la Federación de Mineros en congresos o ampliados del sector. La participación proletaria en la toma de decisiones de los distintos asuntos de la empresa es protagónica.

CONCLUSIÓN

El rol del proletariado minero en la nacionalización de las minas es central, debido a su papel vigilante de los recursos naturales. Es posible que la nacionalización en algunos casos tenga sólo un carácter simbólico o que esté desnaturalizada en su esencia por el carácter de clase del gobierno que la ejecuta. Pero aun así,  el hecho de su existencia y de la presencia de los obreros es ya un hito en la historia social boliviana. Otro elemento importante para tomar en cuenta es que la nacionalización de las minas tiende a profundizarse cuando existen gobiernos populares y antiimperialistas que interactúan con los trabajadores mineros, constituyendo una alianza estratégica para el desarrollo nacional.

Al contrario, cuando los gobiernos están digitados por intereses extranjeros o están al servicio de dictaduras militares o neoliberales, la nacionalización tiende a desaparecer con el cierre o privatización de las minas, el despido de trabajadores, la disminución de los derechos y conquistas sociales y la persecución de dirigentes.